La quiebra de SanCor. La Justicia ordenó que continúe la venta de los activos de la láctea: “No hay que empezar de nuevo”
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Circunscripción Judicial N°5 de Rafaela, Santa Fe, integrada por Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Temea y Duilio Maximiliano Hail, confirmó hoy el proceso para que continúe la venta de seis plantas y marcas de la quebrada SanCor, la empresa que fue insignia en lácteos. La operación había quedado en suspenso luego de una serie de objeciones presentadas por distintos interesados. La cámara, más allá de dar el aval, ordenó modificar varias condiciones.
“Los bienes salen a la venta, las reglas siguen vigentes y no hay que empezar de nuevo”, señalaron los magistrados. Agregaron: “Pero introdujimos algunas correcciones. El precio podrá pagarse en pesos y no sólo en dólares. Antes de recibir ofertas deberá aprobarse una grilla que explique con qué puntaje se evaluará cada propuesta, para que la decisión no dependa de criterios no escritos”.
Y señalaron: “Al adjudicar habrá que comparar si conviene más vender todo junto o por partes y elegir lo que deje más dinero para pagar a los acreedores. El tasador deberá completar su informe con el valor probable de venta en el mercado y con la incidencia del siniestro de junio de 2026 en la planta de Sunchales y el precio mínimo deberá ajustarse a esa tasación, porque así lo manda la ley...”.
Para recordar, Sancor terminó en quiebra luego de que sus autoridades pidieran avanzar con ese proceso ante la Justicia. La cooperativa llegó a esa instancia con una deuda superior a los US$120 millones.
En junio pasado, el juez Marcelo Gelcich aprobó el pliego para vender los activos, fijó los precios de base y estableció un cronograma de seis etapas. La licitación incluyó seis plantas industriales, valuadas en conjunto en US$28 millones, y las marcas de la compañía, tasadas en US$24,7 millones.
La decisión fue apelada por uno de los dos síndicos, Fidulac SA y tres firmas que reclaman derechos sobre bienes que figuran a nombre de fideicomisos. En julio, la Cámara concedió con efecto suspensivo los recursos del síndico, Fidulac, BAF Latam Trade Finance Fund —actualmente BLTFF— y SMD Delong. A comienzos de agosto se sumó la apelación de ITC Fiduciaria y el juez de primera instancia suspendió la licitación.
El fallo conocido ahora rechazó los pedidos para anular el procedimiento, pero aceptó parte de los reclamos y dispuso cambios en el pliego. El precio podrá pagarse en pesos y no solamente en dólares. También se deberá preparar una grilla con el puntaje y los criterios para evaluar cada propuesta, como se mencionó. Al definir la venta, el juez tendrá que comparar la oferta por todos los activos con la suma de las propuestas presentadas por cada lote. Deberá optar por la alternativa que permita obtener más dinero para pagarles a los acreedores. La Cámara también ordenó completar las tasaciones. El especialista deberá calcular cuál sería el precio de venta de las plantas en el mercado y determinar cuánto afectó el incendio de junio a la de Sunchales. Ese establecimiento había sido tasado en US$3 millones, pero después del siniestro su precio de base bajó a US$2,4 millones.
Los informes de valuación, sus papeles de trabajo y sus antecedentes deberán incorporarse al expediente y podrán consultarse sin costo. También estarán disponibles en el Data Room. El acceso a ese espacio podrá seguir siendo pago para el resto de la información, pero no para consultar las tasaciones.
Además, el fallo estableció que los dos síndicos deberán intervenir en el dictamen sobre las propuestas. Uno de ellos podrá continuar a cargo de la coordinación y del contacto con los oferentes. Si no coinciden, deberán quedar asentadas las dos posiciones. “La ley los designó como un solo órgano de control, no como dos partes en pugna, y las diferencias entre ellos no pueden seguir demorando un proceso del que dependen los puestos de trabajo y el cobro de los acreedores”, sostuvo la Cámara.
La resolución también alcanzó a la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, que figuran a nombre de fideicomisos. Hay causas judiciales para definir si pertenecen a SanCor y pueden venderse dentro de la quiebra.
El pliego permitía transferir esos bienes al comprador y cancelar las inscripciones de los fideicomisos antes de que la Justicia resolviera la discusión. La Cámara dejó sin efecto ese mecanismo. Los activos permanecerán dentro de la licitación y el comprador podrá utilizarlos para producir, pero solo recibirá su propiedad si una sentencia firme determina que pertenecían a SanCor.
“El comprador los recibirá y podrá producir con ellos desde el primer día y la propiedad se le transferirá, con el cambio de las inscripciones, solo cuando haya sentencia firme que establezca que integraban el patrimonio de SanCor”, explicó el tribunal.
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