Privatización de AySA: dos consorcios encabezados por grupos nacionales fueron los únicos oferentes
Los empresarios Mauricio Filiberti y Aldo Roggio, concesionarios de múltiples servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, también pelearán por la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que presta los servicios de provisión de agua potable y cloacas para 3.800.000 clientes.
La licitación, que tuvo la primera apertura de sobres este martes a la mañana, contó con dos ofertas:
Con la privatización del 90% de AySA, el Gobierno espera conseguir entre 450 millones y 500 millones de dólares, que le servirán al ministro de Economía, Luis Caputo, para financiar los vencimientos de deuda pública en 2027.
El otro 10% de la empresa permanecerá en manos de sus trabajadores, en un programa de propiedad participada, a través del gremio que encabeza José Luis Lingeri.
El nuevo concesionario tendrá la obligación de invertir unos 1.940 millones de dólares en los primeros cinco años y casi US$ 15.000 millones a lo largo de todo su contrato.
Caputo señaló en la red social X que ese plan implicará "una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado". "Además, durante el primer ciclo de cinco años, el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales", agregó.
Es decir, continuarán los aumentos de tarifas mensuales, como los que vienen sucediendo con la luz y el gas, al menos entre 2027 y 2031, mientras la inflación siga siendo alta.
AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA. EL NUEVO OPERADOR TENDRÁ OBLIGACIONES DE INVERSIÓN POR MÁS DE US$ 2.000 MILLONES EN LOS PRIMEROS 5 AÑOSEl Ministerio de Economía realizó hoy el acto de apertura de las ofertas técnicas del cual participaron dos oferentes. El proceso contempla la…
"Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato. Esto significa más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos", completó el ministro de Economía.
Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en la distribuidora eléctrica Edenor, que es la empresa del sector más grande del país, con sus operaciones en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del conurbano.
La compañía se acaba de comprar Metrogas, la distribuidora de gas con más clientes de la Argentina -con servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano- por US$ 790 millones. Y participará con la suiza Mercuria en la refinería y las estaciones de servicio de Shell.
AySA es el consumidor más grande de energía eléctrica de Buenos Aires y el principal comprador de cloro del país; en ambos casos, del otro lado del negocio está Filiberti.
En tanto, Roggio es el operador del servicio de agua potable en Córdoba mediante la firma Aguas Cordobesas, pero no tiene experiencia en cloacas. Por eso se presentó junto a Aguas de Corrientes, de la familia Chamas, que opera ambos servicios en esa provincia.
Roggio también está a cargo del subte porteño a través de la firma Emova y el ramal de trenes de pasajeros Urquiza, con la sociedad Metrovías.
La empresa israelí Mekorot, que firmó a partir de 2022 acuerdos de asistencia técnica con varias provincias argentinas, podría ayudar a Roggio, pero no participa de la sociedad al haber quedado alcanzada por la cláusula "anti-China", que excluyó a empresas controladas por los estados soberanos.
Y la japonesa Marubeni aportará su conocimiento con su participación en Aguas Nuevas, que tiene servicios en Chile.
Asimismo, la multinacional francesa Veolia desistió de participar, lo mismo que la brasilera Sabesp, de San Pablo, y el empresario local Alberto Pierri, que no pudo ganar la competencia por Metrogas.
El presidente de AySA, Alejo Maxit, informó que el objetivo de la venta de las acciones es dejar el rol de "Estado - empresario", que se retira por su "ineficiencia para gestionar una empresa de estas características" y tendrá ahora la misión de controlar el cumplimiento del contrato de concesión.
Desde su reestatización en 2006, el Estado destinó el equivalente en pesos a unos 13.400 millones de dólares para AySA, de los cuales unos US$ 3.400 millones fueron subsidios, por tener las tarifas atrasadas en relación a la inflación acumulada y los costos reales de la operación.
"El Estado - empresario es ineficiente, y otorga una baja previsibilidad para los proveedores, no da certezas de pago y hace todo más costoso", criticó Maxit.
Frente a eso, indicó que el próximo operador privado de la concesión deberá comprometer capital y convencer a empresas del exterior para invertir en Argentina casi 2.000 millones de dólares hasta 2031, con un contrato en donde "el no cumplimiento significa tener una penalidad".
Según señaló en una conversación con periodistas, de la que participó Clarín, el objetivo del primer ciclo tarifario de 5 años es "ordenar la infraestructura existente" y "prepararla para el crecimiento". En ese sentido, se destaca la obligación de instalar unos 100.000 medidores por año.
La expansión del servicio será muy gradual durante los primeros diez años, pero el objetivo hacia el final de los 30 años de concesión es elevar la cobertura de menos del 75% de agua potable hasta el 90% y de menos del 65% hasta el 75% en cloacas. "Un tercio del área que atiende AySA todavía no tiene agua potable ni cloacas", dijo Maxit en X.
Si el contrato se extendiera otros 10 años, la meta es cubrir la totalidad del AMBA con los dos servicios en el año 40; es decir, en 2066.
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