Con el cobre en camino, el 75% de los sanjuaninos rechaza que lleguen trabajadores de otras provincias o países
El cobre concentra buena parte de las expectativas económicas de San Juan, pero sus habitantes tienen una preferencia clara sobre el destino de los beneficios. Según una encuesta privada de Poliarquía Consultores realizada en junio -sobre una muestra de 200 casos-, a la que pudo acceder Clarín, el 80% de los sanjuaninos cree que los beneficios de la producción cuprífera deberían favorecer principalmente a la provincia. El 18% considera que deberían distribuirse entre San Juan y el resto del país.
La preferencia más acentuada de los sanjuaninos por lo local aparece cuando se pregunta por el empleo. El 75% está en contra de que lleguen trabajadores de otras provincias o países para cubrir puestos en San Juan. Un año antes, esa proporción era del 64%.
En paralelo, el respaldo a la producción de cobre sigue siendo mayoritario: el 63% está a favor y el 13% en contra. Sin embargo, la aprobación era del 70% en diciembre de 2025. En ese período, quienes no respondieron o no definieron una posición pasaron del 17% al 24%.
El debate tiene además un marco propio. San Juan cuenta con una ley de desarrollo local que pretende alcanzar un 80% de empleo minero sanjuanino y canalizar al menos el 60% de las compras de bienes y servicios hacia empresas locales.
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aclaró que esos porcentajes funcionan como metas y no como condiciones automáticas de contratación. “¿Cómo te puedo exigir con una ley que compres lo más caro?”, planteó a Clarín en una charla previa. El objetivo es que los proyectos contraten proveedores sanjuaninos porque pueden responder a sus necesidades y no únicamente por una obligación legal.
La disputa por los contratos mineros también se reproduce puertas adentro de San Juan, donde funcionan al menos 15 cámaras y asociaciones de proveedores y servicios. Seis representan a empresas vinculadas con Iglesia, dos con Calingasta y una con Jáchal, los departamentos más próximos a los principales proyectos.
A ellas se suman entidades provinciales, interdepartamentales y especializadas por actividad. Cuando se habla de contratar proveedores “locales”, también aparece la pregunta sobre qué departamento recibirá esas oportunidades.
Las seis entidades identificadas con Iglesia son CESI, CAPRESMI, CAISMI, CADEMI, la Cámara Minera Iglesiana Tierra Minera y AITURIC. En Calingasta figuran CAEMCA y CASEMICA; en Jáchal, CAPSEMIJA. La cantidad de organizaciones muestra que la representación de los proveedores tiene una escala departamental, además de provincial.
La discusión cobró una dimensión nacional la semana pasada. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, tras reunirse con ejecutivos de Vicuña y Glencore, compañías que impulsan grandes proyectos de cobre en San Juan, además de Río Tinto, que el 29 de octubre realizará en la ciudad de Rosario la primera Ronda de Negocios RIGI. El anuncio apunta a vincular a grandes inversores de minería con proveedores de bienes y servicios de todo el país.
La expectativa sanjuanina por el cobre convive, además, con una preocupación más inmediata. El 45% de los consultados dijo estar muy o bastante preocupado por perder su trabajo o su principal fuente de ingresos. Los grandes proyectos prometen actividad, pero su desarrollo llevará años. La demanda de empleo y contratos locales, mientras tanto, ya está instalada.
Redactora de la sección Economía, especializada en minería y energía. [email protected]
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