Presupuesto 2027: el Gobierno podría ceder fondos para Discapacidad y Universidades
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo desató un cimbronazo político al incluir un fuerte ajuste en Discapacidad. La iniciativa movilizó las tensiones con los bloques aliados e impulsó cruces internos con Patricia Bullrich como figura central, llevando a la posibilidad de que se revierta la decisión del oficialismo.
En medio de la tensión, fuentes oficiales le habrían confirmado a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta, teniendo en cuenta que se encuentran "muy cerca" de alcanzar un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo que inició el conflicto.
El presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso profundiza el ajuste en Ciencia y Universidades
La disputa inició con el intento de la oposición de prorrogar la Emergencia en Discapacidad fijada hasta fin de año y la posibilidad de llevar la propuesta a mediados de octubre. Para frenar la embestida en el recinto, el oficialismo prometió consensuar una propuesta superadora con el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales de la Cámara.
No obstante, el texto presupuestario ingresó el martes con modificaciones drásticas e inesperadas y un fuerte ajuste al área. La maniobra tomó por sorpresa al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
La falta de coordinación ante lo conversado expuso fallas en la Mesa Política integrada por el ministro Luis Caputo, el jefe de Gabinete Diego Santilli a través de su vice Ignacio Devitt, y Santiago Caputo mediante María Ibarzábal Murphy, secretaria de Legal y Técnica.
Entre otras cosas, el polémico texto reimponía el concepto de invalidez laboral para acceder a la Pensión No Contributiva, fijada en 70% del haber mínimo; eliminaba el Certificado Único de Discapacidad como trámite directo y dejaba las exigencias a la reglamentación del Ejecutivo; vetaba la posibilidad de trabajar en blanco de forma simultánea, cancelando la pensión ante cualquier alta tributaria y en prestaciones, suprimía el arancel único del Nomenclador para delegar las cifras en cada obra social, provincia o empresa prepaga.
Luego de la polémica, los legisladores oficialistas reabrieron las negociaciones con aliados y prometieron remover los artículos en conflicto. En el nuevo esquema se restablecería la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo registrado, como así también garantizaría el alcance universal y la actualización bimestral del Nomenclador de Prestaciones Básicas.
De todas formas, los bloques opositores dialoguistas expresaron cautela a la espera de la letra chica del proyecto definitivo del Gobierno.
La oposición salió al cruce del Presupuesto 2027 y alertó por cambios en discapacidad, pensiones y cobertura de salud
La discusión presupuestaria también alcanzó los fondos para Universidades, donde el oficialismo está dispuesto a elevar los fondos previstos en el Presupuesto 2027 hasta alcanzar un acuerdo y utilizarlo para salir del conflicto que actualmente se encuentra en la Justicia.
Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades cercanas a $11 billones, el proyecto del Gobierno fija unos $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales, presentando una diferencia de $3,65 billones y siendo uno de los ejes centrales de negociación.
En este escenario, Nación no quiere aceptar automáticamente la cifra del CIN y espera negociar un monto superior al enviado originalmente esperando que para las universidades resulte suficiente para reencauzar la disputa judicial, teniendo en cuenta que la Ley 27.795 estableció mecanismos de recomposición salarial y actualización del financiamiento universitario.
