Otra vez la disyuntiva desarrollo o medio ambiente
En el siglo XIX la disyuntiva era “libre cambio o proteccionismo”; en el siglo XX fue “campo o industria”. En el siglo XXI, nuestra tradición dicotómica y maniquea, además de retroalimentar las viejas disyuntivas, ha generado otras nuevas: “desarrollo o medio ambiente”; “minería o medio ambiente”; “hidrocarburos o medio ambiente”. Las “o” disyuntivas siempre han sido paralizantes de nuestro desarrollo económico y social. El modelo productivo superador de estas disyuntivas debe canalizar el ahorro interno hacia inversiones productivas, con un aumento sustancial de la tasa de inversión bruta, y generar un salto en la productividad sistémica. Se trata de desarrollo y medio ambiente; de minería y medio ambiente; de hidrocarburos y medio ambiente.
Hay que maximizar la producción y la renta de estos sectores intensivos en capital, que están transformando la estructura productiva del país a partir de ventajas comparativas que permitirán radicar otras industrias. Un nuevo modelo productivo debe integrar cadenas de negocios que promuevan la creación de empleos formales y maximicen el valor agregado nacional exportable, articulando sectores primarios, industriales y de servicios, recreando las bases de un mercado regional y consolidando los cimientos de un desarrollo sustentable.
Ese desarrollo sustentable está asociado a la licencia social y a la licencia ambiental que imponen estas actividades. El respeto a las normas ambientales de orden nacional, provincial y aun municipal debe ser correspondido por estas industrias mediante la implementación de las mejores prácticas, y respondiendo por las infracciones administrativas o los daños que deriven en responsabilidad civil cuando una conducta negligente provoque un daño ambiental.
Y aquí aparece la preocupante novedad que recrea la disyuntiva “desarrollo o medio ambiente” y que puede convertirse en un obstáculo al proceso de desarrollo intensivo que ya experimentan Vaca Muerta y la minería del litio, y que se viene en el cobre a partir de Vicuña: la figura penal del “ecocidio” contenida en un proyecto de ley que tiene tratamiento en la Cámara de Senadores.
De traducirse el proyecto en ley, una negligencia que pueda provocar un daño ambiental —conducta que será evaluada dentro del amplio y, a veces, difuso espectro de normas nacionales, provinciales y municipales que regulan el medio ambiente— quedaría sujeta a la discreción interpretativa de jueces federales o locales y podría derivar en una pena de hasta 15 años de prisión, y hasta 25 si hubiera una muerte.
El proyecto, de dudosa constitucionalidad por las lagunas que plantea la definición del tipo penal —el artículo 18 de la Constitución Nacional exige una ley previa que determine tanto la conducta prohibida como la pena—, agrava las penas cuando en el hecho interviene un funcionario público: prevé un aumento de un tercio en el mínimo y el máximo, además de una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La cuestión adquiere especial relevancia para actividades como la energía y la minería, donde los proyectos requieren evaluaciones de impacto ambiental, permisos, inspecciones y sucesivas autorizaciones de organismos públicos. Frente a una figura cuyos límites pueden resultar difíciles de anticipar, especialistas identifican un riesgo de “parálisis decisoria”: que los funcionarios se vuelvan reacios a autorizar o acompañar proyectos, ralentizando trámites legítimos y generando un impacto sobre los proyectos y su factibilidad.
En la práctica, las autoridades, además de su ya existente responsabilidad por el desempeño como funcionarios públicos, agregarían un escalón más de precaución ante la eventual penalización de sus actos administrativos. Seamos claros: si Vaca Muerta no estuviera en proceso de plena expansión productiva, es muy posible que la figura penal del “ecocidio”, tal como la propone esta norma, hubiera producido un “industricidio”, frustrando el desarrollo intensivo del petróleo y el gas que, según lo hemos planteado en Infobae (06-09-26), está generando una verdadera revolución energética. Pero puede haber consecuencias disuasorias sobre nuevas inversiones a futuro.
La Argentina viene de una decadencia cuasi secular que ha degenerado en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos. El diagnóstico derivado de la contabilidad del crecimiento es contundente respecto de las causas: baja inversión y productividad, con un insuficiente ahorro interno que, en parte, se deriva al exterior o emigra del sistema. La tasa de crecimiento potencial de los últimos 50 años promedió un 1,8% anual acumulado, y eso se tradujo en un paupérrimo incremento del ingreso per cápita, que permanece estancado desde 2011.
No hay magia ni atajos. Para volver a crecer a tasas altas y poner un punto de inflexión a nuestra decadencia hace falta mucha más inversión —tasas del 25/28 %— y un aumento sustancial de la productividad total de los factores (PTF). Las locomotoras energética y minera están a la cabeza de esta transformación productiva, y paralizar su desarrollo con propuestas de un ecologismo ideológico sería un grave error político y económico.
Tal vez lo que habría que criminalizar en la Argentina es esta variante de “industricidio”. Sugiero el siguiente tipo penal: “Todo funcionario público nacional, provincial o municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que, invocando causas sociales o ambientales fundadas en argumentos de corte ideológico, dicte o sancione normas o resoluciones que puedan ser disuasivas o paralizantes de procesos de inversión productiva nuevos o en curso, será reprimido con penas de tantos años de prisión, multa e inhabilitación accesoria”.
