Malvinas: el Gobierno defendió el pedido de arbitraje por las islas tras la convocatoria del Reino Unido a la embajadora argentina en Londres

El Gobierno argentino defendió este jueves la decisión de iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, luego que el gobierno británico convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para plantear que la medida constituye un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas.

A través de un comunicado, el Gobierno recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a la Argentina y el Reino Unido a "proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa", mientras que "la Resolución 31/49 instó a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras dicho proceso siguiera abierto".

"La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo. La Argentina ha planteado esta cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y, ante la persistente negativa británica a negociar, ahora lo hace por las vías jurídicas que la propia Convención prevé", subrayó la Cancillería argentina, cuyo comunicado fue compartido por el canciller Pablo Quirno en su perfil de la red social X.

Además, el Gobierno rechazó la "manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas".

"Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio. La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son Partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias", sentenció.

En ese marco, el gobierno de Javier Milei arremetió: "Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados".

"La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, continuaremos defendiendo nuestros derechos por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional", sentenció.

El comunicado de la Cancillería argentina llegó al día siguiente de que la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la decisión argentina de recurrir al mecanismo de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés) constituye un nuevo intento de "socavar los derechos y los medios de vida" de los habitantes de las islas.

Además, hizo saber que convocaron a la embajadora Mariana Plaza para entregar la nota. "Dejamos en claro a la Embajadora que los esfuerzos para obstruir la actividad económica legal en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo. Tal comportamiento plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", indicó Kumaran.

The Falkland Islands are British. We will always defend the Falkland Islanders' right to self-determination. Read the United Kingdom's response to Argentina's latest attempt to undermine the rights of Falkland Islanders below. pic.twitter.com/dwobfm98o4

En tanto, la reacción británica llegó después de que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención del Mar, con el objetivo explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Ahí operan, en principio, la empresa israelí Navitas Petroleum, y la británica Rockhopper Exploration, que se preparan para estar extrayendo petróleo por primera vez en 2028.

Milei amenazó el pasado lunes al Reino Unido con ir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar si en dos semanas las empresas que operan en las islas no cesaban sus actividades, una medida que muchos académicos reclamaban desde hace tiempo, pero cuya eficacia, al igual que las sanciones, es debatible.

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