Escándalo en la quinta de Olivos: reincorporan a los 12 empleados despedidos y los reubican

El Gobierno aceptó reincorporar a los 12 contratados cesanteados el último jueves de la quinta de Olivos como parte de la reestructuración del personal que asiste a Javier Milei y del despido de la mano derecha de su hermana Karina, Belén Agudiez, en medio de versiones por supuestas irregularidades en la compra de la mercadería que abastece al complejo.

Según informó a este diario la junta de Presidencia del gremio ATE, en las últimas horas los delegados reclamaron la reincorporación de los 12 empleados de la Residencia Presidencial despedidos. Tras las negociaciones con funcionarios de Secretaría General, el organismo dependiente de Karina Milei decidió reubicar al personal afectado. Previamente intervino Casa Militar, que de ahora en más tendrá a su cargo la total operatividad del complejo, y así se resolvió que los empleados puedan continuar trabajando en el estado.

La decisión de desplazar al personal civil de la quinta presidencial había sido comunicada la semana pasada y obedeció a un repentino malestar del Presidente. Las versiones sobre el cambio de postura del mandatario no son precisas, pero van desde acusaciones por la filtración de información "privada", reuniones "nocturnas" no vinculadas al jefe de Estado o gestiones como la compra de 27 mil kilos de productos cárnicos para abastecer al predio de Olivos, por caso.

Al respecto, desde ATE indicaron que el personal reincorporado será distribuido entre Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en 25 de Mayo al 600. "Faltan los papeles y algunos otros detalles", indicaron. Otro dato sorpresivo es que, pese a los anuncios del Gobierno, aún sigue yendo a trabajar personal civil a la quinta presidencial.

Se trata de unos 40 empleados, la mayor parte de planta permanente, que son camareros o personal de jardinería. En los hechos, la comunicación oficial daba cuenta de que "la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, se cumplimentará en un máximo de 60 días". En el gobierno confirmaron que esa es la intención, incluso que personal militar capacitado se desempeñe como "camareros", pero que hoy manda una "transición".

Las modificaciones normativas disolvieron "la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece", según se informó. Desde hace días se convoca a personal de Casa Militar para hacer "horas extras".

La controversia, con todo, disparó un apéndice judicial: la diputada Marcela Pagano se presentó en tribunales y denunció a Karina Milei, Agudiez y al exintendente de la quinta de Olivos, Osvaldo Sosa, entre otros. La legisladora pidió investigar si el "emprendimiento gastronómico" -denominado "Pancitos Caseros"- del depuesto intendente del complejo y su mujer -Analia Agudiez- se habría visto beneficiado con mercadería adquirida a través de licitaciones oficiales destinadas a la compra de alimentos para la Quinta de Olivos.

La subsecretaria cesanteada no tenía buen vínculo con el personal de Casa Militar. Pero su destino quedó sellado tras la decisión del propio Javier Milei que dé un paso al costado. Entre los cuestionamientos que se le hicieron, fueron las reuniones nocturnas atribuidas al Sosa y a su entorno y otras "desprolijidades" vinculadas al ex intendente y su mujer.

Según pudo reconstruir este diario, el despido de Agudiez provocó un duro cruce entre Milei y su hermana Karina, que intentó blindarla hasta último momento. En uno de los tramos de la discusión con el mandatario, le habría dicho, palabras más, palabras menos: "¿Querés que la eche, la echo pero vamos a tener consecuencias" con dicha polémica. Se refería a la eventual utilización política que le daría la oposición al tema. La diputada Pagano insiste en que hubo irregularidades en la compra de mercadería y esta semana amplió su denuncia judicial, que quedó en el juzgado de Ariel Lijo, el mismo que investiga las desventuras del ex jefe de gabinete Manuel Adorni.

La diputada del bloque Coherencia sostiene, en su presentación, que pudo recabar documentación que daría cuenta de "la existencia de un esquema de negocios privados montado desde la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, con personal pagado por la Secretaría General de la Presidencia, en torno a un emprendimiento de catering de la familia del intendente de la residencia".

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