Ley de Biocombustibles: el Consejo Agroindustrial y exportadores celebraron la media sanción y aseguran que destrabaría inversiones por US$ 1.000 millones
La media sanción que le dio este jueves el Senado a la Ley de Biocombustibles fue celebrada por entidades y cámaras del sector agroindustrial, que aseguran que con la normativa totalmente aprobada, podrían destrabarse inversiones por US$ 1.000 millones.
La iniciativa, que fue aprobada por 41 votos a favor y 25 en contra, establece que el biodiésel pase del 7,5% al 10% en el gasoil y que el bioetanol suba del 12% al 15% en las naftas, que se canaliza a través de un sistema de subastas en un mercado único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente, y las empresas exportadoras podrán participar del mercado interno de biodiésel con una transición hasta el 2036.
El Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz destacaron la media sanción que el Senado otorgó al proyecto de ley de biocombustibles y consideraron que representa un paso hacia la consolidación del agregado de valor en origen, la transición energética y el desarrollo de las economías regionales.
Para las entidades del sector, el resultado refleja la posibilidad de construir una política de Estado en torno a los biocombustibles, con eje en la producción, las inversiones y el desarrollo de las cadenas de valor vinculadas a la actividad.
Uno de los principales cambios que contempla el proyecto es el incremento gradual del corte obligatorio de bioetanol en las naftas, que pasaría del actual 12% al 15%. Desde el sector consideran que este esquema permitirá generar mayor previsibilidad y establecer un horizonte de largo plazo para las inversiones, tanto en la producción de bioetanol como en la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la demanda.
El proyecto también habilita el desarrollo de un mercado abierto por encima del corte obligatorio, una alternativa que, según las entidades, permitiría ampliar el uso del bioetanol a partir de la interacción entre oferta, demanda y competencia. En ese escenario, los vehículos flex tendrían un papel relevante al permitir a los consumidores optar por combustibles con diferentes niveles de incorporación de bioetanol.
Otro de los puntos destacados por el sector es el rol que la iniciativa asigna a las provincias. El proyecto contempla que puedan implementar programas destinados a promover el uso de biocombustibles, impulsar mayores niveles de utilización y fomentar la instalación de puntos de expendio. La herramienta permitiría generar demanda adicional y adaptar las políticas de promoción a las características productivas y energéticas de cada territorio.
El Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz remarcaron además el potencial del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y maíz para transformar materias primas agropecuarias en energía con menor intensidad de carbono. En ese sentido, plantearon que el desarrollo de la actividad puede contribuir a profundizar la industrialización y el agregado de valor en las regiones productoras.
Tras la aprobación en el Senado, las entidades pusieron ahora el foco en la Cámara de Diputados, donde el proyecto deberá completar el trámite legislativo. Para el sector, la discusión abre la posibilidad de establecer un marco de largo plazo para los biocombustibles, con mayor participación de las provincias, nuevas inversiones y una ampliación de las alternativas disponibles para los consumidores.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) consideró como "fundamental" el paso dado por la Cámara Alta ayer a la noche, ya que impulsa "el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de la transición energética en la Argentina".
De acuerdo con estimaciones de la entidad - que agrupa a más de 60 cámaras del sector - la plena implementación de la Ley atraería "inversiones privadas superiores a los US$ 1.000 millones destinadas a la ampliación de capacidad instalada, desarrollo tecnológico, infraestructura logística y generación de energías limpias".
Asimismo, la medida tendrá "un impacto directo en la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y posibilitará un ahorro estratégico de divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles", agregaron desde el CAA.
Al respecto, el presidente de la entidad, Gustavo Idígoras, sostuvo que “aprobar este marco regulatorio es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles y un precio competitivo para el consumidor, especialmente en beneficio del agro y creación de mayor empleo de calidad. Queda ahora en manos de la Honorable Cámara de Diputados sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”.
En la misma línea, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), afirmó que este proyecto "promueve el incremento de los cortes obligatorios de bioetanol y de biodiésel y fomenta la libre competencia que traerá beneficios para los consumidores y permitirá proyectar futuras inversiones".
Lejos de pensar que la nueva ley impulsada por el oficialismo repercute de manera positiva en el sector, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), sostuvo que la normativa "es discriminatoria" y que "condena al sector a la quiebra".
En una carta dirigida al Presidente Javier Milei, la entidad que agrupa a pymes productoras de biodiésel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, entiende que la normativa “amenaza con hacer desaparecer a nuestras empresas”, y cuestiona que se presente como una desregulación cuando "beneficia a un grupo concentrado de grandes aceiteras".
“Una ley que fija un corte obligatorio es, por definición, una regulación. El proyecto segmenta, asigna cupos, fija precios de referencia y programa cronogramas. No elimina la regulación: la cambia de manos. Desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado", indica la misiva.
En este sentido, la entidad marcó que su rechazo "no responde a la defensa de privilegios", sino que "está de acuerdo con modernizar el régimen y elevar el corte de biodiésel", pero advierte que "la competencia que plantea el proyecto es, por su diseño, imposible de sostener para las pymes: el aceite de soja —el 80% del costo del biodiésel— lo controlan las mismas empresas integradas que la ley habilita a competir contra ellas".
“Poner a competir en igualdad a quien fabrica el insumo con quien debe comprárselo no es libre mercado: es una cancha inclinada", concluyó Cepreb.
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