La Justicia prepara medidas para contrastar las explicaciones de Adorni sobre sus bienes y billeteras virtuales
El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara una batería de medidas para poner a prueba la justificación de bienes que realizó el exjefe de Gabinete Manuel Adorni en la causa que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.
Las medidas, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, incluyen pedirle al juez federal Ariel Lijo su intervención para abrir un sobre lacrado con las claves secretas de las cuentas en criptomonedas aportadas por Adorni, para corroborar su contenido.
Todos estos son los primeros pasos de una investigación que busca corroborar las afirmaciones del exfuncionario acerca de cómo se hizo con su patrimonio, de qué manera pudo afrontar viajes, compras de inmuebles, la reforma de su casa de fin de semana y los gastos corrientes de su vida familiar por encima de sus ingresos formales.
Pollicita le reclamó que realice una justificación patrimonial, pues entiende que desde que asumió como funcionario tuvo ingresos por $229.752.283,20, incluidos su sueldo y el de su esposa, Bettina Angeletti, pero tuvo gastos por $272.820.832,20 más 402.578,12 dólares.
En su presentación ante la Justicia, Adorni justificó la mayoría de las erogaciones al relatar que realizó una inversión de US$200.000 y varias operaciones con criptomonedas que le permitieron llegar a ahorrar casi 600.000 dólares. Sostuvo que los conservó por años en su casa, “como si no existieran”, y dijo que los comenzó a gastar cuando se convirtió en funcionario.
Pollicita analiza esas explicaciones y, si no lo satisfacen, podría pedir al juez Ariel Lijo que llame a Adorni a prestar declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.
Según pudo saber LA NACION, en la fiscalía domina el escepticismo ante las explicaciones del exfuncionario. Pero una cosa es que la acusación considere inverosímiles estas afirmaciones y otra es que lo pueda probar.
Por eso es que la fiscalía trabaja para corroborar la trazabilidad de los fondos, en particular los provenientes de criptomonedas que Adorni dijo haber incorporado a su patrimonio desde 2014.
En ese momento no se utilizaba la intervención de plataformas para intercambiar los activos digitales y Adorni dijo que realizó operaciones cara a cara −con desconocidos, que a su vez operaban de manera anónima− para intercambiar sus criptoactivos por dólares, que fueron creciendo merced a sus inversiones.
Identificó ocho de estas operaciones que no dejan un rastro digital. Adorni presentó ante la Justicia un acta notarial elaborada recientemente, en la que señala que hoy controla esas billeteras, pero ese documento no acredita que fueran suyas en el pasado.
Un análisis realizado por especialistas en criptomonedas estableció que una de las operaciones que se dijo que fueron “cara a cara” se realizó cuando Adorni contó en su cuenta de X que estaba en Chile.
Solo este dato no impide que el intercambio efectivamente se haya efectuado en ese país y que el exfuncionario hubiera reingresado a la Argentina con los dólares en efectivo, sobre todo considerando que se trató de una de las operaciones por menos de 2000 dólares.
Por eso, Pollicita trabaja sobre un encargo de un peritaje sobre las ocho direcciones de bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justificó 591.544 dólares que convirtió luego en efectivo. La defensa entregó las claves privadas en un sobre lacrado que todavía no se abrió. Están en el Anexo III de su escrito de justificación de bienes.
Para eso, el fiscal le encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, que analice la versión de la defensa, según informaron fuentes judiciales.
La primera medida sería designar un perito que reconstruya las operaciones en la blockchain. El objetivo es establecer si Adorni era el dueño de esas direcciones cuando se hicieron los movimientos, y no solo si hoy puede acceder a ellas.
La defensa acompañó cinco anexos. El Anexo III es la escritura 283, folio 855, del escribano Flavio Murruni, fechada este 7 de septiembre de 2026, que el escrito presenta como “de acreditación de titularidad y control” de las direcciones cripto.
El procedimiento que describe el escrito es técnico. Adorni ingresó a cada una de las ocho billeteras con su clave privada y firmó un mensaje en cada una, y el escribano dejó constancia de esas firmas. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, sostiene el abogado de Adorni, Matías Ledesma.
Adorni le entregó a su abogado las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado, que “solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”. En la fiscalía evalúan que sea el propio Ledesma quien lo abra, en un acto registrado en video y que se realice con autorización del juez Lijo.
Esto se debe a que, cuando se usen esas claves para acceder a los criptoactivos, se podrá saber a cuánto ascienden. Para los investigadores, el problema es de fechas. El acta es de septiembre de 2026 y prueba quién controla hoy las claves.
En cambio, el escrito afirma que las direcciones permanecieron “bajo el control exclusivo” de Adorni entre 2014 y 2018, “conforme surge del Anexo II y fuera constatado notarialmente en el Anexo III”. Lo que la fiscalía necesita establecer es quién tenía esas billeteras hace ocho años y eso no surgirá de las ocho direcciones.
El escrito identifica las ocho claves públicas y lo que cada una habría producido. Una sola concentra casi la mitad del total, que son unos 296.785,40 dólares. Según la defensa, las direcciones registraron actividad únicamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, y hoy no tienen saldo.
Adorni, mediante su escrito de defensa, dijo que con su esposa reunieron ahorros por fuera del sistema bancario, cobrando honorarios profesionales en negro y sumando parte de una herencia. En 2014 hicieron compras iniciales por 1897,20 dólares; en 2017 volcaron el grueso de la inversión 199.883,20 dólares, “más del 99%” del capital.
Compraban y vendían criptoactivos en encuentros personales, en lugares públicos, pagando en efectivo y “sin que ninguna de las partes se identificara”, dice el escrito. Para la compra “no existe otro respaldo que el relato”, reconoce el escrito de la defensa. Las ventas, en cambio, figuran en la blockchain con fecha y hora. Pero la cadena de bloques registra el movimiento de los bitcoins, no la entrega de dólares.
La cronología del escrito tiene puntos que el peritaje deberá ordenar. Según el texto, una dirección se liquidó el 26 de marzo de 2017 y otras cuatro el 5 de agosto de 2017, entre ellas la de casi 297.000 dólares. La defensa anticipó en el escrito que, en 2017, no existían registros de identificación de clientes y que los pagos en efectivo no dejaban “rastro bancario identificable”.
El otro asunto a verificar es la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento que la remodelación costó 245.000 dólares, pero la defensa sostiene que fueron 175.000 dólares.
Para respaldar esa cifra, el escrito menciona un estudio contable que identificó pagos a Tabar por 175.000 dólares, incluidos en el Anexo I. En el Anexo V menciona “rubro por rubro” la planilla del contratista y un arquitecto valuó la obra en 174.954,58 dólares.
El requerimiento de Pollicita también preguntaba por otro circuito, descripto en un informe de los expertos de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), un área de la Procuración General de la Nación especializada en estos temas.
La defensa sostiene que la diferencia de 43.068.549 pesos que calculó la fiscalía entre ingresos y gastos es “una brecha residual y no una desproporción manifiesta”. Según el escrito, representa el 15,8% de los egresos reconstruidos. Pero esa cuenta depende de que se acepten como propios los dólares de los bitcoins, cuya autenticidad se busca verificar.
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