Apertura versus opacidad en elecciones: Colombia y Brasil, dos caminos distintos
La observación electoral internacional es uno de los pilares fundamentales para garantizar la integridad, transparencia y legitimidad de las democracias contemporáneas. Al permitir que expertos externos evalúen de manera imparcial el desarrollo de los comicios, los Estados no solo rinden cuentas ante su ciudadanía, sino que fortalecen la confianza colectiva en las instituciones encargadas de velar por el voto popular. Sin embargo, la región latinoamericana presenta marcadas asimetrías en la materia: mientras algunos países han consolidado un modelo de puertas abiertas y vanguardia tecnológica, otros exhiben limitaciones regulatorias que derivan en exclusiones injustificadas. El contraste entre Colombia y Brasil, ambos protagonistas de procesos electorales decisivos en 2026, es un fiel reflejo de estas dos realidades contrapuestas.
Colombia se ha consolidado como un referente regional de auditoría externa y puertas abiertas, gracias a la articulación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las elecciones presidenciales de 2026 marcaron el mayor despliegue de veeduría en la historia comicial del país: se acreditaron formalmente más de 1.300 observadores internacionales pertenecientes a más de 26 misiones y organismos especializados —entre ellos la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, la UNIORE y organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Electoral—, triplicando la presencia internacional registrada en el balotaje de 2022. A nivel doméstico, la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) desplegó más de 2.500 veedores cubriendo el 77% del potencial electoral, mientras las fuerzas políticas acreditaron una cifra récord de 373.612 testigos electorales (105,3% más que en 2022). Los observadores tuvieron acceso directo a auditorías independientes de los sistemas informáticos y seguimiento en tiempo real de la digitalización de más de 360.000 actas de escrutinio.
Un actor clave en esta política de apertura ha sido el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, quien en medio de la campaña de desinformación sobre el software electoral promovida por el entonces presidente Gustavo Petro —uno de los temas más polémicos del proceso—, convocó al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para que auditara los sistemas informáticos electorales. Ahora le toca al Registrador Penagos asumir la jefatura de la Misión de Observación Electoral Internacional de la UNIORE para las elecciones generales de Brasil del 4 de octubre de 2026, una responsabilidad que confirma el peso que ha adquirido Colombia como referente de transparencia electoral en la región.
Este despliegue masivo ratifica que el Estado colombiano no concibe la fiscalización externa como una intromisión a su soberanía, sino como una garantía indispensable para robustecer la confianza ciudadana y disipar dudas en contextos de alta polarización.
La contraparte de este esquema la encarna Brasil, donde las autoridades electorales han adoptado un modelo más restrictivo. El punto de inflexión más crítico se produjo de cara a los comicios generales de 2026, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) denegó, de forma controvertida, la acreditación a la Misión de Observación Electoral Internacional de Transparencia Electoral. En respuesta al rechazo de la acreditación, la organización publicó un comunicado que calificó la decisión del tribunal de “arbitraria”, advirtiendo que rompía de manera tajante una trayectoria previa de cooperación técnica.
El carácter arbitrario resulta aún más evidente al contrastar con el propio historial de Transparencia Electoral en el país: aunque la organización no fue acreditada en 2026, sí lo fue en 2022, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones internacionales especializadas en observación electoral acreditadas en la historia de Brasil. El rechazo de 2026 deja así al descubierto la ausencia de criterios claros y consistentes del TSE para acreditar misiones internacionales, línea que se agudiza si se considera que, mientras se le cerraba la puerta a Transparencia Electoral, el tribunal sí acreditó a la Liga de los Estados Árabes —integrada por 18 regímenes de corte autoritario— para observar los comicios de 2026. Se trata de una Liga sin ningún tipo de expertise técnica.
La raíz de esta problemática reside en un profundo vacío de seguridad jurídica. El marco normativo brasileño carece de una ley formal, dictada por el Congreso Nacional, que incorpore la observación electoral internacional como una garantía institucional permanente. Toda la estructura de acreditaciones depende de normativas internas y transitorias, como la Resolución TSE n.º 23.678, lo que dota a la autoridad electoral de un amplio margen de interpretación. Esta falta de blindaje legal permite que la aceptación o el rechazo de misiones técnicas de observación quede sujeta al criterio cambiante —o político— de los magistrados de turno, transformando un derecho ciudadano global en una concesión discrecional del Estado.
La comparación entre ambos países evidencia los riesgos de delegar la supervisión de las elecciones a reglamentaciones de carácter administrativo. Mientras Colombia ha sabido capitalizar la presencia de observadores internacionales para dotar de solidez institucional a sus comicios, las restricciones y la falta de criterio del TSE siembran innecesarias sombras de sospecha sobre la transparencia de sus resultados, en un contexto de altísima polarización política. Un tema no debería pasar inadvertido: mientras que el instrumento de votación de Colombia es la boleta única de papel que facilita el control partidario, en Brasil utilizan una urna electrónica que contiene el registro electoral por mesa, registra el voto del ciudadano y transmite estos resultados a partir de la carga de un pendrive con la información. Todo esto se hace sin que la urna electrónica emita un respaldo físico, es decir, un comprobante de papel. Se trata de un voto electrónico puro y duro que una autoridad electoral federal impulsó en la década de los 90, cuando detentaba prestigio y no estaba politizada. La actualidad es otra. Según la última encuesta de Latinobarómetro la credibilidad del Tribunal Superior Electoral, como así también del Supremo Tribunal Federal, se ha derrumbado, y la percepción de la manipulación de resultados crece entre los encuestados. La figura de Alexandre de Moraes, hoy comprometido con casos de corrupción, ha hecho mucho daño a estas instituciones. Todo indica que este déficit se hará notar cuando se anuncien los resultados de la primera y la segunda vuelta. Cuando no hay confianza en las instituciones encargadas de realizar elecciones, la tensión y la conflictividad política crece.
Para que la democracia sea plena, la observación electoral no puede quedar al arbitrio de la simpatía —o antipatía— de los tribunales de turno. Se trata de fortalecer los controles cruzados. El reclamo de una nueva ciudadanía, de organizaciones de la sociedad civil y de actores de la comunidad internacional democrática resuena con urgencia: resulta imperativo que naciones como Brasil avancen hacia reformas legislativas que transformen la veeduría internacional en una obligación estatal ineludible, y no en un filtro regido por la conveniencia institucional del momento.
