Oficializan a Pablo Di Liscia en Discapacidad: reemplaza a Vilches en plena discusión por el Presupuesto 2027
El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo Secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, mediante el Decreto 1095/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Mario Lugones. Al asumir el cargo, el funcionario reemplazará a Alejandro Alberto Vilches, cuya renuncia fue aceptada a partir del 21 de septiembre por "motivos personales".
Según el recorrido de la gestión, Vilches había llegado al área después de la salida de Diego Spagnuolo, quien dejó la conducción de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, a partir de los audios atribuidos al exfuncionario sobre presuntas irregularidades y de un supuesto esquema de retornos.
A partir de septiembre, la causa avanzó y la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas por las maniobras investigadas.
A partir de allí, Vilches quedó al frente del área y puso en marcha una auditoría interna integral sobre las compras, contrataciones, prestaciones y padrones. Los informes que después presentó ante la Justicia detallaron presuntos sobreprecios en insumos médicos y ortopédicos, compras sin licitación previa y problemas en los registros del organismo, entre otras irregularidades detectadas durante el relevamiento.
Di Liscia llega a la Secretaría después de haber sido presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. En ese período, el organismo contaba con más de 2,2 millones de afiliados.
Antes de su paso por IOMA, ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión. También desarrolló durante más de dos décadas distintas tareas ejecutivas en el sector privado.
La discusión por Discapacidad se abrió a partir del Presupuesto 2027, cuando la oposición advirtió que el proyecto enviado por el Gobierno incluía cambios en las prestaciones, los aranceles de los prestadores, las pensiones y la cobertura de salud. A tener en cuenta, las modificaciones alcanzaban artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025, y derivaron en cuestionamientos de distintos bloques.
A decir verdad, uno de los puntos que generó mayor discusión fue el esquema de actualización de los aranceles que reciben los prestadores. El proyecto presupuestario modificaba el mecanismo vigente y dejaba en manos del Poder Ejecutivo la definición de los valores.
Desde esos cuestionamientos, el oficialismo comenzó a negociar modificaciones con los bloques aliados. El 23 de septiembre, La Libertad Avanza consiguió finalmente dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con 42 firmas, frente a las 36 que reunió el proyecto opositor que proponía prorrogar la Emergencia en Discapacidad.
Entre otras modificaciones, retomó la actualización obligatoria de los pagos a prestadores y estableció que las partidas destinadas al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio anterior.
El oficialismo también incorporó al proyecto la continuidad de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, su compatibilidad con determinados niveles de ingresos laborales y la cobertura médica a través de Incluir Salud. Además contempla un cronograma para cancelar la deuda con prestadores y un sistema de auditorías cruzadas con distintos organismos del Estado.