Caso De Marinis: el jury avanza y se abre una disputa política en la Ciudad
Mañana a las 11 horas el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, se presentará en el Consejo de la Magistratura. Allí ratificará el pedido de juicio político que presentó el miércoles pasado contra la jueza en lo Penal Juvenil 3, Laura De Marinis, quien provocó un vendaval político en la Ciudad tras otorgarle el sobreseimiento a un adolescente de 14 años que había intentado robar y plantear la inconstitucionalidad del nuevo régimen Penal Juvenil.
Si bien la Cámara de Apelaciones revocó el viernes el sobreseimiento del menor y ordenó sacar a la magistrada del caso, la orden que envió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, es seguir a fondo para intentar destituirla.
La idea surgió tras conocerse el polémico fallo en una reunión con sus asesores. “Hay que salir ya”, se escuchó en Uspallata. El jefe comunal asintió rápidamente y dispuso que el ministro Tapia, con la ayuda del Procurador Martín Ocampo y el secretario Legal y Técnico, José María Grippo, trabajen en las 21 páginas que presentaría horas después.
De Marinis no tiene un padrino claro aunque el peronismo fue quien la impulsó como jueza en diciembre de 2023. En términos de actores políticos hay tres dirigentes que proponen magistrados y fiscales de ese espacio: el auditor General, Juan Manuel Olmos, la diputada nacional y una figura fuerte del sindicato de Trabajadores de Judiciales, Vanesa Siley y el senador nacional, Mariano Recalde, de La Cámpora.
En particular, Olmos con Daniel “el Tano” Angelici se transformaron en los dirigentes más importantes para la Justicia de la Ciudad. Son amigos y se confían mutuamente como dos acuerdistas de palabra y ley.
En estos días hubo gestiones silenciosas para que el PRO ponga el freno a la ofensiva contra De Marinis. Pero el tema tomó vuelo propio: fue el centro de los medios de comunicación y la jueza, con su única entrevista radial, solo agravó las críticas. Había expresado en un comunicado que hablaba por sus fallos y que no daría notas pero cambió de opinión horas después. La Cámara la apartó y en su fallo, dictado por unanimidad, fue muy duro con ella. Le tocará al Tribunal Superior de Justicia ratificar, o no, el fallo de la Cámara.
El 10 de septiembre, apenas días antes del fallo de la jueza denunciada, la titular del ministerio de la Defensa – que se ocupa de los abogados defensores de todas las instancias -, Marcela Millán, emitió una resolución donde insta a todos los defensores a presentar pedidos de inconstitucionalidad sobre el nuevo régimen Penal Juvenil. De hecho, el fallo que tomó trascendencia nacional retoma el pedido de la defensa del menor que intentó robar un celular.
Con todo, el pedido de juicio político comenzará a tratarse formalmente esta semana y la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura tendrá 60 días para expedirse. Su recomendación pasará a votarse ante el plenario del organismo que remueve y castiga a los jueces. La comisión la integran el abogado Jorge Rizzo, Luis Duacastella y Rocío López Di Muro, quienes deben evaluar la prueba e investigar el caso para estudiar si amerita el jury.
A priori tiene escasas chances de prosperar: los consejeros no se inclinarían por impulsarlo. Pero, aunque recomienden el archivo, el tema pasará al plenario del Consejo. En el caso puntual de Rizzo conoce bien a la magistrada en discusión: su hija Ornella es secretaria del juzgado N.3 cuya titular es De Marinis.
Como sea en dos meses el Consejo de la Magistratura decidirá sobre el futuro de la joven magistrada.
Por lo pronto, el viernes tuvo un Zoom en el cual se le brindó apoyo: un grupo de funcionarios judiciales, defensores, asesores tutelares y juezas debatieron en una jornada organizada por el Foro Argentino de Derecho, Género y Justicia.
“La independencia judicial se pierde cuando cualquier juez deja de decidir para evitar un costo personal”, la defendió la magistrada del juzgado Penal 15, Karina Andrade, quien había estado en el centro de una polémica por liberar 114 detenidos por las fuerzas federales en una violenta marcha por los jubilados.
“La independencia judicial se pierde cuando cualquier juez deja de decidir para evitar un costo personal”, dijo la jueza Andrade en defensa de su colega De Marinis
Dada la magnitud que tomó el tema hasta Patricia Bullrich opinó que no se debía avanzar con el juicio político ya que la Cámara había podido revisar el fallo de primera instancia. Cuando era ministra de Seguridad, en el caso de la jueza Andrade, ordenó denunciarla penalmente por la liberación de detenidos.
De hecho, cuando el abogado Fernando Soto era quien patrocinaba a la entonces ministra fue quien impulsaba ese tipo de denuncias. Hoy Soto, que ya no es empleado de Bullrich, aunque es uno de los que impulsa la destitución de De Marinis.
