Caso "Chocolate II": Comenzó el desfile de ex senadores que declaran como testigos de la causa

La Justicia platense busca golpear el andamio para avanzar con el supuesto fraude en el Senado bonaerense que se lo conoce como “Chocolate II”. Esta semana, el fiscal que investiga a una pareja de militantes del radicalismo platense que cobraban el sueldo de 39 personas inscriptas como agentes de la Cámara Alta provincial, citó a 10 ex senadores provinciales que terminaron su mandato el año pasado.

Intenta reconstruir el circuito administrativo de esas designaciones y conocer qué legislador o qué bloque legislativo fue el responsable de esos nombramientos. Es que -igual que ocurrió en la Cámara de Diputados con Julio “Chocolate” Rigau- había personas que cobraban sus sueldos con las tarjetas de débito en cajeros del Bapro.

Los detectaron casi de casualidad, mientras revisaban la actuación de Rigau. El “tarjetero” de diputados se los cruzaba en las cabinas de extracción en las madrugadas de los primeros días de cada mes. El hallazgo en las filmaciones se advirtió a fines de 2023, dos meses después de la detención de Rigau.

Se abrió una investigación paralela sobre esta supuesta irregularidad y lograron identificar a los “saca plata” del Senado: se trata de Hugo Muguerzo y su esposa, Marçia Josefina Ortellano, quienes tenían varios años de antigüedad como agentes de esa repartición, tenían vínculos con dirigentes del radicalismo de La Plata y -en el caso de Muguerzo- tuvo un contrato con la municipalidad de la capital bonaerense en la gestión de Cambiemos (2015/2023).

El fiscal platense Juan Menucci los acusa por asociación ilícita y defraudación al Estado. Aportó pruebas fílmicas del Banco Provincia donde se los ve cuando extraen dinero de cajeros automáticos en La Plata utilizando 39 tarjetas de débito.

En febrero de 2024, luego de ser identificados la pareja se presentó en los tribunales de La Plata de manera voluntaria para “ponerse a derecho y quedar a disposición de la Justicia”. Desde entonces y dentro de las posibilidades procesales, permanecen en libertad. Aunque figuran formalmente como imputados en el expediente que investiga el desvío de fondos, aún no se han concretado sus declaraciones indagatorias. “Si se los indaga comienzan a correr plazos para investigar y la fiscalía necesita tiempo”, es la explicación que plantearon en Tribunales.

Este lunes, declaró ante Menucci, Yamila Alonso (ex senadora Pro, de Junín). Al día siguiente fueron citados Marcelo Daletto (Cambio Federal, actual director del Bapro); Agustín Máspoli (UCR); Erica Revilla (UCR, actual intendenta de General Arenales) y Elisa Carca (CC). “Todos estuvieron entre 10 y 30 minutos. Respondieron las preguntas, fueron colaborativos. Pero no se pudo avanzar en los puntos clave”, reconocieron en el fuero penal platense.

Esa directriz que busca la Justicia permitiría descifrar el diseño de este sistema de recaudación que -se sospecha- se utilizaría para financiar actividades políticas. O enriquecer a dirigentes.

Los interrogantes que Menucci busca responder es a quien “corresponde” cada uno de los agentes que cedían los plásticos. Los ex senadores dieron información sobre cómo se procede a la designación de los colaboradores de cada oficina. O de cada bloque. “Se completa una planilla con los datos personales. Va a secretaría Administrativa y allí se confeccionan los contratos”, coincidieron todos los que declararon como testigos.

Además informaron a qué bloque pertenecieron en cada etapa que se investiga y quienes eran los presidentes. “Es toda información pública, pero debe constar en el expediente” fue la explicación en la fiscalía.

A todos los ex legisladores les mostraron la lista de los empleados y dijeron que no los conocían. Tampoco a los imputados que sacaban dinero del Bapro.

En esta causa no hay cortocircuito con las autoridades como ocurrió en Diputados con la causa “Chocolate” (ver aparte). En el despacho de Menucci aseguran que las directivos del Senado “respondieron y colaboraron, con algunas demoras y matices, pero aportaron información”. No obstante por el momento no hay procesados como en el caso de Rigau, quien está con prisión domiciliaria.

De los 39 empleados o presuntos empleados sólo declararon ante el fiscal -de manera voluntaria- tres personas. Admitieron que “entraron a la legislatura por contactos con Muguerza”, pero se negaron a dar detalles sobre los métodos de contratación. Uno de ellos admitió que “renunció” cuando estalló el escandalo de Diputados.

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