Malvinas: el Gobierno argentino rechazó las acusaciones del Reino Unido
El Gobierno argentino rechazó de manera categórica las acusaciones del Reino Unido sobre su decisión de recurrir al arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Lo hizo mediante un comunicado oficial de la Cancillería, en el que defendió la vía judicial como la forma más responsable de resolver diferencias entre Estados.
El texto es la respuesta directa a Londres, que había caracterizado el movimiento argentino como un intento de "socavar" derechos ajenos. "Nada más alejado de la realidad", sostuvo la Cancillería, y agregó que "someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado".
El Gobierno recordó que ambos países son Estados Partes de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los procedimientos obligatorios de su Parte XV. "Se trata de una obligación convencional", subrayó. Según el comunicado, así actúan los Estados comprometidos con el estado de derecho: "no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente".
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La Cancillería fue más lejos y cuestionó la postura británica. Afirmó que un Estado que reclama para sí los derechos de la Convención pero trata sus mecanismos de solución de controversias como una afrenta "no está honrando la Convención", sino que intenta imponer su interpretación "—en este caso, infundada—" como una verdad absoluta.
El comunicado también contestó a la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien afirmó que las actividades hidrocarburíferas británicas en el área se desarrollan "en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR". Para el Gobierno, ese argumento se vuelve en contra de quien lo formula: "Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal".
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La Argentina expresó su "plena confianza" en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, a los que atribuyó la capacidad de resolver el caso "con independencia". Remarcó que serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada parte.
La Cancillería invocó además antecedentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recordó que la Resolución 2065 invitó a ambos Gobiernos a "proseguir sin demora las negociaciones" para hallar una solución pacífica, y que la Resolución 31/49 les pidió abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso siguiera abierto.
En ese marco, el Gobierno sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa "constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo". Aseguró que planteó la cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y que, ante "la persistente negativa británica a negociar", ahora lo hace "por las vías jurídicas que la propia Convención prevé".
El comunicado rechazó la "manipulación" del principio de libre determinación que, según Buenos Aires, el Reino Unido pretende imponer y que la ONU no aplicó a los actuales habitantes de las islas. Aun así, el Gobierno aclaró que su compromiso con el respeto del modo de vida de los isleños, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, "no está en discusión".
Sobre la insinuación británica de que recurrir a este procedimiento afecta la confiabilidad argentina como socio, la respuesta fue directa. "La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos", sostuvo. Y cerró el razonamiento con una pregunta retórica: "Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados".
Pese al tono firme, el Gobierno reafirmó su "permanente disposición" a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, concluyó, continuará defendiendo sus derechos "por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional".
El comunicado llega en medio de una escalada diplomática. Kumaran convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, y acusó al Gobierno de Javier Milei de intentar socavar los medios de vida de los isleños. El detonante fue la instrucción presidencial al equipo jurídico de usar el arbitraje de la CONVEMAR para bloquear el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
Sea Lion es operado por un consorcio británico-israelí a unos 220 kilómetros de las islas y, según el mismo medio, proyecta unos 2.000 millones de dólares en regalías a partir de 2028. En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una cautelar que ordena a las petroleras frenar cualquier obra vinculada a la extracción de crudo.
La tensión también tuvo un capítulo militar. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, advirtió en una entrevista con The Sun on Sunday que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para defender el archipiélago: "Esto no es 1982". En el plano interno, el oficialismo intentó avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las multas para las empresas que operen sin permiso en el mar argentino. Pero el debate en comisión quedó eclipsado por el cruce político tras un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
