91 años de error: el Banco Central y la inflación

En su historia, Argentina le quitó 16 ceros a su moneda, introdujo cinco signos monetarios distintos, atravesó dos episodios de hiperinflación, vació sus reservas internacionales en múltiples ocasiones y pasó la mayor parte de su existencia sufriendo diversos desastres monetarios, como alta inflación, cepos cambiarios y numerosas restricciones económicas.

En menos de noventa años, el BCRA tuvo más de sesenta presidentes y, según su propio historial institucional, solo uno llegó a completar su mandato. Chile y Uruguay dedicaron esas mismas décadas a construir instituciones que mantuvieron la inflación en un dígito, año tras año. Esto nunca fue mala suerte. Fue, y sigue siendo, una elección.

La inflación jamás fue accidental. Como ha insistido el Presidente, Javier Milei, por años, la inflación es un fenómeno monetario que ocurre cuando la oferta de dinero crece más rápido que la demanda de dinero y la capacidad productiva de la economía. Ergo, los bancos que funcionan bajo el sistema de encaje fraccionario son, por su propia naturaleza, instituciones inflacionarias.

Desde 1945, la base monetaria de Argentina creció 73,3 por ciento anual promedio, superando el 69,7 por ciento de inflación promedio. Esa brecha no es ruido estadístico. Es la evidencia más clara de que esto nunca fue un accidente: la emisión monetaria no se limitó a acompañar a los precios, sino que sistemáticamente se adelantó a ellos.

El Banco Central actúa como garante supremo de este sistema. A través de la determinación de los encajes bancarios, las operaciones de mercado abierto y, especialmente, la financiación directa o indirecta al Estado, el BCRA es capaz de expandir la oferta monetaria de manera arbitraria. La inevitable consecuencia de esto es la erosión del poder adquisitivo.

Desde 1935, el balance del BCRA ha sido el registro oficial de la estafa más duradera de la historia argentina. El balance del BCRA ofrece una manera útil de observar las consecuencias monetarias de la política fiscal. Cada vez que el BCRA financia al Tesoro mediante adelantos o la adquisición de deuda pública, genera un pasivo monetario correspondiente en su propio balance. Cuando este proceso se repite en el tiempo, la expansión de la base monetaria puede superar la demanda de dinero del público, generando una presión alcista persistente sobre el nivel general de precios. En este sentido, el balance del BCRA no es un simple registro contable: refleja el mecanismo institucional a través del cual los desequilibrios fiscales pueden transformarse en expansión monetaria y, en última instancia, en inflación.

Al BCRA se le asignaron objetivos vagos y contradictorios como “el empleo, el desarrollo económico, la estabilidad financiera y la justicia social”. Como resultado, la lucha contra la inflación quedó relegada a un segundo plano y se legitimó la emisión monetaria para cualquier fin político.

Hoy, el gobierno de Javier Milei intenta desmantelar precisamente este mecanismo. La reforma de la Carta Orgánica anunciada en julio de 2026 avanza a lo largo de al menos cinco dimensiones fundamentales:

(I): La misión exclusiva del BCRA pasará a ser «preservar el valor de la moneda». Se eliminan los objetivos añadidos en 2012, como el empleo y la «justicia social». Esto representa el reconocimiento institucional de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.

(II): Se prohíbe cualquier forma de asistencia directa o indirecta al Tesoro, a las provincias y a los municipios (adelantos transitorios, compra de títulos públicos en el mercado primario, etc.).

(III): Será necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para la remoción del presidente y los miembros del directorio del BCRA. De este modo, se restringe la posibilidad de moldear un banco central obediente al poder político mediante presiones del Poder Ejecutivo.

(IV): Las ganancias por valuación se transferirán a reservas no distribuibles; las utilidades generadas por la gestión de la cartera solo podrán destinarse a la reducción de la deuda del Tesoro. Así se evitará el financiamiento indirecto a través de la distribución de ganancias artificiales.

(V): Se desmantela el legado institucional de la era kirchnerista: se derogan las modificaciones de 2012 y la figura de las «Letras Intransferibles», que funcionaron como instrumentos de expropiación de la propiedad privada.

Estas reformas representan un intento de desmantelar la infraestructura institucional de un robo con ya 91 años de antigüedad. Por supuesto, no son suficientes. La verdadera solución al problema es la eliminación completa del monopolio monetario, la implementación de la banca libre y, preferiblemente, la transición hacia una moneda basada en el mercado a través del patrón oro, el bitcoin o la dolarización plena. Sin embargo, dentro de la realidad política, imponer restricciones legales y constitucionales a la facultad del Estado para emitir dinero representa un avance significativo.

Profesor distinguido de Economía y titular de la Cátedra Harold E. Wirth Universidad Loyola Nueva Orleans

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