La Justicia pide datos a Israel y Gran Bretaña sobre la composición societaria de las empresas que buscan petróleo en Malvinas
El juez federal Julián Ercolini prepara exhortos a las autoridades judiciales de Gran Bretaña e Israel para obtener información sobre los directivos, representantes legales y composición societaria de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La medida fue solicitada por el fiscal Carlos Stornelli y, según la información a la que accedió Clarín, ya fue aceptada por el magistrado en la investigación por las actividades petroleras que la Argentina considera ilegales en aguas próximas a las Islas Malvinas. Es para identificar y llamar a indagatoria a sus responsables por la violación de varias leyes argentinas y si no se presentan, eventualmente, pedir su captura a Interpol.
El avance de la causa se conoce cuando el presidente Javier Milei tiene prevista una reunión en Nueva York con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Navitas, la operadora del proyecto petrolero Sea Lion, es una compañía vinculada a Israel. El encuentro bilateral estaba programado para este jueves, después de la participación del Presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La causa se abrió por una denuncia del Gobierno luego del discurso de Milei del 3 de septiembre en el cual anunció un endurecimiento de su posición sobre Malvinas, tras enterarse que esas empresas preveen sacar petróleo antes de fin de año de las aguas de Malvinas.
En su última presentación, Stornelli amplió la investigación, iniciada respecto de Desire Petroleum Limited, a Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited. También pidió investigar a las personas que hubieran actuado en nombre o en beneficio de esas sociedades y a eventuales terceros involucrados.
El exhorto al Reino Unido apunta a obtener la información societaria completa de las tres compañías del grupo Rockhopper, la identidad de sus autoridades y representantes legales desde 2012 y la documentación sobre las licencias petroleras otorgadas en las islas o sus proximidades. Stornelli solicitó, además, datos registrales sobre sus posibles vínculos comerciales o societarios con Navitas.
A Israel le requerirán la información societaria de Navitas, la composición de sus órganos directivos y de representación legal desde 2012, y los registros que permitan reconstruir sus relaciones con las empresas de Rockhopper. La identificación de esas personas es un paso de la investigación: el dictamen fiscal no establece todavía responsabilidades penales individuales ni dispone sanciones contra accionistas o directivos.
Según la documentación que Cancillería incorporó al expediente, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited tendría una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033 y en el área del descubrimiento Sea Lion. El 65% restante correspondería a Navitas, señalada como operadora. La fiscalía también investiga otras licencias en las que figuran Desire Petroleum y sociedades vinculadas a Rockhopper.
Stornelli encuadró provisoriamente los hechos en los artículos 7, 8 y 9 de la ley 26.659, que contempla la actividad hidrocarburífera sin autorización argentina en la plataforma continental y la eventual responsabilidad de quienes actúen por las empresas. La calificación definitiva y las posibles responsabilidades dependerán de la prueba reunida durante la instrucción.
Los pedidos aceptados por Ercolini incluyen, además, requerimientos a la Secretaría de Energía para que remita los expedientes completos de las resoluciones dictadas en 2012 y 2013 respecto de Rockhopper, así como cualquier antecedente o medida relacionada con las otras sociedades investigadas. La fiscalía busca identificar qué actividades concretas se comprobaron entonces y qué información oficial existe sobre la estructura y las autoridades de las compañías.
A Cancillería le solicitará los antecedentes del informe del 4 de septiembre de 2026 de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur. Stornelli también pidió que declare como testigo la embajadora Paula Iris Di Chiario, firmante de ese documento, para que explique sus conclusiones y aporte los datos que conozca sobre las actividades investigadas.
Por último, el fiscal requirió informes a la Jefatura de Gabinete sobre posibles actuaciones ambientales vinculadas con las petroleras desde 2012, y al Ministerio de Seguridad sobre denuncias o investigaciones de las fuerzas federales. También pidió comprobar si existen otras causas judiciales sobre las mismas compañías.
La cooperación judicial con Gran Bretaña e Israel permitirá determinar quiénes integraron y dirigieron las sociedades durante el período investigado. Con esa información, la fiscalía buscará precisar el papel de cada empresa y de las personas que intervinieron en el proyecto petrolero cuestionado por la Argentina.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
