Malvinas: el proyecto del Gobierno fija penas de prisión por “campañas de desinformación masiva” y se activan alarmas en el Congreso

El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas, ingresado este jueves a la mañana a la Cámara de Diputados, quedó en la mira de varios bloques de la oposición. Es que la iniciativa del Poder Ejecutivo incluye un artículo que, con el argumento de endurecer las reglas frente a la influencia extranjera en el país, establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. A ello se suman los reparos de constitucionalistas y la preocupación de entidades periodísticas.

En concreto, propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

La iniciativa, en el artículo 111, también apunta contra aquellos que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. En ese caso, el texto oficial establece penas mayores que van de 8 a 15 años, “si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”.

El articulado no pasó inadvertido entre los bloques críticos que reparan en su ambigüedad y advierten que puede ser utilizado como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de “agentes extranjeros”, como deslizan algunos legisladores de Provincias Unidas.

“Cuando (Fernando) Cerimedo hacía campañas de desinformación a favor del Presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados. Si fuese ley, el exasesor estaría preso. No es que se arrepientan, esto es parte de la tentación autocrática de Milei”, apuntó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

“Lo que quiere es concentrar más poder y tener una herramienta penal de persecución política. Es un nuevo tipo de delito lleno de ambigüedades, grave considerando que el Presidente cree que el 95 % de los periodistas y políticos mienten”, alertó Ferraro, al tiempo que cuestionó su vinculación con la cuestión de Malvinas.

“No se puede utilizar una causa nacional y política de Estado, que nos pertenece a todos los argentinos, para colar de la nada una herramienta de control político interno, como lo intentaron con el proyecto de lobby y algunas otras iniciativas”, sentenció Ferraro.

Distintos constitucionalistas consultados por LA NACION coincidieron con los legisladores en que la letra chica del artículo es compleja, porque plantea un “concepto muy amplio” que podría derivar en una “persecución política”. Incluso remarcaron que la figura podría quedar al límite de un caso de “censura previa”.

“El inciso a del artículo es complejo porque el tipo penal es muy abierto y puede ser utilizado para perseguir opositores”, remarcó Andrés Gil Domínguez.

El presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado con siete intentos de juicio político incluidos y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere… https://t.co/BRvRT0sB5D

“Estaríamos al límite de un caso de ‘censura previa’, porque se permitiría la discrecionalidad por parte del funcionario u órgano de aplicación o de cualquiera que considere que existe un posible atentado o ataque contra el Gobierno o el proceso electoral”, precisó el constitucionalista Diego Armesto.

Por su parte, Félix Lonigro cuestionó la relación entre el proyecto de soberanía de Malvinas y la manipulación de procesos electorales. “De cualquier manera, eso de reprimir campañas de ‘desinformación’ es muy peligroso, porque es un concepto muy amplio que podría afectar o condicionar la libertad de expresión”, señaló el abogado especialista.

Sin embargo, desde el bloque de La Libertad Avanza minimizaron el impacto de la iniciativa y aclararon que aún no está definido si el texto, que muy probablemente comenzará a debatirse la semana del 7 de octubre, tendrá giro a la Comisión de Legislación Penal, pese a que contempla sanciones de este tipo.

Mientras tanto, varios legisladores insisten en la peligrosidad de este punto. “El Presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado con siete intentos de juicio político incluidos y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el Gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”, alertó en redes sociales el diputado Pablo Juliano.

Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), que conduce Germán Martínez, también ironizaron sobre la situación del exasesor Cerimedo hasta hace menos de un mes titular del 50% de las acciones del portal La Derecha Diario. Señalaron que, si la ley estuviera vigente, el consultor político debería haber ido preso por ese motivo.

La referencia apunta al medio libertario del que Cerimedo fue uno de los principales accionistas, cuestionado en varias oportunidades por la difusión de fake news. Asimismo, el consultor político admitió haber llevado adelante “campañas negativas” durante procesos electorales en distintos países, además de reconocer el uso de bots y trolls.

Milei debería ir preso si se aprueba el proyecto de ley de soberanía sobre Malvinas. Establece condenas para la intervención extranjera en un proceso electoral. ¡Decime que intervención más grosera que la de Trump-Bessent el año pasado con 10.000 millones del Tesoro yanqui!

Más allá de las críticas dentro del Congreso, que se prevé se repliquen en los debates de las distintas comisiones algunas organizaciones civiles también pusieron el foco sobre esta cuestión.

“Vemos que están introduciendo en esta normativa cosas que no salieron en otros proyectos enviados, como la Ley de Lobby, donde se incluía algo de esto”, señalaron desde Poder Ciudadano. “Nos preocupa que bajo la excusa de luchar contra la desinformación termine siendo una herramienta de censura y preocupación para periodistas y organizaciones de la sociedad civil”, agregaron luego.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también se manifestó al respecto y difundió un comunicado en el que advierte sobre un riesgo concreto para la libertad de expresión dentro del proyecto.

Según Fopea, la amenaza radica en la falta de precisión en materia penal en la descripción de la conducta típica del delito, particularmente en conceptos como “manipular la opinión pública” y “desinformación”.

“No delimitan con claridad qué conducta se castiga y dejan un margen amplio para que la norma sea aplicada de manera discrecional. La experiencia comparada muestra que normas de este tipo, presentadas bajo la bandera de la soberanía o la seguridad nacional, terminaron utilizándose para castigar el disenso, desalentar la crítica periodística y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región y de Europa del Este”, observó Fopea.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierte sobre un riesgo concreto para la libertad de expresión dentro del proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación. ➡️ https://t.co/uyYVXyrLv1 pic.twitter.com/F9uaQ6lUcq

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) aseguraron que encuentran analizando en detalle el articulado para determinar cuáles pueden ser sus alcances y si estos podrían incidir en la libertad de expresión, aunque admitieron que, a priori, lo miran con preocupación.

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