“El 0,85% fue para Lázaro Báez”: en “QR!”, explicaron el dato con el que la defensa de Cristina Kirchner cuestiona la condena por Vialidad
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron un nuevo argumento para cuestionar la condena en la causa Vialidad y pusieron el foco en cómo se distribuyeron los fondos de un fideicomiso creado durante su gobierno. Según explicó Irina Hauser en “QR!” de Canal E, la defensa sostiene que Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, recibió el 0,85% del total de los fondos distribuidos por ese mecanismo entre 2009 y 2015.
La presentación fue realizada por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Balerini y Javier Borrego, quienes trabajan en la estrategia judicial de la expresidenta. Los defensores sostienen que el nuevo dato puede ser relevante para discutir uno de los argumentos utilizados durante el proceso que terminó con la condena de Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz.
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El planteo se concentra en el Decreto 54 de 2009, una norma vinculada con el esquema de financiamiento de obras viales a través de un fideicomiso. De acuerdo con la defensa, ese decreto tenía un alcance general y no fue diseñado específicamente para beneficiar a Lázaro Báez.
Durante el programa, Hauser explicó que el dato surgió de una base de datos presentada por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que declaró como testigo en el juicio de los Cuadernos.
La información permitió analizar cómo se habían distribuido los fondos del fideicomiso entre las empresas que realizaron obras viales durante el período comprendido entre 2009 y 2015.
Según el relevamiento presentado por los abogados, Austral Construcciones recibió el 0,85% de esos fondos. La cifra representa menos del 1% del total y es utilizada por la defensa para cuestionar la interpretación de que el mecanismo había sido creado para direccionar recursos hacia las empresas de Báez. “Cuando miramos qué era lo que le había sido asignado a Lázaro Báez, era el 1%, menos del 1%”, sostuvo Beraldi durante la conferencia de prensa.
Los abogados también mostraron información sobre las empresas que recibieron recursos durante ese período. Entre ellas aparece IECSA, vinculada en ese momento con Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
La defensa utiliza esos datos para sostener que los fondos fueron distribuidos entre diferentes empresas y que, por lo tanto, el Decreto 54 no demostraría por sí mismo un supuesto direccionamiento hacia Báez.
El planteo de los defensores apunta a uno de los fundamentos utilizados en la causa Vialidad. Según explicó Hauser, la sentencia había considerado que Cristina Kirchner firmó el decreto como parte de un mecanismo que permitió otorgar fondos de manera privilegiada a Báez.
La defensa sostiene ahora que la base de datos permite observar el destino concreto de los recursos y que Austral Construcciones recibió una proporción inferior al 1% del total analizado.
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Los abogados también cuestionaron que durante el proceso no se hubiera realizado, según su planteo, un relevamiento integral de la distribución de los fondos de la obra pública.
Para la defensa, esa información era relevante para determinar qué empresas habían recibido los recursos y en qué proporción. Por ese motivo, consideran que el nuevo relevamiento puede ser utilizado para discutir aspectos de la sentencia.
Se trata de un argumento presentado por la defensa y no de una nueva decisión judicial que haya modificado la condena.
Los abogados también hicieron referencia a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde cuestionaron aspectos del proceso judicial contra Cristina Kirchner.
Hauser explicó en “QR!” que la defensa espera que el organismo internacional analice el planteo en una de sus próximas reuniones. Los abogados también evalúan avanzar con un recurso de revisión ante la Corte Suprema argentina, una vez que se conozca el posicionamiento del comité.
Durante la conferencia, el abogado español Javier Borrego cuestionó el contenido y la extensión de la sentencia que condenó a la expresidenta. Su exposición formó parte de la estrategia de la defensa para poner en discusión distintos elementos utilizados durante el proceso.
La condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por la defensa. La expresidenta cumple prisión domiciliaria y permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos.
