Un gremialista de Télam va a juicio oral por enriquecimiento ilícito
Luis Omar "Lucho" Giménez ocupó durante varios años un lugar particular dentro de Télam: era subgerente de la agencia estatal y, al mismo tiempo, conducía el Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren). Esa doble condición quedó bajo análisis de la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito en la que fue procesado en 2019 -junto a su esposa y embargados en US$ 4 millones-, que ahora volvió a avanzar cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de su defensa y dejó la causa en condiciones de avanzar hacia el juicio oral y público.
"Lucho" Giménez es un dirigente gremial peronista muy cercano a Hugo Moyano. Su vínculo con el jefe camionero se remonta a los años en que Sitrapren se incorporó a la Corriente Nacional Sindical Peronista impulsada por Moyano. Esa relación política y sindical formaba parte del escenario interno de Télam cuando comenzó la investigación sobre su patrimonio.
Es que los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazaron la queja presentada por Giménez y Romina Elisa Falcón, su pareja y también exempleada de Télam. La defensa intentó cerrar el proceso argumentando que, durante parte del período investigado, Giménez no reunía la condición de funcionario público necesaria para aplicarle el delito de enriquecimiento ilícito entre los años 2007 y 2019.
Los camaristas señalaron que la resolución del Tribunal Oral Federal N° 8 que rechazó ese planteo "no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva", porque "no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción". Y entonces removieron los últimos obstáculos para que se realice el juicio oral.
La causa judicial se inició en 2018, a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción. En ese momento, Giménez ocupaba la Subgerencia del Departamento de Logística e Ingresos de Télam y, al mismo tiempo, conducía el gremio Sitrapren. .
En 2019, el juez federal Sebastián Ramos procesó a Giménez por enriquecimiento ilícito y dispuso un embargo de $90 millones, que eran equivalentes a dos millones de dólares. También procesó a Falcón y fijó un embargo por el mismo monto.
Según la resolución de Ramos, Giménez registró desde 2007 "un incremento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos ni con sus antecedentes financieros". El juez analizó distintas operaciones, bienes y movimientos de dinero para determinar si podían ser explicados por sus ingresos declarados.
Uno de los elementos que tuvo en cuenta el magistrado fue la situación de Nahuel Cruz Amarilla, entonces empleado de Télam, quien habría actuado como testaferro del gremialista y directivo de la agencia. Según la investigación, el trabajador le otorgó a Giménez un poder amplio para administrar y disponer de sus bienes. Después aparecieron a su nombre distintos inmuebles en Wilde, entre ellos un chalet y un departamento con cochera.
En una de sus declaraciones, Cruz Amarilla relató cómo se produjo una de esas operaciones. Según consta en el expediente, contó que llegó a un banco y se encontró con un escribano, Giménez, Falcón y una mujer vinculada a una inmobiliaria. Allí "se enteró que Giménez le estaba poniendo una casa a su nombre".
Una de esas propiedades fue adquirida por US$ 55.000 en efectivo, según los elementos reunidos en la causa. El dato fue incorporado a la investigación porque, de acuerdo con el expediente, Cruz Amarilla tenía en ese momento un salario de alrededor de $10.000 mensuales, que equivalían a poco más de US$ 200.
La investigación también detectó otros movimientos patrimoniales. Migraciones informó que Giménez realizó 33 viajes al exterior entre 2007 y 2017. Y cuando declaró ante la Justicia dijo ser dueño de dos vehículos, pero los registros automotores consignaban cinco, que eran un Rover, un Renault Laguna, un Volkswagen Vento, una coupé Hyundai y un Audi.
Otro elemento analizado fueron sus cuentas bancarias. Según la información incorporada a la investigación, Giménez tenía cuentas en Santander Río, BBVA Francés, Citibank, ICBC y Comafi, con movimientos que rondaban los $400.000 mensuales, que equivalían a US$ 8.700.
La causa también alcanzó a Falcón. La acusación sostiene que colaboró con Giménez para ocultar o disimular parte del incremento patrimonial mediante bienes registrados a su nombre. Ambos fueron procesados en 2019 y la causa fue elevada a juicio oral al año siguiente. Pero con diversas presentaciones judiciales lograron frenar la realización del juicio oral, hasta que ahora se removió el último de los obstáculos.
En 2020, la defensa intentó frenar el avance del expediente mediante un planteo de nulidad contra el requerimiento de elevación a juicio. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó entonces esa presentación y sostuvo que la resolución cuestionada no era una sentencia definitiva ni ponía fin al proceso.
El planteo que acaba de resolver Casación es diferente. La defensa sostuvo que, durante determinados períodos de los hechos investigados, Giménez no reunía la condición de funcionario público necesaria para que pudiera aplicársele el delito de enriquecimiento ilícito.
El Tribunal Oral rechazó ese argumento en julio de 2026 y consideró que la discusión debía analizarse durante el juicio oral. La defensa recurrió entonces ante Casación. Y ahora los jueces Hornos y Borinsky consideraron que la decisión del Tribunal no podía ser revisada en esta instancia porque no ponía fin al proceso.
Por eso, resolvieron “no hacer lugar a la queja” presentada por Giménez y Falcón, lo cual permite que el expediente continúe su trámite hacia el juicio oral.
El expediente contra Giménez tiene además un antecedente que permite entender el particular escenario que atravesaba Télam en esos años. Mientras la Oficina Anticorrupción y las autoridades de la agencia impulsaban la investigación sobre su patrimonio, el dirigente sindical mantenía un enfrentamiento con la conducción de la empresa desde Sitrapren.
Ese conflicto también terminó en los tribunales. Sitrapren denunció a integrantes de la conducción de Télam por irregularidades en la contratación del servicio de comedor de la agencia. A partir de esa denuncia se inició otra causa, en la que el juez federal Ariel Lijo procesó a Carlos Villoldo, exgerente de Relaciones Laborales y Logística, y a Juan Carlos Gerding, exgerente general, tal como informó este miércoles Clarín.
Según la resolución de Lijo, ambos intervinieron en la selección y contratación de La Cocina del Virrey entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, sin cumplir con los procedimientos previstos por el Reglamento de Compras y Contrataciones de Télam. La empresa pagó $2.056.730 (unos US$ 135.000) por ese servicio y, según el juez, no hubo licitación, orden de compra ni contrato que regulara la prestación.
Las dos investigaciones son independientes y tienen imputados y hechos diferentes. Pero ambas se originaron en medio de los conflictos que atravesaba Télam durante esos años. En una, la Oficina Anticorrupción investigó el patrimonio de Giménez, que además de ocupar una subgerencia de la agencia conducía Sitrapren. En la otra, el sindicato que él encabezaba denunció a dos autoridades de Télam por la contratación del comedor durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri.
A la vez, en Télam había un fuerte enfrentamiento entre el Sitrapren y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que creció en la agencia estatal oponiéndose a la conducción de Giménez.
Télam dejó de funcionar como agencia de noticias en marzo de 2024, pero siguió como agencia de publicidad, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció el cierre de la empresa estatal y dispuso la suspensión de sus actividades, de donde desvinculó a 400 periodistas, fotógrafos y personal administrativo.
Desde entonces, Télam se reconvirtió en la Agencia de Publicidad del Estado (APESA), con casi 200 empleados en la sede de Télam de la calle Bolivar; mientras que otros 200 fueron transferidos a Radio y Televisión Argentina (RTA, la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública), que siguen trabajando en el edificio de avenida Belgrano de la exTélam, en el barrio porteño de San Telmo.
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