Procesaron a un exsocio de Martín Menem y a dos exinterventores nombrados por el Gobierno en la obra social de los peones rurales

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy por un presunto desvío de 247 millones de pesos a dos exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y a dos personas de la empresa que se habría beneficiado con el desvío; una de ellas, Sergio Aguirre, fue socio comercial de Martín Menem y, según el fallo de hoy, tenía relación con funcionarios clave del Gobierno.

En la causa se investiga una contratación directa de la intervención de Osprera a la firma Htech Innovation, constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.

Los exinterventores procesados son Virginia Montero y Marcelo Petroni; ambos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y María Casandra Mirabelli, socio y presidenta de Htech Innovation, respectivamente, fueron procesados por los mismos delitos que los exinterventores, pero como “partícipes necesarios” y no como autores. Eso no aligera su situación, porque la pena para el partícipe necesario es la misma que para el autor del delito. Mirabelli es la madre de Aguirre.

Según el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “ambos interventores −Montero y Petroni− habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa”.

Petroni es un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente.

La investigación judicial determinó que la empresa de Aguirre fue creada para que la contratara Osprera (sus facturas número uno y dos fueron por cobros de la obra social) y que, gracias a ese contrato, obtuvo ganancias ilícitas por un total de $247.836.858,63. El primer cheque se presentó el 12 de noviembre de 2024 y el último, el 11 de julio de 2025.

Cuando analizaron las cuentas bancarias de la firma en el Banco Francés, los investigadores detectaron que los socios de Htech compraron dos autos de alta gama en ese mismo período. “El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)”, detalló el juez Casanello cuando ordenó las indagatorias. Los investigadores también detectaron movimientos sospechosos vinculados con cuatro cuentas. Una de esas cuentas pertenecía a Mirabelli, que daba instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado.

Todo terminó abruptamente cuando LA NACION reveló las irregularidades. En ese momento, el interventor Petroni, que reemplazó a Montero, suspendió el contrato y ordenó auditorías.

Casanello sostuvo en su fallo de este martes que hay pruebas para creer que, tal como planteó la fiscalía, Aguirre ejerció “un papel central” de “nexo” entre el “poder político” y la conducción de la obra social, papel que le permitió influir sobre las decisiones de los interventores y beneficiarse con los pagos a su empresa.

El juez relató: “La fiscalía señaló distintos pasajes en los cuales el nombrado [Aguirre] habría hecho gala de su capital simbólico producto de sus vínculos con funcionarios públicos de alto rango (la fiscalía mencionó a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con quien habían compartido la sociedad comercial TR Nutrition SA durante algunos años). El devenir de los sucesos, tanto en forma previa a la intervención como después de la renuncia de Montero, demuestra un nivel de centralidad que reafirma la sospecha del fiscal”.

Casanello destacó que Aguirre fue con la interventora Montero a una reunión con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud el 26 de junio de 2024, pero que Aguirre, sin acompañantes, se había reunido ya con ese funcionario seis días antes. También, que Aguirre y Montero fueron luego, juntos, a la Casa Rosada, a ver a Lule Menem. Fue el 5 de julio y, según los registros, se reunieron desde las 18:25 hasta las 20 horas.

Montero y Aguirre registran juntos otras nueve visitas a funcionarios, además de las que hicieron por separado. “La secuencia de aquellas reuniones iniciadas por Aguirre permite sostener que fue quien abrió las puertas para el ingreso de su gente de confianza en la administración de Osprera, su futura contratante”, dijo el juez.

Montero fue reemplazada por Petroni y −advirtió el juez− en el teléfono de este exinterventor se encontraron comunicaciones que prueban que “el empresario lo interiorizó de los avances del trámite de su designación”. El 22 de noviembre de 2024, Aguirre le avisó a Petroni: “Hola Marcelo, me dijeron que ayer lo firmaba. Hoy lo llamo a Lule”.

Petroni, a su vez, lo tenía identificado a Aguirre como el “enlace presidencial” en el grupo de WhatsApp “Rurales”, integrado por algunas autoridades de Osprera, Aguirre y Mirabelli, advierte el fallo de Casanello.

De acuerdo con las pruebas de la causa, para favorecer a Htech, “se habría simulado un supuesto de urgencia para justificar una contratación directa, infringiendo los reglamentos internos; no se evaluaron precios de mercado para la contratación de ese tipo de servicios y, además, se instruyó a que se pagasen supuestos servicios antes de haberse contratado (reconocimientos previos)”.

De este modo, afirmó Casanello, “recursos que debían orientarse prioritariamente a la normalización de la cobertura de salud fueron derivados hacia contrataciones cuya necesidad, alcance y eficacia no fueron justificados”.

El servicio contratado fue de “consultoría técnica en sistemas” y de “asesoría estratégica”. El 18 de julio de 2024, tres meses después de haber sido creada, Htech modificó el estatuto de la firma para adecuarlo a la futura contratación por parte de Osprera. Se agregó el ítem “consultoría”.

Htech solo tuvo como clientes a Osprera y a la Municipalidad de San Nicolás, a la que le facturó desde enero de 2025 hasta al menos abril de este año.

Casanello advirtió en su fallo que Htech tenía una estructura operativa “precaria” para el nivel de actividad que declaraba: “No tenía oficinas (su domicilio declarado era, en realidad, el consultorio de Aguirre)” ni “empleados registrados”; tampoco “activos físicos tangibles”, sostuvo la resolución del juez.

De acuerdo con el fallo, HTech se fue construyendo sobre la marcha, con los fondos girados desde Osprera. Tan es así que cuando la obra social la contrata para que le brinde servicios informáticos, Htech no tenía siquiera página web.

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