A 30 años de la Constitución de la Ciudad

Este año se cumplen tres décadas de un hito histórico que redefinió para siempre nuestra identidad política, social y cultural: la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para quienes tuvimos el honor y la responsabilidad de ser convencionales constituyentes en aquel inolvidable 1996, evocar esos meses de debates intensos no es un mero ejercicio de nostalgia.

Es, fundamentalmente, una urgencia ética para confrontar el texto de vanguardia que diseñamos con la cruda realidad cotidiana de nuestra querida Ciudad, sopesando con honestidad intelectual tanto los logros alcanzados como las profundas deudas institucionales.

Aquella Convención Constituyente fue un verdadero faro de pluralismo y democracia participativa. Logramos plasmar una carta magna con un profundo sentido de ampliación de derechos, con una mirada feminista, ecologista, inclusiva y con un espíritu radicalmente asambleario. No queríamos una autonomía cosmética o puramente administrativa; aspirábamos a una democracia real donde las y los vecinos fueran protagonistas activos del destino de sus barrios.

Sin embargo, a 30 años de aquel grito de autonomía, el balance nos obliga a encender estridentes alarmas. Si bien se han consolidado ciertas estructuras normativas básicas, la sustancia de muchas de las promesas de nuestra Constitución sigue sufriendo sistemáticos retrocesos debido a visiones mercantilistas de la gestión pública que transforman el suelo en mercancía y los derechos colectivos en negocios privados.

Uno de los mayores orgullos de nuestra labor constituyente fue consagrar, mucho antes de que se legislara a nivel nacional, las bases de la democracia paritaria. A lo largo de estas tres décadas, he insistido de manera sistemática en que la paridad no es una simple "cuota de género" o un mecanismo numérico de distribución de cargos; es una refundación del contrato social y un requisito de legitimidad de la democracia misma.

El artículo 36 de nuestra Constitución fue una pieza de vanguardia internacional. Establecimos explícitamente que la Ciudad “garantiza en el ámbito público y promueve en privado la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos”.

La paridad de género en el Código electoral de la Ciudad fue un paso crucial que garantizó la composición equitativa de la Legislatura y de las Juntas Comunales. Asimismo, el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales, los protocolos contra las violencias y los presupuestos con perspectiva de género (al menos en su formulación teórica) son líneas de largada institucionales impensadas con anterioridad.

Sin embargo, el gran déficit radica en pasar de lo formal a la paridad sustantiva. El acceso a los máximos lugares de decisión real sigue estando fuertemente masculinizado. La herida más flagrante a nuestra autonomía y a la representatividad paritaria es que, en estos 30 años de historia constitucional, nunca hubo una Jefa de Gobierno mujer electa por el voto popular.

Normativamente, contamos con una legislación de vanguardia en evaluación de impacto ambiental y también lo fue la ley de basura cero"

El sillón de la Jefatura de Gobierno ha sido un coto reservado exclusivamente para los varones del poder centralizado. Para romper definitivamente este techo de cristal, la Ciudad no solo necesita una alternancia de género; necesitamos una Jefa de Gobierno mujer y decididamente feminista, capaz de desmontar las estructuras patriarcales de la administración, priorizar la agenda de la igualdad real y gobernar con los ojos puestos en las necesidades de las mayorías.

La paridad política es una ficción si no se acompaña de una paridad económica y de un acceso real a las máximas magistraturas. Sigue pendiente la creación de un Sistema Integral de Cuidados y hay muchas falencias en la infraestructura de cuidados.

Debemos analizar de manera genérica el mandato constitucional sobre la igualdad real de oportunidades y de trato, un principio transversal que pretendía erradicar las asimetrías estructurales de nuestra comunidad. Como paso inicial fundante, la Ciudad avanzó de forma significativa en la institucionalización de este precepto a través de la creación de nuevos organismos, planes de igualdad y normativas pioneras de protección contra la discriminación.

Estas nuevas instituciones nacieron con la vocación de transversalizar la equidad.

Sin embargo, al examinar críticamente el presente, nos topamos con la construcción de peligrosas ficciones institucionales. La igualdad de trato se vuelve una declaración abstracta cuando las brechas salariales de género persisten, la precarización laboral afecta mayoritariamente a las jefas de hogar y los recursos públicos se asignan con criterios de marketing y no de equidad socioeconómica.

Lo crítico en la agenda actual es que las estructuras formales conviven con una profunda exclusión real. Las respuestas estatales se han burocratizado y fragmentado, dejando vacías de contenido presupuestario a aquellas herramientas pensadas para nivelar la cancha. Romper estas ficciones implica asumir que no habrá igualdad real mientras el código postal y el género sigan determinando el acceso a la salud, a la justicia de cercanía y a una vida digna en Buenos Aires.

El retroceso más violento se palpa y se sufre de forma dramática en el territorio. El texto constitucional es clarísimo respecto a la preservación, recuperación e incremento de los espacios verdes públicos (Artículo 27). Concebimos a Buenos Aires con un derecho pleno a un ambiente sano y sustentable, promoviendo el acceso público e irrestricto a la ribera del Río de la Plata.

