Ganadores y perdedores del presupuesto 2027
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso fija un “equilibrio fiscal sostenido” como eje. De su lectura, surgen sectores que resultarán beneficiados y otros, perjudicados.
Por un lado, están la energía, la minería, las concesionarias de infraestructura vial y los acreedores financieros. En el otro se encuentran las universidades nacionales, la industria destinada al consumo interno, los discapacitados, la salud pública y la investigación científica.
“El escenario favorece, sobre todo, al agro, la energía y la construcción, y resulta relativamente neutro para minería, petróleo y gas”, sostiene un informe de la consultora MAP Latam. Según el desglose de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), las partidas para “Energía, Combustibles y Minería” registrarán una caída real del 16,4% respecto de 2026, dada la baja de subsidios y el traspaso del financiamiento al sector privado.
En cuanto a infraestructura, el artículo 67 del proyecto introduce un paquete de incentivos para la Red Federal de Concesiones. El Ejecutivo también busca hacerlo permanente, ya que el artículo 72 incorpora los beneficios a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto.
En el sector financiero, según la ASAP, los “Servicios de la Deuda Pública” absorberán $15,23 billones. Aunque muestran una baja técnica en la Administración Nacional.
A su vez, el artículo 42 del proyecto autoriza al Ejecutivo a emitir hasta US$33.700 millones en títulos públicos bajo moneda y jurisdicción extranjera. MAP Latam señala que el Gobierno busca “preservar una emisión internacional para cuando el costo sea más favorable”.
No obstante, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, fundador de la consultora Equilibra, apuntó: “Si bien está permitido colocar deuda en moneda extranjera, casi todo es en Bonares (legislación local). Serían 11.000 millones de dólares, que es un número alto. Si quisiéramos salir hoy a colocar deuda, sería a una tasa altísima”.
El próximo año, el Gobierno prevé para el campo un impulso exportador por la baja gradual de retenciones y ventas al exterior proyectadas en US$133.984 millones. Sin embargo, la estructura técnica del sector sufrirá recortes. Uno de ellos es la eliminación de asignaciones específicas (0,65% sobre las importaciones) que financian de forma directa al INTA, SENASA e INTI. El CEPA advierte una caída del 50% al 57% en los ingresos del INTA y del 40% al 58% en los del SENASA.
Como contó LA NACION, los gastos del INTA caen un 12,4% nominal (de $360.124 millones a $315.538 millones) y pierde 837 cargos (-11,7%). El CEPA consignó que el 42% de sus recursos previstos ($231.337 millones) quedarán retenidos como “aplicación financiera” sin destino a tareas. Además, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) tendrá una suba real del 8,9% ($27.200 millones), mientras que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) caerá un 2,1% real.
“La mayor presión se concentra en actividades orientadas al consumo y expuestas a la competencia importada, especialmente textiles, automotriz, electrodomésticos y electrónica fueguina”, señala MAP Latam. Esto se lo atribuye a una apreciación del tipo de cambio real y un aumento del 8,2% en las importaciones.
Para el régimen especial de Tierra del Fuego, el gasto tributario promocional disminuye del 0,15% al 0,13% del PBI por menores volúmenes esperados de producción.
Los artículos 26 y 27 del proyecto mantienen incentivos fiscales acotados al fijar un cupo de $4000 millones para el desarrollo de “Biotecnología y Nanotecnología” y reasignar los saldos no ejecutados para la “Promoción de la Innovación Tecnológica”.
En este marco, el artículo 17 del proyecto deroga la movilidad automática por inflación de la AUH y asignaciones familiares.
El rubro “Prestaciones a la Seguridad Social” constituye el concepto de mayor volumen presupuestario del Estado. Según la ASAP, las erogaciones ascenderán a $98,08 billones (representando el 48,5% del gasto total de la Administración Nacional y el 58,9% de la función Seguridad Social), lo que implica una expansión nominal del 29,6% (+5,4% real ajustado por IPC).
De todos modos, su informe técnico enciende una alerta sobre el haber mínimo: “Cabe señalar que el mencionado bono, que está fijado en un monto de $70.000 mensuales, se mantendría en el mismo nivel, lo que implica una caída de su valor real del 17% interanual”.
En ese contexto, los artículos 39 y 41 eliminan la homogeneidad del Nomenclador de Discapacidad.
Un dato en el que coinciden las consultoras es que el superávit no traerá alivio impositivo, ya que la presión tributaria sube del 21,06% al 21,70% del PBI (+0,6%). La ASAP precisa que las principales subas obedecen al Impuesto a los Combustibles (+35,7%) por la actualización de sumas fijas, a los Derechos de Exportación (+17,3%) y a los Derechos de Importación (+15,5%).
Un punto polémico del presupuesto tiene que ver con el costo fiscal del RIGI, el programa de estímulo del gobierno libertario. El Ejecutivo argumentó en el presupuesto que “dado que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación, el gasto tributario podrá ser estimado en etapas posteriores”.
“Tienen que poner los números de la renuncia fiscal que va a tener el Estado para esas promociones. Aunque se justifiquen, no se entiende”, cuestionó el economista Nicolás Gadano en diálogo con LA NACION.
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