Tierra del Fuego se suma a la causa por el petróleo de Malvinas y pide frenar el proyecto Sea Lion
El pedido alcanza a Rockhopper y Navitas, mientras el municipio de Río Grande formalizó su participación en el expediente judicial contra las compañías británicas.
La provincia de Tierra del Fuego se presentó ante la Justicia y reclamó mantener suspendido el emprendimiento de Rockhopper y Navitas. Advirtió por el impacto ambiental, las consecuencias financieras y los recursos naturales involucrados. “El proyecto León Marino no debe avanzar” sin una evaluación realizada por las autoridades argentinas, sostuvo.
Tierra del Fuego, a través de la Fiscalía de Estado, formalizó su intervención en la causa judicial que busca frenar el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) en el área de las Islas Malvinas y pidió que se mantenga la medida cautelar que impide a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum avanzar con las tareas vinculadas al emprendimiento.
La provincia, a través de su Fiscalía, hizo especial hincapié en que el problema no se limita a la disputa por la soberanía. En su presentación advirtió que existen posibles consecuencias ambientales, financieras y sobre recursos naturales que exceden el territorio de las islas: “El riesgo de León Marino no se agota en la controversia de soberanía: comprende también posibles daños a terceros países, responsabilidades ambientales, contingencias financieras y consecuencias sobre recursos naturales compartidos o conectados”.
En ese marco, Tierra del Fuego planteó que el proyecto no debería continuar mientras no exista una evaluación ambiental bajo control de las autoridades argentinas.
“El proyecto León Marino no debe avanzar sin que sus estudios, riesgos y medidas de prevención hayan sido sometidos al examen de las autoridades argentinas competentes, con independencia de quién sea el que lo opere”, señaló la provincia. Y agregó: “Se procura detener su ejecución hasta que exista una evaluación ambiental adecuada. Ese fundamento puede y debe ser suficiente para que la acción prospere”.
La presentación provincial se produce después de que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La magistrada ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar actos materiales vinculados con León Marino y también les exigió información sobre el estado del emprendimiento. La decisión alcanzó, entre otras cuestiones, las perforaciones, instalaciones y eventuales tareas destinadas a la explotación comercial.
El planteo judicial se apoyó, entre otros argumentos, en la falta de una evaluación de impacto ambiental realizada bajo las normas argentinas. El proyecto se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental que la Argentina considera propia.
Ahora Tierra del Fuego, la provincia gobernada por Gustavo Melella, pidió que esa protección judicial continúe vigente y que el Gobierno nacional sea convocado formalmente al expediente.
Tierra del Fuego se sumó a la causa que busca frenar el proyecto petrolero León Marino en las Islas Malvinas.
En su escrito, la provincia también cuestionó el avance de las empresas por su impacto sobre el escenario de la disputa de soberanía.
Según sostuvo, la exploración constituye “una franca violación a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, que insta a las partes a abstenerse de adoptar medidas que impliquen modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras continúa la disputa de soberanía.
Tierra del Fuego remarcó además el carácter estratégico que tiene para la provincia todo lo relacionado con Malvinas y los espacios marítimos circundantes: “La Cuestión Malvinas configura una causa central, prioritaria y de la mayor jerarquía para la Provincia de Tierra del Fuego y la Nación Argentina”.
El movimiento judicial de la provincia se suma así a la ofensiva desplegada en distintos frentes contra el proyecto. Mientras la Justicia federal analiza la cuestión ambiental, el Gobierno nacional también avanzó contra las empresas por sus actividades hidrocarburíferas en el área y anunció que recurrirá a instancias internacionales si no detienen la exploración.
En tanto, Martín Pérez, el intendente fueguino escribió en su cuenta de X: “Río Grande ya es parte de la causa contra las petroleras en Malvinas. La Jueza Federal Mariel Borruto admitió al Municipio de Río Grande en la causa contra las empresas que pretenden explotar los hidrocarburos en nuestras islas".
Río Grande ya es parte de la causa contra las petroleras en Malvinas.La Jueza Federal Mariel Borruto admitió al Municipio de Río Grande en la causa contra las empresas que pretenden explotar los hidrocarburos en nuestras islas.Esta decisión nos permite intervenir en el proceso y acompañar el reclamo de los excombatientes del CECIM de La Plata y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.Los recursos de Malvinas son de los argentinos. El Atlántico Sur tiene que seguir siendo una zona de paz.Río Grande va a seguir defendiendo y reclamando lo que nos pertenece, en todo ámbito, en todo momento.
A lo que añadió: "Esta decisión nos permite intervenir en el proceso y acompañar el reclamo de los excombatientes del CECIM de La Plata y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Los recursos de Malvinas son de los argentinos. El Atlántico Sur tiene que seguir siendo una zona de paz. Río Grande va a seguir defendiendo y reclamando lo que nos pertenece, en todo ámbito, en todo momento.”
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