Revelan que de cada $100 que genera una hectárea agrícola, $58,2 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales

El Estado se queda con el 58,2% de la renta agrícola una vez descontados los costos de producción, según la medición de septiembre del Índice que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). En términos simples, de cada $100 que genera una hectárea, $58,2 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La participación estatal mostró una leve reducción respecto de junio, cuando había alcanzado el 61,9%. Sin embargo, la carga tributaria continúa representando más de la mitad de la renta agrícola. El resto se distribuye entre el costo de la tierra, que representa el 27,3%, y el resultado agrícola, que alcanza el 14,5%.

La mejora del indicador no estuvo explicada por una reducción de los impuestos, sino por factores vinculados al escenario internacional. “La leve caída de índice no se dio por cambios en los impuestos argentinos en sí, fue por factores en el contexto internacional”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

En ese sentido, el comportamiento de los mercados internacionales tuvo un doble efecto favorable para la renta agrícola. Por un lado, mejoraron los precios de algunos granos, mientras que por otro bajó con fuerza el valor de la urea, uno de los principales insumos utilizados en la producción.

Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y las dificultades logísticas derivadas del conflicto contribuyeron a sostener los precios internacionales. El trigo, por ejemplo, recuperó valor y se ubicó por encima del nivel de un año atrás. En el caso de la soja, la mejora estuvo vinculada a cambios en las estimaciones de producción de Estados Unidos y a una mayor demanda de China.

A la vez, la urea registró una fuerte baja. El precio promedio pasó de US$730 por tonelada en junio a US$570 en septiembre. Esto mejoró la relación entre el valor del fertilizante y el precio de los granos: actualmente se necesitan 2,9 toneladas de maíz y 2,4 toneladas de trigo para comprar una tonelada de urea, frente a las 4 y 3,4 toneladas, respectivamente, que se requerían en junio.

“La relación insumo-producto muestra cuánto esfuerzo necesita hacer el productor para comprar un insumo. Hoy, tanto para maíz como para trigo, se necesitan menos toneladas de grano que en junio para comprar una tonelada de urea”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

Para Antonella Semadeni, economista de la entidad, la combinación de mejores precios agrícolas y menores costos de un insumo clave permitió mejorar el resultado económico del productor. “La mejora de los precios de los granos, junto con la baja de la urea, permitió que el resultado económico o la ganancia del productor mejore. Pero el Estado todavía se queda con una porción mayoritaria de esa renta”, señaló.

La mejora se reflejó en los cuatro cultivos analizados por FADA. La participación del Estado alcanza al 60,7% de la renta en soja, al 53,8% en maíz, al 55,5% en trigo y al 56,8% en girasol.

El trigo aparece como uno de los casos más claros del impacto de la combinación entre precios y costos. El incremento de su cotización, junto con la baja del precio de la urea, permitió que el cultivo mostrara un resultado positivo antes del pago de impuestos. En mediciones anteriores, el margen había sido apenas positivo o incluso negativo.

De todos modos, FADA advierte que los precios del trigo y el maíz continúan por debajo de sus promedios de los últimos cinco años. Por eso, la mejora registrada en septiembre no implica que se hayan revertido todas las dificultades que enfrenta la actividad.

“Esta combinación explica la baja del Índice, pero no cambia el dato de fondo: aún con mejores precios y menores costos para algunos insumos, los impuestos representan más de la mitad de la renta agrícola”, sostuvo Semadeni.

Mientras la urea bajó de precio, otros costos continuaron presionando sobre los resultados. Entre ellos se encuentra el transporte, que aumentó respecto de junio y muestra una suba todavía mayor cuando se lo compara con un año atrás.

Además, el impacto del flete cambia de manera significativa según la ubicación de los establecimientos. La distancia hasta los puertos y los principales centros de comercialización tiene una incidencia directa sobre la renta.

“En una hectárea de maíz, por ejemplo, en Córdoba, San Luis y La Pampa alrededor de 2 de cada 10 camiones de lo que se produce, se destina a pagar el flete”, señaló Semadeni.

“Por eso, el precio del grano no es el único elemento que define la renta agrícola. También importan los costos de producción, la distancia a los mercados, los rindes y la estructura impositiva de cada territorio. Son muchos los factores que entran en juego”, agregó Pisani Claro.

Dentro de la carga tributaria que mide FADA, los impuestos nacionales no coparticipables representan el 55,6% del total. Los nacionales coparticipables explican otro 35,7%, mientras que los provinciales representan el 7,8% y los municipales apenas el 0,9%.

Las retenciones continúan siendo uno de los principales componentes de la carga tributaria. Desde diciembre de 2023, sus alícuotas se redujeron para los principales cultivos, lo que disminuyó su participación dentro del total de impuestos. En paralelo, ganaron peso tributos vinculados al resultado económico, como el Impuesto a las Ganancias.

La medición también refleja diferencias entre las principales provincias agrícolas. Frente a un promedio nacional de 58,2%, la participación del Estado alcanza al 56,9% en Córdoba, 56,1% en Buenos Aires, 53,9% en Santa Fe, 54,7% en La Pampa, 58,4% en Entre Ríos y 55% en San Luis.

Desde FADA aclaran que estas diferencias no implican necesariamente que en una provincia se paguen más impuestos en términos nominales que en otra. El resultado surge de la combinación de rindes, precios, costos, fletes y tributos provinciales y municipales.

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