LLA logró el dictamen sobre morosidad pero la oposición busca imponer su proyecto en la próxima sesión

Ante el crecimiento de la morosidad y el aumento del endeudamiento familiar, un foco crítico para el Gobierno, el oficialismo logró contener la avanzada opositora en Diputados tras conseguir un dictamen de mayoría, con el apoyo de los aliados de Pro y la UCR. La iniciativa oficialista pone el acento en la prevención, pero no apunta a dar respuesta a la situación más urgente. Es así, que los bloques críticos se esperanzan con revertir el escenario en el recinto, donde los números están más ajustados, y avanzar con un proyecto que contempla la emergencia a través de un plan de reestructuración que incluye topes a las tasas y condonaciones del 100%.

El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.

En ese escenario, el Gobierno logró avanzar con un dictamen de mayoría que incluye 32 firmas, correspondientes a diputados de LLA, el Pro y dos en dicidencia de la UCR.

Aun así, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica obtuvieron un dictamen de minoría con 27 firmas, con el que buscarán presionar al oficialismo para llevar el tema al recinto la semana que viene, según pudo saber LA NACION.

Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre, en la que, según deslizan algunos sectores, podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Una maniobra que representa un desafío para el Gobierno, que intenta dilatar este debate hasta después del tratamiento del Presupuesto.

Si bien el peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, todavía enfrenta la difícil tarea de asegurarse el aval de algunos legisladores que podrían definir la pulseada. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, quien esta tarde se desmarcó con un dictamen propio.

Sin embargo, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa de la oposición, que declara la emergencia y apunta “un régimen especial de desendeudamiento, regularización y alivio financiero”.

El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un refinanciamiento en condiciones “menos perniciosas”.

De acuerdo con lo expuesto en el documento, podrán presentar una solicitud “directamente ante cada acreedor” quienes acumulen 60 días o más de mora en créditos al consumo o, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones.

En concreto, plantea una emergencia por 180 días, durante la cual regirá un “plan de alivio” que prevé la reestructuración de las deudas mediante cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos.

A ello se suma la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresen al régimen por mora, con un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia, gratuidad y la posibilidad de cancelar anticipadamente sin penalidades.

Entre las medidas de protección, prevé la suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos sobre las obligaciones comprendidas.

“Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta dos canastas básicas totales”, precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

“Nosotros nos concentramos en las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. No queríamos que cualquiera que esté endeudado entre en el régimen por eso ponemos el tope de las canastas”, precisó el diputado sobre el universo que intenta alcanzar el proyecto.

El dictamen de Argentina Federal, en tanto, también prevé mecanismos para facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de obligaciones financieras y de consumo. La diferencia radica en que concibe el otorgamiento de créditos con un costo financiero total mínimo por parte de las entidades financieras, sin incluir IVA y mediante una reducción de las cargas administrativas.

En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech.

Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con los números para aprobar su proyecto en una eventual sesión. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por varios espacios como “ultra lavado” y “la nada misma”.

Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.

Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente. Propone a su vez el derecho a la portabilidad a fines de que cada usuario de una operación pueda “solicitar su sustitución por una nueva financiación ofrecida y voluntariamente aprobada por otro proveedor”.

A lo largo de la jornada, el peronismo y los libertarios se cruzaron, sobre todo, por las diferencias en torno a las cifras de morosidad. Mientras la oposición advierte que casi 6 millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos, el oficialismo sostiene que la problemática muestra signos de estancamiento y remarca que, por tercer mes consecutivo, los índices no registran un crecimiento.

Bajo este argumento Giudici cuestionó durante su exposición la propuesta del peronismo. “Estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la ley de alquileres”, marcó la diputada libertaria.

“No aprendieron lo suficiente. Al poner topes ficticios porque así lo establece una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado y limitar las oportunidades de la gente para pensar en un país distinto”, sentenció Giudici.

Mientras tanto, el oficialismo y la oposición pasan en limpio el poroteo, que por el momento exhibe un escenario de paridad y podría inclinarse hacia uno u otro lado según el papel que jueguen los bloques provinciales con terminales directas en los gobernadores de Misiones, Catamarca, Córdoba, Tucumán y Salta.

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