Otros 5 días: la Justicia volvió a intimar al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick amplió los fundamentos de una resolución anterior y intimó con otros cinco días de plazo al Gobierno de Javier Milei para que cumpla la medida cautelar respecto de la actualización salarial de docentes y no docentes, y de becas estudiantiles, que establece la Ley de Financiamiento Universitario.
La nueva decisión del juez fue firmada esta mañana, en respuesta a un pedido de revocatoria que hizo el Gobierno a su intimación del 22 de setiembre. Como en aquella, el juez volvió a apercibir al Estado nacional de que cumpla con la cautelar o aplicará multas diarias (astreintes, en lenguaje judicial).
En su resolución, el juez recordó que la cautelar (de su autoría, de diciembre pasado) quedó firme. Eso sucedió tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que rechazó el último recurso del Gobierno.
El magistrado replicó los argumentos del Gobierno y tras citar la Ley de Financiamiento Universitario, dejó asentado lo obvio: la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes de junio de 2026, fecha en que quedó firme la cautelar, indicó, "resultó ser del 312,19%".
Ante el argumento del Gobierno de que cumple la cautelar, blandiendo el acta paritaria de junio pasado que otorgó 21,3% de aumento más 3% en octubre, el juez habló de "cumplimiento parcial".
Señaló: "No surge... respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste", es decir la inflación de 312,19%.
También señaló que los abogados del Gobierno se apoyan en su planteo " en circunstancias ya analizadas en autos y sus expresiones redundan en argumentaciones rechazadas por éste Tribunal".
La decisión judicial fue recibida como “contundente y fundamentada”, según expresó a Clarín el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. El CIN promovió la demanda judicial el año pasado contra el Estado nacional, por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
Pero la cautelar dictada en diciembre, ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo, y ordenada como de aplicación “inmediata”, por tener carácter alimentario –sueldos, becas-, se encamina a ser la más larga de la historia sin aplicarse. En su momento, el fuero Contencioso Administrativo, en una decisión polémica, suspendió la ejecución de la cautelar aduciendo que el Gobierno había elevado el recurso a la Corte Suprema, y había que esperar.
Desde el fallo de la Corte del 25 de junio, que dejó la cautelar firme al rechazar el recurso del Gobierno, el juez citó a una audiencia, después le dio otros tres días de plazo para que explique, luego intimó a pagar en 5 días, y ahora otra vez renovó la intimación.
La comunidad universitaria estima que ya supera 33% el aumento salarial que se debe depositar para cumplir con la ley (en función del 312,19% de inflación en la era Milei, que señaló el juez).
Todo este capítulo judicial interminable va en paralelo con un nuevo paro universitario, esta vez por 72 horas, que se inició este miércoles en todas las Universidades nacionales.
Por otra parte, hay expectativa de que antes de que en breve el juez Cormick pueda expedirse sobre la cuestión de fondo de la demanda que planteó el CIN, que es la validez y aplicación total de la Ley del Congreso, frente a un decreto de Milei que la promulgó, pero sin aplicarla aduciendo que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento.
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