Conflicto con Mendoza, Vaca Muerta y una advertencia del gobernador de La Pampa a Nación: “No pretendan que entre en una ‘paritaria’ política”

La Pampa obtuvo una primera resolución favorable en la pelea por las regalías de las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles. La Justicia federal declaró inaplicable y suspendió provisoriamente el decreto nacional que había dejado a la provincia fuera del reparto con Mendoza. El conflicto de fondo sigue abierto, pero el gobernador Sergio Ziliotto sostiene que un acuerdo entre tres partes no puede ser eliminado por una sola.

“Es un decreto innecesario, inviable, descabellado. Cualquier alumno de primer año de Derecho entiende que un acuerdo entre tres no se puede anular unilateralmente”, dice el gobernador en una entrevista con Clarín en su despacho del Centro Cívico de Santa Rosa. Es temprano y sobre la mesa, entre café, mate y medialunas, se suceden decretos, convenios y fallos judiciales.

El acuerdo data de 1992. La Nación transfirió a Mendoza las obras con el consentimiento de La Pampa y el compromiso de repartir las regalías en partes iguales. “Fue homologado por la Corte Suprema y también avalado por las legislaturas de las dos provincias. Más respaldo jurídico no le podés encontrar”, sostiene.

Mendoza argumenta, en cambio, que la totalidad de las regalías le corresponde porque el complejo Los Nihuiles y el tramo del río Atuel utilizado para generar electricidad están íntegramente dentro de su territorio. Su posición distingue el carácter interprovincial del río del lugar donde se encuentra la fuente hidroeléctrica.

El juez federal de Santa Rosa dio traslado a Nación por tres días y otorgó a la provincia diez días para presentar la demanda de fondo. “Pedimos la cautelar para frenar los efectos perjudiciales para la provincia y sus municipios, y nos dieron la razón”, afirma Ziliotto.

Los Nihuiles son parte de la controversia por el Atuel, reconocido como río interprovincial por la Corte Suprema. En 2020, el tribunal fijó un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo para iniciar la recomposición ambiental. “Hace seis años que Mendoza incumple la sentencia, y hace seis años que la Corte no hace cumplir su fallo”, cuestiona.

La disputa no comenzó con el último decreto. En el proceso que Mendoza mantiene ante la Corte Suprema contra el esquema de regalías, el tribunal ordenó dar intervención a La Pampa como cotitular del río. Según Ziliotto, la presentación mendocina ni siquiera reconoce el acuerdo de 1992. “Es una postura que Mendoza viene sosteniendo hace mucho tiempo”, señala.

Para el peronista Ziliotto, el peso económico de las regalías sería marginal dentro del negocio hidroeléctrico. Interpreta, por eso, que Mendoza busca reforzar su posición en la controversia por el Atuel: “Es más una cuestión de principios”. En ese marco ubica su diferencia con su par mendocino, el radical Alfredo Cornejo: “Él defiende a su provincia, yo defiendo a la mía; no meto la grieta en esto”.

Y lleva esa posición al Congreso: “Yo tengo un mandato: si votara una ley que termina perjudicando a mi provincia -como hubiera pasado si votaba a favor de eliminar el régimen de zona fría, que beneficia a la Patagonia- estaría entregando algo para que la gente esté peor de lo que está”, sostiene.

Desde ese lugar se ubica frente al Gobierno nacional. “Conmigo cuenten con todo, pero no pretendan que yo entre en una ‘paritaria’ política, que me quieran canjear algo que me corresponde a cambio de un voto”, advierte. Y deja una condición para la discusión de las reformas pendientes: “Cuando definimos roles, definamos recursos”.

Del agua a las rutas, la conversación conserva el mismo eje: quién administra los recursos, quién afronta los costos y con qué fondos. La Pampa también recibe parte del tránsito pesado que cruza su territorio rumbo a Vaca Muerta (Neuquén). El deterioro de las rutas nacionales, explica Ziliotto, desvió camiones hacia caminos provinciales que no fueron diseñados para esas cargas. “La mano que va hacia el sur es una palangana”, describe; la otra permanece casi intacta porque los vehículos regresan vacíos.

El Ejecutivo envió a la Legislatura provincial un proyecto para cobrar peaje al transporte pesado que no tributa patente en La Pampa. Los autos y los vehículos pesados que ya pagan ese impuesto en la provincia quedarían exceptuados, para evitar una doble imposición. “No le voy a cobrar un peaje a un auto, sea pampeano o no sea pampeano”, aclara.

Frente a las objeciones por el aumento del costo logístico, responde: “No es coercitivo. Pueden seguir utilizando las rutas nacionales si no quieren pagar peajes por las rutas provinciales. Pueden elegir”.

En paralelo, la provincia pidió administrar 600 kilómetros de rutas nacionales junto con otros 800 de su red. El traspaso está trabado por el financiamiento. “Yo no puedo sostener una ruta nacional sin tener recursos”, plantea.

La discusión sobre quién asume los costos atraviesa también el plan energético. La Pampa no tiene deuda con CAMMESA y Ziliotto estima en cerca de US$80 millones el monto que destina a comprar energía fuera de su territorio. El plan provincial busca reducir progresivamente esa factura mediante una mayor generación local y, al mismo tiempo, entregar más electricidad a la red.

La estrategia combina generación propia, asociaciones con privados y programas de eficiencia. El 5% de las regalías hidrocarburíferas (unos $3.571 millones el último año) se destina al Fondo para la Transición Energética, que financia parte de la inversión de Pampetrol en el parque fotovoltaico de General Pico. “Queremos que esos US$80 millones no salgan de La Pampa y se queden acá generando movimiento económico”, resume.

Ziliotto evita presentar esas decisiones como una marca personal. Habla de continuidad institucional, controles previos sobre el gasto y participación opositora en los directorios de las empresas públicas. “La Pampa nació con equilibrio fiscal, es casi un sinónimo de la provincia”, afirma.

Redactora de la sección Economía, especializada en minería y energía. [email protected]

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