Cristina Kirchner vuelve a la carga con su planteo ante la ONU para ser candidata

La defensa de Cristina Kirchner, con su nuevos abogados Rafael Valim y Javier Borrego y su histórico defensor Carlos Beraldi, anunció esta tarde "nueva pruebas" incorporadas a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de intentar anular la condena de la ex presidenta. "Se trata de un documento que muestra que Lázaro Báez recibió el 1% de los fondos y eso se contrapone la acusación de la sentencia del caso Vialidad", informó el abogado en relación a una extensa planilla de empresarios a los que se les dio fondos del fideicomiso cuestionado.

Pese al esfuerzo de sus abogados, lo cierto es que el organismo de la ONU no se contempla como “una cuarta instancia de apelación”, según fuentes judiciales. La palabra final en el país la tiene la Corte Suprema que ya ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner está presa en un departamento de la calle San Jose 1111 desde el 14 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó a sentencia condenatoria del caso Vialidad. Se la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con la pena de seis años de prisión. Además, se ordenó la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y un decomiso al que se responde de forma solidaria entre todos los imputados, cuyo valor actualizado asciende a 685.000 millones de pesos.

Ante ese escenario, y de cara al año electoral la defensa de Cristina presentó el 29 de julio pasado un reclamo por su situación procesal ante la ONU. Entre sus principales argumentos volvió a reiterar que la causa Vialidad responde a una “persecución política". Su nueva defensa busca que la ex presidenta pueda ser candidata a pesar de la condena que la inhabilita.

Cristina Kirchner argumenta que la pena busca su “proscripción perpetua” para ‘excluirla de la vida política y limitar la oferta electoral, siendo esta la ‘pena principal’ e impidiéndole al pueblo elegir libremente”.

Ahora, los abogados que representan a Cristina Kirchner anunciaron contar con "un elemento nuevo que hemos incorporado, trascendente, en una nueva prueba, un elemento novedoso que pone en evidencia que la sentencia dictada en contra de Cristina Kirchner es injusta y se condenó a una persona inocente".

¿Qué implica esto? Algo que el abogado penalista señaló que podría constituir un pedido de revisión de la sentencia "que nuestro sistema contempla ante la incorporación de prueba nueva. Este documento no estaba cuando se dictó la sentencia".

Más adelante explicó cuál es la finalidad del reclamo ante organismos internacionales: "Que esta condena caiga, que Cristina recupere su libertad y reanude su actividad política que es para lo que estamos trabajando. Además, hay un montón de gente que tiene esa misma expectativa".

Carlos Beraldi recordó que el delito inicial por el que fue enviada a juicio oral la ex Presidenta no fue corroborado a lo largo del debate. Se trata de la acusación por asociación ilícita, figura penal por la que fue absuelta.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), la encontró responsable por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en función de las 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez quien, en simultáneo, concretó veinte operaciones inmobiliarias con Cristina Kirchner. La jurisdicción en la que se concentró la investigación es la provincia de Santa Cruz.

Aquellas rutas licitadas en suelo santacruceño, fueron producto de licitaciones amañadas, direccionadas, con sobreprecios promedio del 65%, con un circuito exclusivo de pagos y la falta de controles correspondientes, es decir: se pagaron certificaciones de obras por avancen que no eran reales. El agravante fue que 24 de esas rutas quedaron abandonadas.

Lázaro Báez, que era monotributista y empleado bancario, se constituyó durante la administración kirchnerista en el principal adjudicatario de obra pública vial. Incluso, en más de una compulsa de precios, sólo se disputaban la obra empresas del mismo holding.

El Grupo empresarial Báez se alzó con el 86% de las rutas que el gobierno kirchnerista financió en Santa Cruz. Otro dato adicional que se desprende de la sentencia: al concluir el gobierno de Cristina Kirchner, era el único empresario de la construcción al cual no se le adeudaba nada.

La defensa de Cristina Kirchner volvió a referirse a un listado de empresas que fueron beneficiadas con obra pública a nivel nacional. Ese listado no se concentra en la provincia de Santa Cruz sino que abarca a todo el país y a todas las empresas dedicadas a la obra pública, no sólo vial.

"En el juicio se absolvió a Cristina Kirchner del delito de asociación ilícita y en vez de dictar una absolución, se la terminó condenando. El Tribunal centra y basa exclusivamente la acusación en un decreto 54/2009. Se dijo que fue firmado con la finalidad de usarlo para destinar fondos para beneficiar a Lázaro Báez", dijo Beraldi como un prólogo la presentación.

