El Gobierno rechazó la decisión de Reino Unido de extender por cinco años las licencias petroleras en las Malvinas
El Gobierno argentino presentó este martes una nota formal de protesta en la embajada de Reino Unido luego de que el gobierno de las islas Malvinas decidiera, con aprobación de la gestión británica, extender las licencias petroleras offshore por cinco años. La medida fue anunciada por el canciller Pablo Quirno.
En un comunicado, la Cancillería acusó la medida de un “acto ilícito” y advirtió que las empresas que continúen con la explotación petrolera en la plataforma continental argentina sufrirán las sanciones correspondientes.
“Se presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se expresa el enérgico rechazo del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de ‘licencias’ de producción de hidrocarburos offshore, así como de la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001″, expresó en el comunicado.
El anuncio del gobierno de Malvinas, con aprobación del Reino Unido, no precisó la cantidad de empresas beneficiadas. Sin embargo, aquellas de principal interés para el gobierno argentino son las involucradas en el proyecto Sea Lion: la británica Rockhooper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, las que serán las más beneficiadas por la medida.
“La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”, sostuvo la cartera.
La Cancillería recordó que toda actividad hidrocarburífera sobre la plataforma continental argentina que no cuente con la expresa autorización de las autoridades argentinas constituye “un acto ilícito tanto para el derecho internacional como para el derecho argentino”.
“La República Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea la propia para establecer las condiciones que hagan posibles las actividades referidas a hidrocarburos en la plataforma continental argentina”, remarcó.
Además, reiteró que usará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance” para “defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal nuestros recursos naturales respondan ante la ley”.
Y advirtió de las sanciones: “Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes”.
La extensión de las licencias petroleras se conoció casi una semana después de que Reino Unido publicara una guía de respaldo a las empresas que operan en el archipiélago y tres días después de que la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificara de “inaceptables” los procedimientos argentinos contra esas compañías.
El gobierno de las islas Malvinas anunció la prórroga de todas las licencias de producción de hidrocarburos en alta mar vigentes el pasado lunes a través de un comunicado en su sitio web. Allí detallaron que las licencias, que actualmente se encuentran en fase de exploración, se extenderán por un período inicial de cinco años, con la opción de dos años adicionales a discreción del gobierno local.
También aprobó la adquisición por parte de Navitas Petroleum de una participación del 65% en la zona de licencia PL001, el bloque adyacente al campo Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas.
La diputada Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales, declaró que las prórrogas “brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles seguir invirtiendo y desarrollando sus terrenos”.
“Estos son nuestros recursos para desarrollar, y nos aseguraremos de que se desarrollen de manera responsable, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en materia de normas ambientales y de seguridad, con el fin de generar beneficios a largo plazo para las generaciones presentes y futuras de los habitantes de las Islas Malvinas”, sostuvo.
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