Carrió criticó el fallo que dejó vigente la venta de tierras a extranjeros y pidió que Diputados rechace el capítulo en el DNU 70/2023
La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió al fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros y pidió que la Cámara de Diputados rechace el capítulo en el DNU 70.
En diálogo con Infobae al Mediodía, la ex diputada explicó cómo fue la maniobra que permitió al oficialismo reflotar la Ley de Tierras: “Ellos mandan la ley y la pierden en diputados. ¿Cuál es la trampa que pasó en el Senado? Que en eso los aliados tuvieron que ver. En vez de rechazar en el Senado la parte de limitación a las tierras extranjeras, la sacaron del temario. Entonces se cayó. Ahí fueron cómplices los aliados, porque vos tendrías que haberla rechazado”.
Y explicó: “Si hubieran rechazado por diputados y por senadores el capítulo de tierras, esto ya no estaba vigente, pero al sacarla de la discusión, quedó vigente el DNU en ese capítulo de tierras. Lo que tienen que hacer los diputados ahora es sacar el rechazo al DNU en la parte de tierras”.
Carrió detalló la lógica constitucional que, según su lectura, explica por qué el decreto sigue en pie. Si el Poder Ejecutivo convierte una norma de un DNU en un proyecto de ley, la somete al Congreso y esa cámara la rechaza, esa parte del decreto queda derogada de manera implícita. El problema, subrayó, es el camino inverso: cuando una cámara decide no tratar el asunto en lugar de votarlo en contra, el decreto permanece válido. “No hubo rechazo de ambas cámaras”, sintetizó. Esa ausencia de pronunciamiento formal fue, en su análisis, lo que mantuvo vigente el artículo cuestionado.
El fallo que reactivó esta discusión fue dictado este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tribunal revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, en marzo de 2024, había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 —el que elimina las restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos o empresas del exterior— tras un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
Sin embargo, la Corte no se expidió sobre el fondo del asunto. El fallo se limitó a señalar que el CECIM carece de legitimación activa para litigar en este caso: el tribunal sostuvo que la soberanía territorial es una competencia estatal y no un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, por lo que la organización civil no puede representar ese interés ante la Justicia. El propio pronunciamiento aclaró que no implica un juicio sobre la validez constitucional del decreto ni restringe las facultades del Congreso para analizarlo y rechazarlo.
Esa aclaración no frenó la reacción opositora. Según consignó Infobae, líderes de distintos bloques comenzaron a articular una estrategia para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, donde hasta ahora no habían conseguido los votos necesarios. Los decretos de este tipo deben pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y ser rechazados por mayoría simple en ambas cámaras. El Senado ya había votado en ese sentido, pero la Cámara baja no había completado el trámite.
Ante ese escenario, en el Gobierno de Javier Milei evalúan una salida por vía legislativa: incorporar la regulación de la compra de tierras a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y aguarda tratamiento en Diputados. La idea, según fuentes libertarias citadas por este medio, es negociar con los aliados un límite del 15% del territorio rural para las adquisiciones extranjeras. “Creemos que deberíamos abrir la negociación con los aliados sobre ese proyecto. Hay que resolver la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya está en Diputados”, indicó una de esas fuentes El objetivo sería dispersar la presión sobre el decreto y dejar el debate de las tierras dentro de un proyecto propio, con condiciones más favorables para el oficialismo.
Para Carrió, el problema es de otra magnitud. En sus declaraciones, advirtió que lo que está en juego con las restricciones fronterizas es la integridad territorial de la federación. “Vos tenés las provincias en un Estado federal, tenés la nación, poderes de la nación y tenés poderes de la federación. Entonces, vos no podés dar esa libertad”, señaló. En ese marco, citó declaraciones del empresario tecnológico Peter Thiel —quien habría mencionado la intención de realizar “experimentos” con este modelo— y advirtió que el interés externo sobre el territorio argentino no es nuevo: “Lo hicieron en Islas, tienen el modelo, ahora van a tomar la Argentina como experimento”.
Sobre Patricia Bullrich, Carrió fue directa. Recordó que cuando la actual senadora libertaria integró su espacio político, “planteó la nulidad de todos los decretos y habló de la independencia de la justicia”. Reconoció que Bullrich tiene buenas intenciones y vocación de cambio, pero cuestionó sus métodos y su concepción del poder. “Hay personas que nacieron para el poder”, afirmó, y aclaró que entre ambas persisten “enormes diferencias”.