Londres calificó de “inaceptables” las sanciones de Milei
El gobierno del Reino Unido volvió a pronunciarse ayer sobre la disputa por las islas Malvinas y reafirmó que el archipiélago tiene derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, como parte de la autodeterminación de sus habitantes. La postura llegó a través de un comunicado de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que “las islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”.
La funcionaria calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” las acusaciones y sanciones que la Argentina impulsa contra empresas y particulares vinculados a actividades comerciales en el territorio, en particular en el sector hidrocarburífero. Según remarcó, el gobierno británico y su red diplomática “respaldan plenamente” a esas compañías y trabajarán “incansablemente” con las autoridades de las islas para sostener esa posición.
El pronunciamiento de ayer no es aislado: se suma a una guía oficial publicada por Londres el 15 de septiembre bajo el título “Haciendo negocios con las islas Malvinas”, en la que el Reino Unido sostiene que la Argentina carece de jurisdicción sobre el archipiélago y sobre las firmas que operan allí, y ofrece asistencia legal a las compañías bajo presión de Buenos Aires. La escalada tiene como telón de fondo el proyecto Sea Lion, un yacimiento en la Cuenca Malvinas Norte que explotan la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Días atrás, la Justicia Federal de Río Grande había ordenado a ambas compañías frenar el avance de las obras vinculadas al proyecto.
Endurecimiento. La respuesta británica se produjo horas después de que el Gobierno de Javier Milei enviara al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía Nacional que amplía el alcance de la legislación vigente –la ley 26.659– y extiende las sanciones a cualquier explotación no autorizada de recursos naturales, renovables o no, en las áreas que la Argentina considera bajo su soberanía. La iniciativa, impulsada también por los ministros Luis Caputo, Carlos Presti y Diego Santilli, prevé penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones, y crea un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar la respuesta del Estado frente a este tipo de conflictos.
La Cancillería argentina sostiene que las leyes 26.659 y 26.915 habilitan sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen, directa o indirectamente, en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental. Según el Gobierno, ya se enviaron cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas de 30 países y se iniciaron 60 procedimientos administrativos.
Cruce diplomático. Tras conocerse la guía británica, la Argentina expresó su rechazo y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel –país de origen de Navitas– para entregarles notas de protesta formal. La Cancillería reiteró que los archipiélagos se encuentran, a su criterio, “ilegítimamente ocupados” por el Reino Unido y rechazó que una guía gubernamental extranjera pueda situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional.
El Reino Unido, por su parte, insistió en que medidas similares aplicadas por gobiernos argentinos anteriores no impidieron el crecimiento económico de las islas y afirmó que existen “enormes oportunidades” para las empresas interesadas en operar allí.
