Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal

Del 18 al 20 de septiembre, Rusia renueva la Duma Estatal, la cámara baja de su Parlamento, y esta vez las urnas no se quedarán dentro de sus fronteras reconocidas. Por primera vez, habrá colegios electorales también en las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson que el ejército ruso controla desde la invasión a gran escala en 2022. Moscú ya había hecho votar a la Crimea anexionada en las legislativas de 2016 y 2021, pero nunca había llevado la elección de su Parlamento nacional a tanto territorio ajeno a la vez. Llamar a esto “elecciones”, sin embargo, es adoptar de entrada el vocabulario de quien las organiza. En términos jurídicos, lo que ocurrirá allí no es un proceso electoral con defectos. Es un acto nulo desde el principio: una potencia ocupante llama a votar a su propio órgano legislativo en un territorio sobre el que no tiene soberanía.

La primera razón figura en el derecho internacional humanitario desde hace más de siete décadas. El IV Convenio de Ginebra de 1949, sobre la protección de la población civil en tiempo de guerra, establece en su artículo 47 que las personas protegidas no pueden perder sus derechos por ningún cambio que el ocupante introduzca en las instituciones o en el gobierno del territorio, ni siquiera por una anexión. El artículo 49 prohíbe los traslados forzosos y las deportaciones, y también que la potencia ocupante instale a su propia población civil en la zona que controla. El artículo 54 protege el estatuto de los funcionarios locales frente a las autoridades de ocupación.

La supuesta “incorporación” de las cuatro regiones tampoco le sirve de apoyo a Moscú. El Kremlin presenta los seudorreferendos de septiembre de 2022 como base de la anexión, pero la Asamblea General de la ONU los declaró sin validez el 12 de octubre de ese año. La Resolución ES-11/4, titulada “Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, se aprobó con 143 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Desde entonces, ningún Estado democrático ha reconocido la anexión. Si la base es nula, también lo es todo lo que se construya sobre ella: ninguna votación rusa posterior en esos territorios puede tener validez jurídica, por mucho que la legislación interna rusa la ampare.

La segunda razón son las condiciones en que se vota, y no hay que confundirlas con los defectos conocidos del sistema electoral ruso, que se tratan más adelante. El problema aquí es otro: la votación la organiza un ejército de ocupación, en plena guerra y en un territorio que no pertenece al Estado que convoca.

Freedom House, en su informe Freedom in the World 2025 sobre las zonas ucranianas bajo control ruso, constata que los partidos ucranianos están prohibidos y que solo pueden presentarse candidatos favorables a la ocupación. El mismo informe recoge que en los comicios de 2023 el llamado “voto a domicilio” se hizo acompañado de militares, que presionaban directamente a los vecinos para que votaran. No era nuevo. Durante los seudorreferendos de 2022, el entonces gobernador ucraniano de Lugansk, Serhiy Haidai, denunció que las comisiones recorrían las viviendas escoltadas por hombres armados y apuntaban los nombres de quienes se negaban a apoyar la anexión.

A la intimidación física se suma una presión burocrática que solo se explica por la ocupación. Según Freedom House, a los empleados públicos se les ha amenazado con el despido si no votan. En algunos casos, cobrar la pensión o recibir ayuda humanitaria ha dependido de aceptar el pasaporte ruso, la herramienta con la que Moscú convierte a los habitantes de un país vecino en “electores” propios. Hay además algo que ninguna urna puede corregir: buena parte de la población original de estas cuatro regiones ya no vive allí. Son desplazados internos en otras zonas de Ucrania o refugiados en el extranjero, y los expulsaron la guerra y la ocupación, no las particularidades del sistema político ruso. Por eso, en una declaración conjunta del 6 de agosto de 2026 en el marco de la OSCE, se condenaron estas condiciones y se advirtió de que los resultados de la votación en los territorios ocupados de Ucrania “no tendrán validez alguna conforme al derecho internacional”.

La tercera pieza del montaje son los “observadores” extranjeros. En el espacio postsoviético, la observación electoral con mandato internacional corresponde a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR), que lleva años fuera de los comicios rusos. No acudió a las legislativas de 2021 porque Moscú le impuso restricciones que la propia oficina consideró inviables, y no fue invitada a las presidenciales de 2024. En su lugar aparece un grupo reducido de extranjeros: políticos de segunda fila, dirigentes de partidos marginales, blogueros. No representan a sus gobiernos ni a ninguna organización internacional reconocida. Su función es propagandística: hacen una visita corta y guiada, elogian en público la “transparencia” del proceso, y después los medios estatales rusos presentan esas palabras como prueba de respaldo internacional.

El fenómeno está documentado. La Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) mantiene desde hace años la base de datos Fake Observers (fakeobservers.org). En las presidenciales rusas de marzo de 2024 identificó a 178 “observadores internacionales” fraudulentos entre unos 1.115 llegados de 129 países, mientras los observadores de la OSCE quedaban fuera. En ese registro aparecen dos españoles. Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, “observó” el referéndum de anexión de Zaporiyia en 2022 y las elecciones de 2023 en la parte ocupada de Donetsk. Según la cita que recoge la EPDE, calificó la elección presidencial de 2024 de “perfectamente organizada”, con “gente que vota tranquila” en un ambiente “de calma y transparencia”. Israel Arconada Gómez, conocido como Katu Arkonada, figura entre quienes “supervisaron” los comicios de septiembre de 2023 en los territorios ocupados. Según la agencia estatal rusa TASS, afirmó no haber visto presiones ni compra de votos en Lugansk y dijo que el proceso cumplía los “estándares aceptados” en materia de autodeterminación. Ese mismo mes, la EPDE publicó un comunicado específico sobre la observación fraudulenta de las votaciones rusas en territorio ucraniano ocupado. Esto no es observación independiente, sino un recurso de comunicación para fabricar una legitimidad que, por definición, no puede existir.

Todo esto ocurre dentro de un sistema que ya tiene carencias democráticas de fondo. En Rusia, los candidatos de la oposición real quedan excluidos de forma sistemática en la fase de inscripción. Los medios de comunicación están bajo control del Estado. Quienes intentan vigilar los comicios dentro del país sufren presiones administrativas y, a veces, procesos penales. En los territorios ocupados de Ucrania, esas deficiencias no desaparecen: se suman a una violación directa del derecho internacional humanitario que, por sí sola, impide que la población exprese libremente su voluntad.

Nada cambiará la naturaleza de lo que ocurrirá del 18 al 20 de septiembre en el este y el sur de Ucrania: ni la participación que se anuncie, ni los resultados oficiales, ni el número de visitantes extranjeros dispuestos a llamarlo democrático. Será una votación sin efectos jurídicos y sin legitimidad como proceso electoral. Informar de ella en tono neutro, sin las advertencias necesarias, contribuye de forma indirecta a normalizar la ocupación. Por eso, los medios profesionales y las instituciones internacionales deben describirla siempre, y de forma coherente, como lo que es: un procedimiento sin ninguna validez jurídica.

Oleksandr Slyvchuk es coordinador del Programa de Cooperación con España y América Latina, Transatlantic Dialogue Center (Kyiv)