La Ciudad ha incorporado tecnologías de gestión ambiental, sistemas de reciclado con inclusión de cooperativas de cartoneros y la declaración de áreas protegidas. Normativamente, contamos con una legislación de vanguardia en evaluación de impacto ambiental y también lo fue la ley de basura cero.

Por el contrario, la flagrante contradicción de estas tres décadas es que, mientras se discursea sobre una "ciudad verde", se ejecuta un feroz extractivismo que opera destruyendo bienes comunes y capturando la renta urbana para un puñado de corporaciones. La entrega de la Costanera Norte y Sur a desarrollos suntuosos, el negocio inmobiliario de Costa Salguero y el Distrito Joven, junto a las modificaciones regresivas al Código Urbanístico, han provocado un ecocidio silencioso. Sigue totalmente pendiente frenar la privatización del suelo público, democratizar el acceso a la vivienda y alcanzar los estándares internacionales mínimos de metros cuadrados de espacio verde real por habitante, especialmente en las comunas del sur.

El texto constitucional es clarísimo respecto a la preservación, recuperación e incremento de los espacios verdes públicos (Artículo 27)"

Los poderes del Estado local jamás asumieron el cambio de paradigma que significa la democracia participativa. Al contrario, se ha configurado una sistemática burla a los mecanismos de participación popular consagrados en la Constitución.

La arquitectura institucional comunal y participativa existe. Se crearon las 15 Comunas, se eligen sus autoridades de manera directa y se realizan de forma regular las Audiencias Públicas obligatorias previstas en los artículos 89 y 90 para leyes de doble lectura. El andamiaje legal formal está plenamente desplegado.

Sin embargo, el vaciamiento político de este andamiaje es absoluto. Las Audiencias Públicas se han transformado en meros simulacros burocráticos no vinculantes. Decenas de miles de vecinas y vecinos expusieron durante días para rechazar la privatización de las costas o la destrucción del patrimonio arquitectónico de barrios como Palermo, Belgrano, Colegiales o Caballito, y el oficialismo de turno ignoró olímpicamente el clamor popular.

Por su parte, las Comunas han sido reducidas a oficinas de atención al público de carácter puramente cosmético, despojadas de su presupuesto propio y subordinadas a una jefatura de gobierno centralizada.

Nuestra Ciudad sufre un proceso de inquilinización estructural y forzada: nos transformarnos en una sociedad segmentada, donde casi el 40% de la población es inquilina y debe destinar la mitad de sus ingresos familiares a pagar alquileres abusivos, bajo condiciones asfixiantes y sin ningún tipo de regulación frente a la especulación inmobiliaria.

La cara más desgarradora de esta crisis de acceso al hábitat es el aumento exponencial de las personas en situación de calle. Es una postal de profunda injusticia ver a miles de familias durmiendo en las recovas, cajeros y plazas de la ciudad más rica del país, mientras a pocas cuadras se erigen decenas de miles de metros cuadrados en torres de lujo que permanecen deliberadamente vacías como mera reserva de valor financiero.

Esta deshumanización del espacio urbano se complementa con una asfixiante falta de espacios verdes de cercanía, consolidando una urbe insalubre donde el cemento devora el suelo absorbente. Además, Buenos Aires se ha vuelto una ciudad hostil y expulsiva para las personas con discapacidad y las personas mayores. La falta crónica de accesibilidad universal —desde veredas destruidas, colectivos inaccesibles, hasta la ausencia de rampas y ascensores en la red de subterráneos y edificios públicos— condena al aislamiento a una parte fundamental de nuestra ciudadanía.

El núcleo legal que habilitó este desastre tiene nombre y apellido: los nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación. Ambas normativas, concebidas a espaldas de la gente y a la medida de los desarrolladores inmobiliarios, actúan en tándem destruyendo la morfología e identidad de los barrios residenciales.

Mirando experiencias globales de urbanismo crítico, como las fuertes regulaciones habitacionales e inquilinas que impulsan Nueva York, Berlín, Barcelona, Paris o las vanguardias en movilidad inclusiva del municipalismo europeo, queda claro que otra gestión de lo público es posible.

Frente a la defección del Estado para garantizar las normativas ambientales y participativas, la sociedad civil organizada ha sido la única y verdadera protagonista en la defensa del ambiente y la vida en la Ciudad durante estos años. A través de una movilización constante, de amparos colectivos y de una formidable articulación transversal que unió a asambleas barriales de todas las comunas, se ha logrado frenar, en múltiples ocasiones, el avance depredador del cemento.

Celebrar estos 30 años no puede limitarse a actos protocolares. Debe ser un momento de resistencia colectiva y refundación de prioridades. Los derechos consagrados en la Convención de 1996 no son sugerencias poéticas: son mandatos institucionales obligatorios. A tres décadas de su nacimiento, la Constitución de la Ciudad sigue siendo nuestra bitácora, nuestra trinchera y nuestra herramienta más potente para consolidar, de una vez por todas, el proyecto de una Buenos Aires verde, justa, paritaria y verdaderamente democrática.