La utilización de Malvinas como caballo de Troya
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso pone de manifiesto la impostura con la que el presidente Javier Milei aborda la cuestión Malvinas cuando invoca la defensa de nuestros derechos soberanos para encubrir el verdadero propósito de la iniciativa que no es otra cosa más que avanzar en la agenda hemisférica de securitización impulsada por Estados Unidos.
En primer lugar, el proyecto expresa la contradicción de proclamar la defensa de la soberanía mientras se sostiene una política exterior que reduce la autonomía del país y debilita las condiciones necesarias para ejercerla.
El alineamiento automático con Estados Unidos e Israel vulneró la tradición diplomática argentina basada en el derecho internacional, el multilateralismo y taila construcción de consensos para sostener el reclamo soberano. Esta política erosiona vínculos estratégicos fundamentales para la posición argentina sobre Malvinas, como quedó demostrado con el voto argentino, junto con Estados Unidos e Israel, contra la Resolución 80/250 de la AGNU, que declara a la esclavitud como crimen de lesa humanidad y cuya votación tensionó la relación con países africanos y caribeños que históricamente acompañaron nuestro reclamo, así como en el deterioro del vínculo con Brasil, nuestro principal socio regional y un actor clave para la construcción de consensos en torno a la cuestión.
La presencia británica en el Atlántico Sur, la explotación ilegítima de recursos y su proyección hacia la Antártida comprometen intereses regionales y hacen necesaria la integración para fortalecer la posición argentina. Por el contrario, Milei adhiere a la política de securitización hemisférica impulsada por EEUU, que profundiza la fragmentación regional y subordina las prioridades estratégicas de nuestros países a una agenda definida desde Washington. Justamente esta adhesión constituye una de las claves que revela el verdadero propósito del proyecto.
Resulta elocuente que el Presidente pretenda erigirse como defensor de la soberanía sin que haya una política destinada a superar la fragmentación territorial del país, integrar la Argentina fluvial y marítima y avanzar en proyectos estratégicos como el Canal Magdalena, y que articule el territorio continental con Tierra del Fuego y el Atlántico Sur, espacio en el que Malvinas ocupa un lugar central tanto por sus recursos, como por su proyección hacia la Antártida, demostrando que el proceso de malvinización es inseparable del de antartidización.
Sin embargo, la mayor inconsistencia entre el interés del gobierno por la soberanía y sus políticas se encuentra en su modelo de desarrollo. En un contexto de revolución tecnológica que incrementa el valor de la energía, los minerales críticos, los alimentos, el agua y el territorio, una economía orientada a exportar recursos sin valor agregado y que debilita las capacidades industriales, científicas y tecnológicas nos condena a una inserción periférica y de enclave que resigna nuestra participación en los eslabones de mayor valor de las cadenas de producción global, cuando ejercer la soberanía supone controlar esos recursos, decidir sobre su aprovechamiento, desarrollar tecnologías para transformarlos y apropiarse del valor generado.
El contenido del proyecto presenta inconsistencias allí donde pretende ser fuerte. Mientras proclama un endurecimiento sancionatorio contra las empresas que vulneren nuestros derechos soberanos en Malvinas, introduce importantes líneas de fuga fundamentalmente a través del régimen de desistimiento y regularización, que permite a quienes realizaron actividades prohibidas suspender los procedimientos sancionatorios y regularizar su situación mediante multas o compromisos de inversión que extinguen incluso la acción penal. El supuesto endurecimiento permite que los que infrinjan nuestra soberanía puedan eludir las consecuencias definitivas
Pero el principal problema es la profunda transformación de la arquitectura institucional argentina que Milei pretende introducir invocando la soberanía y utilizando la causa Malvinas como legitimación. El Gobierno introdujo en el Congreso un verdadero caballo de Troya, un Consejo de Seguridad Nacional que, con el presidente a la cabeza, reúne bajo una misma estructura funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa e inteligencia y establece una Política de Seguridad Nacional transversal y obligatoria para todo el Estado.
Esta concentración de funciones se combina con una definición peligrosamente amplia de la Seguridad Nacional, que incluye la preservación de la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal y habilita que cuestiones de naturaleza política o social queden comprendidas bajo esa lógica.
El principal riesgo del proyecto radica en el desdibujamiento de las fronteras entre Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia, cuya separación constituye uno de los pilares de la democracia argentina desde su recuperación para impedir que las capacidades estatales destinadas a enfrentar amenazas externas vuelvan a ser utilizadas contra el pueblo.
La iniciativa avanza precisamente sobre ese límite cuando amplía las amenazas comprendidas por el sistema de Defensa, incorpora actores no estatales y amenazas no cinéticas y subordina la Política de Inteligencia Nacional a los lineamientos de Seguridad Nacional.
Esta orientación está directamente vinculada a la adhesión argentina al Escudo de las Américas, expresión de la securitización hemisférica impulsada por EE.UU., que articula la cooperación militar, policial y de inteligencia bajo el pretexto del combate al narcotráfico y al denominado narcoterrorismo. Este proyecto busca trasladar esa lógica al plano interno, ampliando la intervención de las Fuerzas Armadas sobre problemáticas que son competencia de Seguridad.
A ello se suma el bloqueo de activos y la inmovilización de fondos a partir de categorías amplias como “amenaza” o “interferencia”, figuras vinculadas con la influencia extranjera y la desinformación que avanzan contra la libertad de expresión y de prensa, y la inscripción de personas y organizaciones en el RePET sólo por mediar la sospecha, con intervención de la SIDE y sin necesidad de una acción penal previa, poniendo en riesgo el debido proceso, la presunción de inocencia y el control judicial efectivo.
En este marco, los legisladores nacionales tenemos la responsabilidad de impedir que este proyecto se convierta en ley sin una modificación sustancial, porque tal como está redactado representa un grave riesgo para nuestra democracia.
Ante todo, debemos tener presente que se trata de una iniciativa que no puede analizarse por fuera de la agenda injerencista que EE.UU. impulsa sobre América Latina, a la que el gobierno de Milei ha adherido explícitamente y cuya lógica pretende trasladar al ordenamiento interno. Esto resulta especialmente grave en un escenario de creciente conflictividad social, porque amplía peligrosamente las herramientas represivas del Estado con el objetivo de disciplinar la creciente conflictividad social que provoca el fracaso de la política económica de este gobierno. Allí radica la mayor contradicción de un proyecto que se presenta en nombre de la soberanía, pero termina fortaleciendo los instrumentos para actuar sobre el propio pueblo, cuando defender nuestros derechos sobre Malvinas exige exactamente lo contrario, porque implica ampliar nuestra autonomía, fortalecer la integración regional y el desarrollo nacional y preservar las garantías democráticas frente a cualquier intento de disciplinamiento interno que atente contra ellas.
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