¿Qué democracia estamos intentando defender?

Cada vez que se habla de la defensa de la democracia, el debate suele girar alrededor de las instituciones: elecciones libres, división de poderes, libertad de expresión, organismos electorales independientes y respeto por los derechos humanos. Todo eso sigue siendo imprescindible. Sin Estado de derecho no existe democracia posible.

Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos es otra: ¿alcanza hoy con defender las instituciones cuando millones de ciudadanos y ciudadanas sienten que la democracia ya no mejora sus vidas?

América Latina y el Caribe atraviesa una paradoja inédita. Nunca la región había acumulado tantos años consecutivos de gobiernos elegidos en las urnas y, al mismo tiempo, nunca había sido tan profundo el desencanto ciudadano con el funcionamiento de la democracia. No porque las sociedades hayan dejado de valorar el voto, sino porque crece la sensación de que votar ya no garantiza bienestar, seguridad, movilidad social ni oportunidades.

Cuando una persona trabaja y no llega a fin de mes, cuando teme salir a la calle, cuando no puede acceder a una vivienda o cree que sus hijos vivirán peor que ella, la democracia comienza a vaciarse de contenido. Conserva sus procedimientos, pero pierde legitimidad social.

Ese vacío explica buena parte del fenómeno político que atraviesa la región. Allí donde el Estado pierde capacidad para proteger, aparecen quienes ofrecen respuestas simples a problemas complejos: liderazgos personalistas, discursos de odio, promesas de orden inmediato y soluciones que presentan a los derechos como obstáculos antes que como conquistas.

Al mismo tiempo, la representación política también cambió. Durante décadas, los partidos fueron espacios de organización social, formación de dirigencias y construcción de identidad colectiva. Hoy, en muchos casos, fueron reemplazados por estructuras electorales efímeras y liderazgos construidos alrededor de las redes sociales.

El algoritmo pasó a ocupar parte del lugar que antes tenían las organizaciones políticas. La deliberación cedió espacio a la inmediatez. La militancia fue sustituida por seguidores. Y la conversación pública quedó fragmentada en burbujas que dificultan cualquier consenso democrático.

A esta transformación se suma otra especialmente preocupante: ya no sólo se compite por ganar elecciones; también se disputa la legitimidad de las propias elecciones. Las denuncias preventivas de fraude, la desinformación digital, los ataques sistemáticos a los organismos electorales y la judicialización creciente de la política deterioran la confianza pública incluso antes de que la ciudadanía vote.

La erosión democrática del siglo XXI rara vez llega mediante un golpe de Estado. Se instala de forma gradual, debilitando la confianza en las instituciones, desacreditando a los árbitros y convirtiendo al adversario político en un enemigo moral.

En América Latina y el Caribe existe además otro desafío que suele quedar fuera del debate: la creciente limitación de la autonomía de nuestras democracias. La capacidad de decidir modelos de desarrollo, estrategias de integración regional o políticas públicas aparece cada vez más condicionada por factores financieros, tecnológicos y geopolíticos que exceden las fronteras nacionales. Una democracia que vota, pero no puede decidir, es también una democracia debilitada.

Todo esto obliga a revisar una convicción que durante años pareció suficiente: creer que defender la democracia consiste únicamente en preservar sus reglas. Las reglas son indispensables, pero por sí solas no alcanzan. Una democracia que no protege, que no genera oportunidades y que no ofrece un horizonte compartido termina siendo percibida como un procedimiento vacío.

Por eso el principal desafío para las fuerzas democráticas no consiste solamente en denunciar los riesgos del autoritarismo. El desafío es volver a hacer que la democracia resulte deseable.

Eso implica reconstruir representación política, fortalecer los organismos electorales, combatir la desinformación y defender la independencia institucional. Pero también exige recuperar la capacidad del Estado para ofrecer seguridad, empleo, educación, salud y perspectivas de futuro.

Porque nadie se moviliza únicamente para defender un reglamento. Las sociedades se movilizan cuando creen que la política todavía puede cambiar sus vidas.

La verdadera disputa de nuestro tiempo no es solamente entre democracia y autoritarismo. Es entre democracias capaces de generar esperanza y democracias resignadas a administrar frustraciones.

Como dijo alguna vez el gran Pepe Mujica ”No se vive de recuerdos, sino de porvenir”.

Si queremos que la democracia vuelva a ser el sistema preferido por nuestras sociedades, no bastará con recordar sus conquistas del pasado. Habrá que demostrar, una vez más, que sigue siendo la mejor herramienta para construir un futuro mejor.

Dolores Gandulfo es Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración del Parlamento del Mercosur. Integra el Consejo Asesor latinoamericano del Instituto de Transiciones democrático (IFIT) y del Centro de Excelencia Jean Monnet sobre Gobernanza Regional y Global de FLACSO. Experta en procesos electorales con más de 10 años dedicada a la Observación Electoral en América Latina y el Caribe. Es miembro de la Red de Politologas y Docente Universitaria.

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