Polarizar con el riesgo K conspira contra el crecimiento económico
Javier Milei estaba en Nueva York cuando el índice de riesgo país superaba los 600 puntos, el Indec informaba que la pobreza había aumentado y que la actividad económica había caído en el segundo trimestre en términos desestacionalizados.
La evolución del EMAE —Estimador Mensual de Actividad Económica— en términos desestacionalizados muestra que, como mínimo, la actividad está estancada.
El argumento del superávit fiscal como gran ancla de la economía es debatible y no alcanza para entrar en una senda de crecimiento. La reducción del déficit es condición para estabilizar la economía, pero no genera automáticamente expansión. Evita que el Estado siga destruyendo riqueza mediante inflación, deuda o presión tributaria creciente, pero no alcanza para que el sector privado empiece a crear riqueza a un ritmo suficiente.
La pregunta relevante es: ¿estamos frente a una economía que, luego del rebote inicial posterior a la fuerte caída de 2024, encuentra dificultades para transformar la estabilización macroeconómica en un proceso sostenido de crecimiento?
El EMAE no es el único indicador que muestra estancamiento: la tasa de inversión sobre el PBI se mantiene en niveles muy bajos.
Todavía no puede afirmarse que el Gobierno estabilizó la economía; en todo caso, logró bajar la tasa de inflación. Una inflación mensual del 1,7% implica una inflación anual proyectada del 22,5%. Es menos que lo anterior, pero no es estabilidad.
A pesar de los anuncios del RIGI, Vaca Muerta y litio, la tasa de inversión todavía se ubica entre el 15% y el 20% del PBI, el rango de los últimos 80 años que son precisamente los de la decadencia argentina.
Para crecer en forma sostenida no alcanza con tener las cuentas públicas equilibradas. Se necesita inversión, acumulación de capital, crédito, reglas previsibles, apertura de mercados y aumentos permanentes de productividad.
A fin de cuentas, se necesita que los empresarios consideren rentable invertir y asumir riesgos porque esperan obtener un beneficio ofreciendo bienes y servicios que otros están dispuestos a comprar en la Argentina.
En Nueva York, Milei dijo, refiriéndose a Axel Kicillof, que las pavadas —en rigor usó otras palabras— que dice la oposición en esa ciudad elevan el índice de riesgo país.
La realidad es que el índice de riesgo país viene subiendo desde mucho antes. Luego de haber alcanzado un mínimo de 402 puntos básicos, empezó a subir y, al cierre de esta columna, supera los 600 puntos básicos.
El Gobierno viene anunciando inversiones de empresas por cientos de miles de millones de dólares. Solo YPF anunció una inversión de USD 154.000 millones hasta 2040. Si existe el riesgo kuka, como sostiene el gobierno, la pregunta es: ¿Por qué se formulan anuncios de inversiones de muy largo plazo y por cientos de miles de millones de dólares si se tiene miedo a la vuelta del kirchnerismo?
Si el índice de riesgo país tiende al alza, hundir una inversión es mucho más complicado. Con un bono se está líquido para salir en caso de riesgo de default; de una inversión hundida en el país, la salida es mucho más difícil.
Un país con riesgo soberano superior a 600 puntos básicos continúa teniendo dificultades para acceder normalmente al mercado internacional de capitales. Una economía que no logra reducir en forma persistente esa prima de riesgo tiene limitada su capacidad de financiar inversión a largo plazo.
El equilibrio fiscal demuestra que el Gobierno puede pagar sus gastos corrientes sin recurrir sistemáticamente al Banco Central. El riesgo país, en cambio, refleja cuánto confía el mercado en que ese ordenamiento podrá sostenerse en el tiempo y cuánto riesgo institucional y económico continúa asignándole a la Argentina.
El resultado base caja no es el adecuado para evaluar el equilibrio fiscal de largo plazo. El que realmente cuenta es el devengado, porque el primero registra solo el gasto pagado, no el comprometido; puede haber gasto realizado y no pagado. Por eso, el resultado devengado muestra mejor la sostenibilidad del equilibrio fiscal de largo plazo.
Durante los últimos años, buena parte del debate económico estuvo concentrado en el tamaño del déficit. Ahora la pregunta debería ser qué reformas permitirán elevar de manera permanente la tasa de crecimiento y si la baja del gasto público es sostenible en la forma en que se implementó.
Reducir el gasto público es una parte del proceso, pero reducir el peso del Estado sobre el sector privado es algo bastante más amplio. Implica bajar impuestos, simplificar el sistema tributario, eliminar regulaciones, liberar el mercado de cambios y eliminar el cepo cambiario para las empresas, y desterrar las regulaciones que fuerzan una apreciación artificial del peso.
No estoy pidiendo una devaluación sino que se libere el mercado de cambios: son dos cosas totalmente diferentes.
La verdadera discusión es qué condiciones institucionales permitirán que ese orden fiscal se traduzca en una expansión sostenida del sector privado. El Estado no es quien genera crecimiento económico. El crecimiento aparece cuando millones de personas deciden ahorrar, invertir, producir, innovar. Si la gente hace el esfuerzo pero no ve la luz al final del túnel que le permita vislumbrar una mejora en su nivel de vida, el contexto económico y político conspira contra ese crecimiento.
Al margen de los errores de implementación de la política económica, hay un tema que por el momento impide pensar en un crecimiento de largo plazo. Ese tema es el mismo que complicó a Cambiemos: la polarización con el kirchnerismo. Si el discurso es “nosotros o el caos K”, el inversor no solo no hunde inversiones, sino que existe el riesgo de una dolarización de las carteras en 2027 si hay incertidumbre sobre el resultado electoral.
Bajar la inflación y tener equilibrio fiscal base caja no son condiciones suficientes para entrar en una senda de crecimiento que genere demanda de mano de obra y mejora del salario real.
