Los subsidios a las tarifas pueden convertirse en una trampa que distorsione toda la economía
La regulación de precios en el mercado no nace del vacío. Surge de datos concretos: una inflación elevada que erosiona el poder adquisitivo, un clamor social por “alivio inmediato” y la tentación política de mostrar resultados rápidos. En el caso de las tarifas de servicios públicos —electricidad, gas, agua—, esa regulación se materializa casi siempre en subsidios crecientes. El objetivo declarado es mantener precios bajos. El resultado, cuando se vuelve excesivo, es una distorsión profunda de los precios relativos de la economía.
Mantener tarifas artificialmente deprimidas mediante transferencias fiscales cada vez mayores genera un daño colateral que no aparece en el índice de precios del mes siguiente, pero sí en el balance de las empresas prestadoras, en la inversión diferida y en la calidad del servicio. La señal de precio desaparece: el consumidor no internaliza el costo real del recurso, el productor no recibe incentivos para expandir capacidad y el Estado absorbe un gasto que crece más rápido que los ingresos.
En muchos países de América Latina, como Argentina, y de otras regiones emergentes, los subsidios energéticos han llegado a representar entre el 2% y el 7% del PBI, lo cual desplaza gasto en educación, infraestructura o protección social focalizada.
El costo de la percepción de una “lenta desaceleración de la inflación” es particularmente alto. Cuando la sociedad aprende, por experiencia previa, que la eliminación de subsidios genera un salto en las facturas, cualquier intento de corrección se enfrenta a una resistencia anticipada. Ese aprendizaje social —basado en episodios reales de ajuste abrupto— convierte la reforma en un pasivo político de alto riesgo.
El gobierno que decide corregir los precios relativos paga un costo inmediato en popularidad a cambio de un beneficio difuso y futuro: menor presión fiscal, mayor inversión y una inflación más sostenible. Mientras tanto, la demora multiplica el problema: cada año de postergación agranda el stock de subsidios, deteriora más las redes y hace que el ajuste final sea todavía más costoso.
¿Existen casos en los que un subsidio público limitado es necesario? Sí, pero con límites estrictos. La evidencia internacional apunta a tres condiciones:
Un caso real ilustra el espejismo, sin recurrir solo al ejemplo argentino, ya conocido por lo vivido en el país. En Egipto, durante las décadas previas a 2014, millones de hogares y empresas disfrutaban de combustibles y electricidad a precios que representaban apenas una fracción del costo internacional. La sensación cotidiana era de “barato”. Pocos calculaban que ese confort se financiaba con un déficit energético que superaba el 7% del PBI y generaba escasez crónica, apagones y un déficit fiscal estructural.
Cuando el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi inició la reforma en julio de 2014 —con aumentos de hasta el 78% en nafta y el 64% en diésel—, el impacto inmediato fue doloroso. En un plazo de aproximadamente cinco años, entre 2014 y 2019, el país logró reducir los subsidios energéticos a menos de la mitad y acercar las tarifas a la recuperación de costos, lo cual liberó recursos fiscales y mejoró la confiabilidad del sistema.
Indonesia ofrece otro caso de éxito relativo. Tras intentos fallidos o parciales, a fines de 2014 el presidente indonesio Joko Widodo eliminó gran parte del subsidio a la nafta y redujo drásticamente el del diésel. Los subsidios energéticos cayeron del 3,4% del PBI en 2014 al 1,1% en 2015. La corrección de precios relativos no fue instantánea: requirió acompañamiento con transferencias de efectivo focalizadas y se benefició de la caída de los precios internacionales del petróleo. Aunque hubo reveses posteriores, el episodio demostró que una reforma decidida, comunicada con claridad y compensada de manera inteligente, puede consolidarse en uno o dos años de ajuste intenso, con efectos positivos duraderos sobre el espacio fiscal y la inversión.
Milton Friedman lo sintetizó décadas atrás: “Si se impone un control de precios, se crea una escasez”. La frase sigue vigente porque describe exactamente lo que ocurre cuando las tarifas se desconectan de los costos: aparece el racionamiento, la calidad cae y el mercado negro florece.
Domingo Cavallo, con la experiencia argentina de los años noventa y posteriores, insistió reiteradamente en que “los precios relativos distorsionados son la semilla de las crisis recurrentes”.
Más recientemente, técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial han documentado que los subsidios energéticos universales son, en promedio, regresivos: el 20% más rico de la población captura una porción desproporcionada del beneficio.
La lección conceptual es simple y contundente. Regular precios mediante subsidios crecientes genera un alivio político de corto plazo, pero construye un pasivo económico y social de largo plazo. El daño colateral —inversión postergada, ineficiencia, presión fiscal y aprendizaje social de resistencia— se paga con creces cuando llega el momento inevitable de la corrección.
Los países que han salido exitosamente del laberinto no lo hicieron de un día para el otro: necesitaron entre dos y cinco años de ajustes graduales pero firmes, acompañados de redes de protección focalizadas y de una comunicación que explicara el costo real de lo “barato”.
El verdadero costo de la percepción de una inflación que baja lentamente no es solo el número del índice. Es el precio de haber enseñado a la sociedad que lo artificialmente barato puede durar para siempre. La corrección de los precios relativos de las tarifas no es un capricho ideológico: es la condición necesaria para que la economía vuelva a enviar señales honestas y para que el crecimiento deje de estar hipotecado por un gasto que ya no se sostiene. Argentina está en este proceso.
