En la previa de la visita del Papa, el Gobierno reveló "amenazas a funcionarios de primer nivel" y las vinculó a los cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos
En la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno reveló que hubo "amenazas a funcionarios de primer nivel" y las vinculó a los cambios implementados en el dispositivo de seguridad de la Quinta de Olivos, donde la Casa Militar asumirá la "responsabilidad integral" de la seguridad de la residencia presidencial así como de las viviendas transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia. La modificación más importante fue el despido del personal civil que cumplía labores domésticas en el lugar.
"Los cambios en Olivos obedecen dos factores de riesgo. Por un lado, amenazas a funcionarios de primer nivel, que hemos recibido. Y en segundo lugar, a la visita del Papa León XIV que nos implica reformas en seguridad", subrayó el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario nacional precisó: "Hay un cambio en el eje de la política de seguridad nacional. Lo que refiere a la protección de la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada refiere a medidas de seguridad en general para darle seguridad al Presidente".
"Casa Militar se está haciendo cargo de toda residencia en la cual resida el Presidente. Donde él esté, Casa Militar va a cuidar. Y esto implicó cambios de personal, como ya se sabe, puntualizó el vocero presidencial.
El papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre procedente de Uruguay, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En el país permanecerá hasta el miércoles 11 y tiene actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El vocero presidencial brindó detalles acerca de la "denuncia" que realizó Javier Milei el pasado domingo durante una entrevista televisiva, donde aseguró que Argentina lleva echados 20.000 terroristas en lo que va del 2026.
"Gente terrorista que deportamos. ¿Sabe cuánto llevamos ya? El año pasado 10 mil. Este año ya llevamos 20 mil. Son gente que se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino y eso, digamos, está pasando", había sostenido el mandatario.
Este martes Ravier fue consultado por estas cifras y al dar precisiones sobre los casos de este año, terminó admitiendo que muchos de los presuntos deportados son en realidad personas que fueron rechazadas por problemas de documentación cuando intentaban ingresar al país.
"Hasta diciembre de 2023, Argentina en sus fronteras nacionales era un colador. Hoy en Argentina tenemos más seguridad, estamos protegiendo las fronteras. En la reforma migratoria, que es muy importante porque estamos hablando de un cambio, de una política de estado en relación con la seguridad, hoy tenemos resultados", enfatizó Ravier.
Y detalló: "Hay un informe del Ministerio (de Seguridad) que dirige (Alejandra) Monteoliva en el cual se contabilizan 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026. En los cuales el 72,3% responden a extranjeros que queriendo ingresar a la Argentina fueron rechazados o no fueron admitidos. Se refiere esto a perfiles de riesgo, condenados o personas con penas detectadas o personas que no cumplen con los requisitos para ingresar a la Argentina".
En cuanto a la procedencia de los involucrados, el portavoz precisó que el 21,7% provino de Brasil, seguido por ciudadanos provenientes de Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.
Consultado por los dichos de Milei, el vocero presidencial buscó justificar: "En relación con el no ingreso de estas personas y las expulsiones que hemos tenido y que se han cuantificado en más de 20 mil personas, en todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera".
En un giro clave para el esquema de la custodia oficial, el Gobierno anunció que la Casa Militar asumirá la "responsabilidad integral" de la seguridad de la residencia presidencial de Olivos así como de las viviendas transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia.
"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", indicó Presidencia en un comunicado el pasado 17 de septiembre.
En aquella oportunidad, desde la Casa Rosada precisaron que "la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar".
La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión de dejar en manos del personal de Casa Militar todo el funcionamiento de la residencia de Olivos, quienes responden al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, ante "la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno".
La medida se enmarca, según la Presidencia, en "la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial". A pesar de esa explicación, vale aclarar que el Papa no tiene previsto visitar la Quinta de Olivos.
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