Malvinas: entró al Congreso el proyecto para sancionar a las empresas petroleras que operen en las islas
El proyecto de ley para sancionar a las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas entró al Congreso durante las últimas horas. La iniciativa oficial denominada "Ley de defensa de la soberanía nacional" está destinado a "proteger los derechos soberanos de la República Argentina", según informó Presidencia.
Desde la Oficina del Presidente emitieron un comunicado esta mañana, donde destacaron que este proyecto "constituye un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".
"Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior", expresaron.
El proyecto de ley, al cual tuvo acceso Clarín, cuenta con más de 40 hojas y las firmas del canciller Pablo Quirno; los ministros de Defensa, Carlos Presti; de Economía, Luis Caputo; del Interior, Diego Santilli y el presidente Javier Milei, y se estructura sobre "tres pilares", según explicaron desde Casa Rosada.
La medida buscar "castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas", indicaron.
En ese sentido, desde el Gobierno nacional rechazaron la legislación ya existente en esta materia, como la ley 26.659, de Hidrocarburos, sancionada en 2011, que buscará derogar para reemplazarla por un régimen "más duro" y "agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores".
En ese sentido, el primer artículo del proyecto afirma que "las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituyen parte integrante del territorio nacional argentino".
El proyecto dispone nuevas sanciones administrativas y penales para quienes desarrollen actividades en las islas Malvinas y espacios marítimos e insulares circundantes para el aprovechamiento de recursos naturales sin la habilitación pertinente.
Asimismo, se crea el Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, para articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional.
Este Consejo estará dirigido por el presidente Javier Milei y tendrá como función elaborar una Política de Seguridad Nacional. Los miembros permanentes del Consejo serán, además del Presidente, el jefe de Gabinete, el Canciller, los ministros de Defensa y Economía, y los titulares de la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Legal y Técnica.
En caso de sancionarse con la actual composición del Gabinete, sus integrantes serían entonces: Milei, Diego Santilli, Carlos Presti, Luis "Toto" Caputo, Cristian Auguadra (jefe de los espías) y María Iberzábal Murphy, estos últimos dos funcionarios del riñón de Santiago Caputo, el asesor presidencial, uno de los grandes impulsores del proyecto por Malvinas.
"La República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo. Todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente e ineficaz para defender de manera efectiva la Causa Malvinas", apuntaron.
Finalmente, el documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei invita "a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso".
"No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas", completa el comunicado.
Además de sanciones administrativas, penales e inhabilitaciones para quienes operen en Malvinas sin autorización del Estado argentino, el proyecto establece la creación del Régimen de Desistimiento y Regularización, para quienes incumplan la ley y deseen adherirse, que incluye el pago de una multa y el cese de las sanciones penales.
"El Estado nacional tiene como objetivo permanente e irrenunciable realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía", indicaron en el proyecto.
Más allá de la cuestión Malvinas, la medida busca sancionar a todo aquel que "afecte o amenace la Seguridad Nacional". Esto será definido por el Consejo de Seguridad Nacional que, cuando considere, podrá restringir las operaciones de cambios de divisas y/o transferencias de pagos, aumentar temporalmente la alícuota de derechos de importación y exportación, entre otras cuestiones administrativas.
Al respecto, uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el Título V, que modifica varias partes de la Ley 23.554 de Defensa Nacional. La iniciativa del Gobierno reemplaza varios artículos y brinda cierta ambigüedad en los permisos del accionar de las fuerzas de seguridad.
Por ejemplo, el artículo 3 vigente describe la Defensa Nacional como un "conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra".
En tanto que el nuevo artículo lo cambiaría a "conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir, disuadir y superar los riesgos, amenazas y desafíos que puedan afectar la misma".
El proyecto presenta también el artículo 111, que modifica el Código Penal con el objetivo de encarcelar de 5 a 12 años a quien "actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero", altere procesos electorales, "manipule la opinión pública" mediante campañas de "desinformación masiva", o promueva "actos de violencia o sabotaje contra el Estado".
Por otra parte, en el Título VI, el proyecto modifica la ley 26.215 de Financiamiento de Partidos, que en caso de aprobarse prohibirá que estas estructuras políticas reciban financiamiento de personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país.
La nueva ley crea además el Registro Público de personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), que funcionará en el ámbito de la Unidad de Información Financiera.
Quedará en el Registro Público y será sancionado con prisión y multas económicas aquel que proporcione o facilite "intencionalmente a una persona, organización o entidad, con conocimiento de su participación en actividades terroristas, apoyo material destinado a sostener su capacidad operativa o a facilitar la comisión de tales actividades".
Esto incluye brindar alojamiento, transporte, abastecimiento, documentación falsa, instalaciones, armas, explosivos, material sensitivo o bélico, entre otras cuestiones.
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