La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, o aplicará multas diarias
El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Gobierno a que en un plazo de cinco días le de "cumplimiento total" a la medida cautelar que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, en los artículos 5 y 6, de recomposición de salarios docentes y no docentes, y de becas estudiantiles.
La decisión del magistrado, a la que accedió Clarín, se conoció esta tarde y era muy esperada por las Universidades nacionales, que habían reclamado hace semanas una intimación judicial. La medida cautelar del mismo juez federal Cormick, de diciembre pasado, tuvo aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme con un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado.
" En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora", indicó el juez Cormick en su fallo.
"Es una excelente noticia, algo que habíamos solicitado en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución. Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados", le dijo a Clarín el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Y agregó: "Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente".
Las Universidades y gremios del sector estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. El Gobierno ofreció 3% en la ultima paritaria, días atrás, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria el 15 de octubre, y medidas de fuerza gremiales en demanda del cumplimiento de la ley. Por caso, este mismo martes se llevó adelante un nuevo paro docente.
La Ley de Financiamiento se sancionó en 2025 en el Congreso, pero Javier Milei ejerció la facultad del veto presidencial. La norma volvió al Parlamento, donde en un hecho inédito, fue insistida -según manda la Constitución Nacional- por dos tercios de los votos en cada Cámara. El último paso fue en el Senado, el 2 de octubre de 2025, por mayoría aplastante: 58 votos a favor, contra 7 de los mileístas.
Pero el Ejecutivo promulgó la ley, dejándola al mismo tiempo suspendida en su aplicación, al aducir no tener especificadas las fuentes de financiamiento. Allí fue que las Universidades nucleadas en el CIN iniciaron la demanda en la Justicia.
El juez Cormick aun debe fallar sobre la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o no del decreto presidencial que dejó sin aplicar la ley. Pero en diciembre dictó la cautelar de aplicación "inmediata" de los artículos 5 y 6 de la ley: que el Gobierno pague la recomposición de salarios y becas. El magistrado consideró incluso en ese momento, que la no concesión de la medida implicaría un ahorro presupuestario “poco significativo”, y citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubican el impacto fiscal de la Ley de Fondos en un 0,23% del PBI.
Sin embargo, en su tortuoso camino, la ejecución de la cautelar fue suspendida por la Justicia ya este año a la espera de que la Corte Suprema decidiera sobre la última apelación del Gobierno, lo que sucedió el 25 de junio. La Corte rechazó el recurso del Gobierno de Milei, y allí la cautelar quedó firme.
En medio, el Gobierno tuvo otro duro revés cuando en forma inesperada, en la votación del Presupuesto 2026 el 18 de diciembre se rechazó el Capítulo XI que incluía la derogación de la Ley de Financiamiento y de la Emergencia en Discapacidad.
Desde que quedó firme, las Universidades pidieron al juez que intimara el cumplimiento de la cautelar. El Gobierno, que en un hecho sin precedentes históricos, puso al aparato jurídico del Estado nacional, a litigar contra las Universidades públicas, y contra una ley del Congreso sancionada e insistida por dos tercios, apeló a todos los vericuetos. En los últimos tiempos, argumentó ante la Justicia que estaba "pagando" la ley, en base al acuerdo paritario del 10 de junio pasado, donde se acordó una recomposición de 24,3%. Incluso reclamó que se dejara sin efecto la cautelar. El juez les dijo que no, y ahora avanzó en la ejecución de su sentencia cautelar.
A todo esto, la disputa sigue en terreno legislativo por los fondos para 2027. Las Universidades hicieron su presupuesto para salarios y funcionamiento, que llega a los $11 billones. Pero el Gobierno asignó en el proyecto enviado al Congreso, y que empezará a debatirse en octubre, $7,2 billones. En sus números, el Ejecutivo tampoco contempló cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
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