Vicentin: para el BCRA, el Nación manejó mal los créditos a la empresa pero no multará al banco ni a los directores

Seis años y medio después de la caída de Vicentín, el Banco Central dio por cerrada una investigación en la que concluyó que el Banco Nación cometió faltas en la gestión de los créditos otorgados a la agroexportadora que cayó en concurso de acreedores en 2020, pero aun así decidió no aplicar multas económicas, ni a la entidad pública ni a sus ex directivos.

El cierre del sumario financiero fue firmado por el BCRA el 14 de septiembre y determinó que hubo incumplimientos a las normas prudenciales de exposición del patrimonio del Banco Nación a créditos riesgosos. Pero al mismo tiempo consideró que una serie de circunstancias justifican que la sanción sea solo un apercibimiento, es decir, una multa administrativa sin costo monetario.

El apercibimiento fue determinado para la entidad y ex directivos como el ex presidente Javier González Fraga, el ex vice Lucas Llach, los directores Carlos Alberto Castellani, Miguel Ángel Arce, Jorge Alberto Lawson, Ercilia Antonia Nofal, el ex gerente general Juan José Fragati y el subgerente de banca corporativa Martín Enrique González.

El expediente fue abierto en 2020 e investigó tres aspectos de la relación que mantuvieron el Nación y Vicentin en los años anteriores: las deficiencias en la gestión del riesgo de crédito, la clasificación y seguimiento de la situación de la compañía y los reiterados excesos en los límites de exposición al riesgo crediticio.

Uno de los episodios centrales ocurrió en agosto de 2019. En ese momento, en plena crisis financiera tras las elecciones primarias presidenciales, comenzaron a vencer prefinanciaciones de exportaciones de Vicentin otorgadas por el BNA que no fueron canceladas.

El BCRA detectó que la exposición del Nación había superado los límites regulatorios de exposición crediticia y pidió explicaciones al banco. El 7 de octubre de ese año, el BNA informó que el incumplimiento estaba vinculado principalmente con Vicentin.

El Nación venía ampliando progresivamente los márgenes de financiación de Vicentin, en particular para operaciones vinculadas con exportaciones. El Central cuestionó tanto la forma en que se evaluó y monitoreó ese riesgo como los mecanismos internos utilizados para controlar la exposición.

El expediente habla del límite de Grandes Exposiciones al Riesgo Crediticio (GERC), que establecía que la exposición a un grupo económico no podía superar el 15% del capital principal de la entidad pública. En agosto de 2019 ese tope había sido excedido en $4.425 millones.

Sin embargo, al momento de definir la sanción, el BCRA adoptó una posición más leve en relación a las irregularidades que detectó la Superintendencia de Entidades Financieras. La autoridad consideró probado que hubo incumplimientos, pero matizó que no habían sido producto de una maniobra deliberada para ocultar o eludir las normas.

En particular, aseguró que los excesos de exposición habían sido informados por el Nación al BCRA. Esa particularidad no eliminó la infracción pero hizo concluir al ente regulador que es un caso distinto a aquellos en los que una entidad intenta ocultar el incumplimiento al organismo de control.

También tuvo en cuenta la información disponible en aquel momento sobre Vicentin: el BCRA mencionó que la verdadera magnitud de la crisis de la empresa no era necesariamente previsible en 2019.

Otro argumento utilizado para reducir la sanción fue la existencia de factores externos, entre ellos la devaluación del peso desde mediados de 2019, y otras medidas del BNA, como por ejemplo la de girar dividendos al Tesoro nacional, lo que afectó el patrimonio y aumentó la exposición a la deuda de Vicentín.

Con esos elementos, el BCRA decidió apartarse de la valoración sancionatoria que propusieron los técnicos y solo la dejó en un apercibimiento, que en la práctica es solo una sanción administrativa, que no implica una multa económica. "Es una tarjeta amarilla, un antecedente, pero no representa una inhabilitación de ningún tipo", explicó una fuente con conocimiento de las regulaciones del Central.

La resolución también tuvo en cuenta una particularidad institucional del Banco Nación: su carácter de entidad pública y sus funciones como agente financiero del Estado y de apoyo al comercio exterior.

El resultado final fue un apercibimiento para el Banco Nación y nueve funcionarios y exdirectivos, mientras que otros seis recibieron un llamado de atención. No hubo, entonces, multas económicas. El expediente del BCRA corre en paralelo a la causa judicial que investiga si hubo connivencia entre funcionarios del banco y la empresa.

El Grupo Grassi, una firma rosarina dedicada al corretaje de granos, se quedó a fines de 2025 con el control de la agroexportadora luego de imponerse en el proceso de salvataje y obtener la homologación judicial del acuerdo.

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