Cartas de lectores: Palabras extinguidas, doble discurso, mentira permanente

Quisiera proponer la creación de un museo de las palabras extinguidas o en vías de desaparecer. Así como existen museos de dinosaurios que nos permiten saber como eran estos animales, sería útil que las nuevas generaciones sepan lo bellas que eran y para qué se usaban. Hoy muchas personas -jóvenes y no tanto-. no conocen el uso de buen día, por favor, gracias, disculpe, me permite. Irrumpen en un local y requieren imperativamente lo que buscan. Viajan en el transporte público aislados en sus auriculares o absortos en sus pantallas y si desean bajar y requieren paso simplemente se paran esperando que su vecino les adivine la intención, sin cruzar palabra.

Me gustaría saber porque han sido abandonadas. ¿No les hemos enseñado a usarlas o las consideran innecesarias?

Si estas palabras tienen un sitio donde ser recordadas queda la esperanza de que quizás en algún futuro vuelvan a estar de moda como ocurre con la ropa vintage.

con el tema Malvinas de nuevo en las noticias no salgo de mi asombro por la inconsistencia de declaraciones oficiales de vecinos como Chile y Uruguay en apoyo de la posición argentina pero simultáneamente enterarme de los servicios que prestan ciudades como Punta Arenas y Montevideo a barcos y aviones que abastecen Puerto Argentino. Vecinos con doble discurso, una pena.

A medida que se acerca el año electoral empiezan a aparecer proyectos a largo plazo que se anuncian como próximos a realizarse o en vías de realización. Es parte de la mentira electoral. Son campañas financiadas con el dinero nuestro. Cierra perfecto. Anuncio la obra, pongo la carita sonriente y así sucesivamente. Así vemos en nuestra ciudad obras comenzadas y muy lentamente realizadas con largos periodos de ausencia de operarios. Pero allí están los empleados municipales con sus silbatos pidiendo atención. Suena a pan y circo. Vivimos de la mentira permanente. Ya lo cantábamos en Cambalache.

Leí con sumo interés la carta de los lectores Quevedo Mendoza y Portesi, como así también la nota del Dr. Lonigro, y adhiero con reservas a todos sus conceptos, porque la dramática situación que describen es cierta. El deterioro de la clase dirigente es palmario y el de la Justicia abrumador; entiendo que llegó la hora de poner remedio a ello. Con reservas, por el sistema de acusación popular que proponen los distinguidos lectores puede convertirse en una cacería de brujas propicio para la venganza y caería rápidamente en desprestigio. La Corte Suprema tiene en su organigrama un excelente cuerpo de auditores, cargo que desempeñan los mejores funcionarios, es el más alto del escalafón y considerado una distinción. Solo se necesita la disposición a ordenar la casa e impartir las órdenes pertinentes. Y agrego algo a aquellas reflexiones. Hace largo tiempo se dispuso adoptar progresivamente el procedimiento procesal penal de la última reforma a su Código, el llamado de la adversidad que confiere a los fiscales la función investigación instructora antes atribuida a los jueces. Para el eficaz ejercicio de esa función el Ministerio Público Fiscal reclamó espacio suficiente en el edificio de Comodoro Py; espacio que aún hoy no le ha sido concedido. Teniendo en cuenta que los fiscales, titulares de la función pública acusadora, dependen orgánicamente del Procurador General de la Nación, cabeza del cuarto poder constitucional, cuyo titular no ha sido posible remover, es dable preguntar si esa demora no se debe a la independencia de esos funcionarios, hoy lejos del manejo de Ministerio de Justicia.

Escribo estas líneas no desde una trinchera política ni para señalar a un gobierno de turno. El problema que quiero plantear existe desde hace años, atraviesa distintas administraciones y sigue sin resolverse: el bajo salario que perciben muchos de los profesionales que trabajan día a día con personas con discapacidad. Hablo de docentes de educación especial, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos y otros trabajadores que sostienen con su labor el derecho a la inclusión, a la autonomía y a una vida digna de miles de personas. Son profesionales formados, con vocación y responsabilidad, que muchas veces deben completar su jornada con más de un empleo o aceptar condiciones precarias para poder ejercer. Este no es un reclamo de bandera. Es una cuestión de derechos. Cuando quienes acompañan, enseñan y habilitan a las personas con discapacidad reciben remuneraciones insuficientes, se debilita todo el sistema de apoyos. Se genera rotación de personal, se dificulta la continuidad de los tratamientos y se pone en riesgo la calidad de la atención. En definitiva, se vulnera el derecho de las personas con discapacidad a contar con los profesionales que necesitan. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Argentina ha ratificado, no es letra muerta. Exige condiciones dignas para quienes trabajan en este campo y garantiza el derecho a una vida independiente e inclusión plena. Cumplir con ese mandato no depende del color político de quien gobierne: depende de la voluntad de reconocer, de una vez por todas, el valor social de este trabajo.

Es hora de que el debate público deje de polarizarse y se centre en lo esencial: garantizar salarios justos y condiciones laborales dignas para estos profesionales. No por ellos solos, sino por las personas con discapacidad a las que acompañan y por el derecho de todos a una sociedad más justa e inclusiva.

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