Cuando gobernar es una experiencia fugaz
Alcira, la nueva subsecretaria se sentó por primera vez en su flamante despacho. Aún desconocía el alcance de sus responsabilidades. Hacía una semana que el ministro, por decisión del presidente, había echado a su predecesor en el cargo y la había invitado a incorporarse al gabinete.
Todavía no había recorrido la subsecretaría ni conocido a su personal, cuando una funcionaria irrumpió en su oficina portando una decena de expedientes para su firma. Nunca, antes, había trabajado en la administración pública y ya debía ocuparse de cuestiones bastante ajenas a su experiencia.
Ignoraba si su estructura organizativa podía ser modificada, si podía designar asesores de su confianza, si contaba con presupuesto para adquirir bienes o servicios. Sobre todo, quería saber qué hacían las 132 personas que integraban la subsecretaría, y se preguntaba cómo averiguarlo.
No prolongaré este relato y “spoilearé” el final. Alcira fue “instada” a renunciar apenas dos meses después, cuando trascendió que su esposo Tomás, periodista de investigación, había provocado la caída de un ministro al revelar detalles de una licitación amañada. Y si bien la historia es totalmente ficcional, cualquier parecido con la realidad no es casual.
En todo gobierno, se producen reemplazos de altos funcionarios, sea por despido, renuncias voluntarias y desplazamientos por variados motivos. Pero no se han estudiado suficientemente los impactos de una alta fugacidad en la alta dirección pública, sobre el funcionamiento de la administración estatal.
Propongo, en esta nota, reflexionar sobre las consecuencias que pudieron haber tenido sobre la calidad y continuidad de la gestión pública, los 292 desplazamientos de altos funcionarios políticos, dispuestos durante el actual gobierno desde el inicio. Imaginemos la parálisis operativa: expedientes frenados; decisiones postergadas; pérdida de memoria institucional, de contactos clave, de conocimiento técnico acumulado.
Agreguemos: inevitables cambios de rumbo, desconfianza, fricciones internas y debilitamiento de los equipos gubernamentales. Y además la concentración de las decisiones en un círculo pequeño y cerrado.
Por experiencia, podría afirmar que sólo después de ocupar durante muchos meses un cargo público de alta responsabilidad, es posible empezar a conocer los recovecos de la burocracia, los aguantaderos de expedientes, los rituales del peregrinaje administrativo. La inmensa mayoría de los fugaces mandamases desconoce las rutinas, los filtros, los engranajes o las correas de transmisión.
Colocados en la línea de montaje de la decisión, se ven rápidamente inundados por las urgencias, las audiencias y el protocolo. Para colmo, antes de comenzar a entender cómo moverse en ese mundo, un número inusual de esos funcionarios es puesto de patitas en la calle. En los viejos tiempos, los burócratas permanentes con estabilidad garantizada, podían sentarse en el umbral a ver pasar a los sucesivos funcionarios políticos de turno, manteniendo sin mayores sobresaltos la rutina de la gestión cotidiana. Hoy, con la motosierra, nadie se siente seguro, con lo cual la parálisis se convierte en el mejor seguro contra el desempleo. Esta parálisis se contagia a los miembros del gabinete y la alta dirección política, ante el riesgo de que exponer públicamente sus puntos de vista, los convierta en esclavos de sus palabras y su paso por la función pública resulte extremadamente fugaz.
Los desplazamientos, en gobiernos anteriores, fueron muy variados, pero en ninguno su número alcanzó el del actual gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que redujo en un 35% la cantidad de cargos superiores y que todavía resta un tercio de tiempo hasta la próxima gestión. Desde el retorno de la democracia, sólo durante los gobiernos de Carlos Menem y Alberto Fernández hubieron más de 200 salidas de funcionarios. Si se mantuviera el ritmo de eyección actual, al finalizar este gobierno el número se aproximaría a los 400, o sea, 100 por año o uno cada 3 días.
La extrema rotación de funcionarios produce daños difíciles de revertir, que se extienden mucho más allá de un mandato presidencial, ya que la volatilidad de los equipos directivos degrada la burocracia y promueve la fuga de los más aptos. La lealtad prevalece sobre la competencia, destruyendo la carrera pública, desalentando la formación profesional especializada e imponiendo la lógica de la “puerta giratoria” por sobre el principio del mérito.
Alcira, mi personaje imaginario, abandonó la administración pública casi tan rápido como había entrado. No alcanzó a dejar una obra, una reforma ni un equipo consolidado. Apenas unas cuantas firmas estampadas en expedientes que otros seguirán tramitando. Su historia resume el destino de cientos de funcionarios cuya permanencia en el cargo se mide en semanas o pocos meses. Si gobernar se convierte en una experiencia fugaz, el verdadero damnificado no es el funcionario que se va. Es el Estado, que pierde la posibilidad de aprender de sí mismo, para construir las capacidades que ninguna motosierra puede reemplazar. Un gobierno puede sobrevivir a la fugacidad de sus funcionarios. Un Estado, no.
Politólogo. Ex subsecretario de Reforma Administrativa e investigador superior del Conicet. Autor de "Merecer la Ciudad" (Eduntref)
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