Industria del juicio: las demandas laborales por accidentes llegaron al récord de 15.000 por mes y se esperan 138.000 para el año

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) informó que los juicios por accidentes de trabajo llegaron a 14.966 en agosto de 2026, un 11,3% más que un año antes, una suba que proyecta un nuevo récord anual de litigiosidad pese a la reducción sostenida de la siniestralidad laboral.

“Es un récord dentro del Everest”, destacaron fuentes del sector y detallaron que es la segunda vez en la historia con números similares, apenas unos 1.000 casos por debajo del pico previo a la reforma de 2017, cuando muchos se apuraron a presentar las demandas a fin de que no los agarre la reforma.

Durante los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas. En los últimos 12 meses se notificaron casi 137 mil causas, con un promedio superior a 11.400 juicios por mes.

La proyección para el cierre de 2026 supera los 138 mil juicios por accidentes de trabajo. El volumen de demandas no guarda relación con la cantidad de trabajadores cubiertos por las aseguradoras de riesgos del trabajo ni con los niveles de siniestralidad, que disminuyen año tras año.

La brecha entre menos accidentes y más litigios pone presión sobre la sustentabilidad del sistema para empleadores y trabajadores. La escalada judicial se concentra, principalmente, en los distritos con mayor actividad.

Según los datos de UART, la provincia de Buenos Aires superó por primera vez la barrera de los 6.000 juicios mensuales y registró un crecimiento interanual de 16 por ciento. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo como la segunda jurisdicción con más ingresos de causas en el acumulado anual, aunque su suba fue de 4,2% frente a los primeros ocho meses de 2025.

Santa Fe, en tanto, desplazó por segundo mes consecutivo a CABA en cantidad de nuevos expedientes. La provincia alcanzó su mayor nivel histórico en agosto, con 2.731 juicios y un incremento interanual de 24,8%.

Entre las nueve plazas con más demandas, Entre Ríos encabezó la variación en el período móvil comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026: el aumento fue de 38%. Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires también estuvieron entre las jurisdicciones con mayores alzas durante los últimos 12 meses.

Córdoba registró un crecimiento interanual de 28% en agosto y una suba superior al 100% respecto de julio de 2026, en un período atravesado por la feria judicial.

El traspaso de la justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires abre la posibilidad de organizar un fuero con criterios periciales uniformes y de aplicar las herramientas previstas por la ley. UART viene reclamando insistentemente a través de diversos informes y notas en Infobae la constitución urgente de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en todas las provincias de la Argentina. Según la entidad patronal, la falta de implementación de estos cuerpos periciales oficiales mantiene alimentada la “industria del juicio”, llevando las demandas por accidentes laborales a las actuales cifras récord.

“Más allá del 11% mensual, lo importante es que no estamos frente a un dato aislado, sino a una tendencia que se viene consolidando. La litigiosidad sigue creciendo desde niveles que ya eran muy elevados y la curva no muestra una corrección. Por eso la preocupación es estructural: mientras siga existiendo una brecha entre lo que resuelven las Comisiones Médicas y lo que después ocurre en la Justicia, el incentivo a judicializar va a seguir estando. Hoy vemos que, aún cuando las Comisiones Médicas determinan que un caso ya fue cerrado y la persona atendida y recuperada sin incapacidad, al judicializarse, en la casi totalidad de los casos los peritos judiciales, luego avalados por los jueces laborales, reconocen algún porcentaje de incapacidad. Eso termina generando un incentivo muy fuerte a reclamar, incluso en casos ya resueltos por la vía administrativa, y alimenta una dinámica que no tiene techo poniendo a riesgo todo el sistema”, detalló la fuente sectorial consultadas por este medio.

UART planteó que la aplicación estricta del Baremo y del Listado de Enfermedades Profesionales, junto con cuerpos médicos forenses especializados, permitiría acortar la distancia entre la evaluación objetiva de las Comisiones Médicas y la instancia judicial. El desafío pasa por una aplicación rápida y eficaz de esas herramientas por parte de la Justicia.