Ley de Tierras: el fallo de la Corte Suprema deja a Javier Milei en una posición incómoda y reabre la discusión sobre el DNU 70
La oposición pidió una sesión especial para derogarlo, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de sostener una norma que fue cuestionada judicialmente desde el inicio de la gestión.
El gobierno de Javier Milei deberá decidir qué hacer luego del fallo de la Corte Suprema.
En las últimas semanas, el presidente Javier Milei construyó buena parte de su discurso alrededor de la defensa de la soberanía nacional. La reivindicación de Malvinas ocupa un lugar central en esa narrativa y el Gobierno incluso llevó esa postura ante la ONU y acaba de instruir a Cancillería para iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Pero ahora, el Presidente enfrenta una paradoja, ya que la decisión de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras volvió a poner el foco en una de las disposiciones más controvertidas del DNU 70/2023 y abrió una discusión que inevitablemente vuelve a pasar por el Congreso.
El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Pero la Corte no falló sobre la constitucionalidad del articulo 154, sino que el argumento central estuvo dirigido a la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata para promover la acción y en la ausencia de un caso judicial concreto.
El efecto es inmediato. La derogación de la ley de Tierras vuelve a quedar vigente y con ella desaparecen los límites que aquella norma establecía para la titularidad extranjera de tierras rurales. La legislación sancionada en 2011 fijaba un máximo del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además de establecer restricciones vinculadas con la concentración por nacionalidad y con determinadas zonas del territorio.
La Corte Suprema revocó el fallo contra la ley de Tierras y dejó vía libre a la venta de campos a extranjeros.
El fallo, entonces, lejos de cerrar la discusión, abrió un nuevo frente para el Gobierno. En ese movimiento aparece nuevamente el Congreso, que tiene pendiente una definición sobre el DNU 70/2023. El Senado rechazó el decreto en 2024, pero para que un DNU quede definitivamente rechazado bajo el régimen de la Ley 26.122 ambas cámaras deben pronunciarse en ese sentido.
El artículo referido a la ley de Tierras fue justamente uno de los componentes del megadecreto que quedó atrapado durante años entre cuestionamientos judiciales y falta de tratamiento parlamentario. La decisión de la Corte vuelve a correr el foco hacia Diputados y plantea una pregunta incómoda para el oficialismo.
El Gobierno enfrentó varias marchas en contra del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
En Unión por la Patria ya comenzaron a moverse. Diputados del bloque se reunieron con representantes del CECIM La Plata y definieron pedir una sesión para la derogación del DNU. El encuentro se produjo además antes del debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Gobierno y que incluye nuevas sanciones para quienes exploten recursos naturales en las zonas bajo reclamo argentino.
La discusión puede terminar conectando dos debates que hasta ahora transitaban por carriles diferentes. Por un lado, el Gobierno busca endurecer las herramientas para proteger los recursos vinculados con Malvinas y ampliar las capacidades del Estado en materia de defensa y seguridad. Por otro, la oposición vuelve a poner sobre la mesa la propiedad de las tierras rurales y la posibilidad de que capitales extranjeros accedan a ellas sin los límites establecidos por la ley de 2011.
Si la oposición decide avanzar sobre el DNU 70/2023, la discusión dejará de ser exclusivamente judicial y volverá al terreno parlamentario. La pregunta será si los bloques opositores buscarán rechazar el decreto en su conjunto, promover modificaciones sobre determinados artículos o concentrar la ofensiva en aquellas disposiciones que consideran incompatibles con el interés nacional. El Gobierno, por su parte, tendría que defender políticamente la vigencia de un DNU que fue judicializado desde su nacimiento y que, en el caso de la ley de Tierras, vuelve a quedar bajo discusión pública justamente cuando el oficialismo intenta instalar una agenda de soberanía.
El problema aparece además en un momento especialmente sensible para la economía doméstica. Mientras Milei desarrolla su agenda en París, con reuniones orientadas a atraer inversiones y actividades de la Argentina Week, la actividad económica registró una caída interanual del 2,9% en julio y el PBI se contrajo 0,6% en el segundo trimestre. A eso se suma el aumento de la pobreza al 32,3% durante el primer semestre de 2026.
En Balcarce 50 hay que quienes consideran que hay un mensaje detrás de la decisión de la Corte. El Gobierno todavía tiene pendiente completar la integración del órgano de Justicia con dos nuevos miembros. Mientras debe resolver quiénes serán los dos jueces que completen el tribunal, la actual integración de tres miembros le está permitiendo avanzar sobre expedientes sensibles sin convertirse en un frente adicional de conflicto.
Director: Gabriel Morini - Propietario: Nefir S.A. - Domicilio: Olleros 3551, CABA - Copyright © 2019 Ambito.com - RNPI En trámite - Issn 1852 9232 - Registro DNDA en trámite - Todos los derechos reservados - Términos y condiciones de uso