El abogado contó que hace un mes en el juicio del caso Cuadernos -en el que Cristina también es la principal acusada- declaró como testigo técnico de Vialidad Nacional que expuso una extensa planilla que mostraba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso.

"Cristina Kirchner fue acusada por el mal uso de los fondos de ese fideicomiso, desde 2009 a 2015, para beneficiar a Lázaro Báez. Cuando vimos esa planilla en detalle, fuimos a lo que recibió Lázaro Báez y era el 1%, entonces comprobó lo que dijimos y era que la acusación era falso. Las empresas de Báez estaba en un lugar muy relegado y las empresas que ocupaban los primeros puestos, nada tenían que ver con el gobierno. Hacen incontrovertible que la acusación es falsa", señaló el abogado.

Sobre la mesa colocaron otro número: "El empresario Báez recibió sólo 18 millones de dólares entre 2009 y 2012". El juicio analizó desde los primeros contratos adjudicados en 2004 hasta diciembre de 2015, días previos a la terminalidad del mandato de Cristina Kirchner, se le otorgaron y garantizaron los últimos pagos al holding, según se expuso en el juicio.

La tesis de los abogados de Cristina Kirchner es que esa planilla es prueba suficiente para anular la acusación que pesa sobre la ex mandataria, ya que "el listado muestra que la empresa que encabeza el ranking es IECSA, del primo del ex presidente Mauricio Macri y muy por debajo está Lázaro Báez".

Esa planilla expuesta que coloca a IECSA en primer lugar ya fue discutida en diversas instancias del caso Vialidad. La acusación se concentra en el beneficio otorgado al Grupo Austral en suelo patagónico. El Decreto cuestionado sostiene que hubo licitaciones fraudulentas financiadas con fondos contemplados en el Decreto discutido. Los abogados, discuten ese argumento "todo es una falacia", sentenciaron.

Por su lado, Rafael Balim -abogado en su momento del presidente brasileño Lula Da Silva-, indicó: "Se creó una mentira para condenar a Cristina Kirchner". En otro tramo, reforzando ese concepto se dijo que su rol en la política "incomoda, molesta" y que por ese motivo, la condenaron.

Este documento se analizó por un economista de Brasil que expuso una serie de cuadros donde sostiene que Lázaro Báez fue el menos beneficiado con fondos provenientes del Decreto.

Según dicho análisis, Lázaro Báez recibió fondos entre 2009 y 2012 y que después "no recibió nada". Siempre tomando como referencia aquella planilla que coloca a IECSA en primer lugar de los fondos destinados de dicho fideicomiso, a nivel nacional.

Javier Borrego, el abogado español de Cristina, volvió a decir que la ex Presidenta "fue condenada porque molestaba, porque es mujer, es una causa inventada".

Calificó de "bodrio" y "delirio" a la sentencia condenatoria firmada por los jueces del TOF 2, que después confirmó la Cámara de Casación y finalmente, obtuvo la confirmación de la Corte Suprema de Justicia.

¿Puede revertir la condena esta circunstancia? El abogado Beraldi habló de una instancia de revisión de sentencia "que podría tener efecto suspensivo ante la aparición de nueva prueba y como una medida cautelar podría suspender la ejecución de la pena, pero la prioridad es la instancia internacional para realizar la presentación".

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de expertos independientes que “supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados que lo han ratificado”.

A diferencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (que es un cuerpo político integrado por representantes de Gobiernos), el Comité “está formado por 18 expertos de reconocido prestigio en materia de derechos humanos que actúan a título personal y no en representación de sus países”.

Entre las principales funciones del Comité se encuentran las comunicaciones o denuncias individuales, como realizó Cristina Kirchner. En tal caso, el Consejo evalúa denuncias en las que se reclaman supuestas violaciones a sus derechos civiles y políticos: como el debido proceso, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o los derechos políticos, a manos de un Estado.”

Las decisiones del Comité sobre casos individuales “no son dictámenes o sentencias ejecutables de forma directa como las de un tribunal penal local o una corte internacional (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, que en tal caso, remarca otro magistrado “tampoco son vinculantes para el sistema jurídico de la Argentina”, coinciden en Comodoro Py.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]

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