América Latina ante el nuevo mapa del poder
Hay elecciones que exceden las fronteras del país donde se celebran. Las de Brasil, en octubre, y las legislativas de Estados Unidos, en noviembre, pertenecen a esa categoría. No porque sus resultados vayan a determinar por sí mismos el rumbo de América Latina, sino porque ambos procesos tendrán lugar mientras se redefine la relación entre las grandes potencias y una región que vuelve a adquirir importancia por sus mercados, sus recursos naturales, su energía y su posición estratégica.
Brasil votará el 4 de octubre y, si fuera necesario, tendrá una segunda vuelta el 25. Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre sus elecciones de medio término, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
En Washington no estará en juego la presidencia de Donald Trump, pero sí parte de la capacidad de su administración para avanzar durante los dos últimos años de mandato. En Brasil, en cambio, estará directamente en discusión la continuidad del proyecto de Luiz Inácio Lula da Silva y, con ella, una determinada concepción del lugar del país en el mundo.
La secuencia electoral tendrá además un episodio inmediatamente anterior que puede incidir en el clima político estadounidense. El 27 de octubre, apenas una semana antes de las elecciones de medio término, Israel elegirá su próximo Parlamento.
El resultado será relevante para el futuro político de Benjamín Netanyahu, pero también para Washington, en un momento en que la relación con Israel, la guerra en Gaza y la política estadounidense hacia Medio Oriente forman parte de un debate cada vez más sensible para el electorado norteamericano. No se trata, sin embargo, de procesos aislados.
Son expresiones diferentes de un mismo cambio de época: la política internacional vuelve a estar atravesada por la disputa por el poder, los recursos, la tecnología y las áreas de influencia. Y ese cambio coloca nuevamente a América Latina en un lugar que durante años pareció haber perdido.
Durante buena parte de las últimas décadas, la globalización permitió pensar la relación entre economía y política internacional como si fueran esferas relativamente separadas. El comercio podía expandirse mientras los gobiernos administraban sus diferencias y las empresas organizaban sus cadenas de producción a escala global. La eficiencia parecía importar más que la geografía.
Esa etapa está quedando atrás. La pandemia, la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y las tensiones sobre las cadenas de suministro modificaron esa lógica. La seguridad volvió a entrar en las decisiones económicas. Los gobiernos comenzaron a preguntarse no solo cuánto cuesta producir algo, sino quién controla los insumos necesarios para hacerlo; no solo dónde resulta más barato fabricar, sino qué ocurre si ese proveedor deja de estar disponible.
En ese nuevo escenario, los minerales críticos dejaron de ser una cuestión estrictamente minera. El litio, el cobre, el grafito, el níquel y las tierras raras son componentes de industrias que estarán en el centro de la transición energética, la digitalización y, cada vez más, de la seguridad nacional de las grandes potencias. La energía también recuperó una dimensión geopolítica que parecía haber perdido. Lo mismo ocurre con los alimentos, el agua, los puertos, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales.
América Latina aparece en varios de esos mapas al mismo tiempo. La región posee algunos de los recursos que serán más demandados durante las próximas décadas. Brasil tiene una combinación difícil de igualar de minerales, energía, alimentos, territorio y capacidad industrial. Argentina y Chile ocupan posiciones centrales en el mapa del litio y cuentan además con importantes recursos de cobre. Otros países latinoamericanos poseen petróleo, gas, biodiversidad, capacidad agroalimentaria o ubicaciones estratégicas para las nuevas rutas comerciales.
La paradoja es que una región puede volverse más importante sin volverse necesariamente más poderosa. Ese es el punto que conviene no perder de vista. Tener litio no significa dominar la fabricación de baterías. Extraer cobre no equivale a controlar las tecnologías que dependen de él. Poseer tierras raras no garantiza participar de las industrias que las transforman en componentes de alto valor. La Agencia Internacional de Energía ha advertido precisamente sobre esa asimetría: América Latina tiene una participación relevante en la producción de minerales críticos, pero mucho menor en las etapas de procesamiento y refinación.
El viejo dilema latinoamericano reaparece así bajo una forma nueva. La región vuelve a ser necesaria, pero corre el riesgo de seguir siendo necesaria principalmente como proveedora de aquello que otros necesitan. La diferencia esta vez es que hay más de un actor dispuesto a disputar ese acceso.
Ahí es donde la elección brasileña adquiere una dimensión que excede ampliamente la política interna. Brasil no es simplemente el país más grande de América Latina. Es el único actor regional con escala económica, territorial, demográfica, industrial y diplomática suficiente para intentar construir una posición propia frente a las grandes potencias.
La política exterior de Lula parte de esa premisa. Su apuesta por un mayor protagonismo del Sur Global, por los espacios multilaterales y por una política exterior más autónoma respecto de Washington convive con una relación económica extraordinariamente intensa con China y con la necesidad de preservar vínculos políticos, comerciales y tecnológicos con Estados Unidos y Europa. No hay en ello una contradicción necesariamente. Hay, más bien, una constatación de la posición que ocupa Brasil.
China es demasiado importante para Brasil como para ser reducida a un adversario. Estados Unidos es demasiado importante como para ser convertido en un antagonista permanente. Europa continúa siendo un socio relevante. Y el resto del mundo ofrece mercados y alianzas que Brasil necesita para ampliar su margen de maniobra.
La autonomía brasileña, por lo tanto, no consiste en alejarse de las grandes potencias, sino en evitar que alguna de ellas pueda convertirse en indispensable.
China es demasiado importante para Brasil como para ser reducida a un adversario; EE.UU. es demasiado importante como para ser convertido en un antagonista permanente"
Esa diferencia es fundamental. Un país tiene mayor autonomía no cuando proclama que no responde ante nadie, sino cuando dispone de suficientes alternativas como para poder decir que no. Y esas alternativas no se construyen solamente mediante diplomacia. Se construyen con mercado interno, industria, tecnología, energía, infraestructura, financiamiento y capacidad exportadora.
Por eso la discusión sobre el futuro internacional de Brasil no debería reducirse a una eventual elección entre Estados Unidos y China. La cuestión de fondo será si el próximo gobierno consigue convertir el peso específico del país en una capacidad mayor de negociación. En ese sentido, Brasil funciona también como un anticipo de lo que puede ocurrir con el resto de la región.
Estados Unidos, por su parte, viene redefiniendo su relación con América Latina en el marco de una competencia mucho más amplia. Para la administración Trump, China no es solamente un rival comercial. Es el principal desafío estratégico y tecnológico. Reducir la dependencia de Beijing implica, por lo tanto, asegurar cadenas de suministro alternativas y reforzar el acceso a recursos que resultan esenciales para la industria estadounidense.
Eso coloca a América Latina en una posición diferente. Washington tiene ahora un incentivo mucho mayor para prestar atención a minerales críticos, energía, infraestructura, puertos, telecomunicaciones y cadenas agroalimentarias latinoamericanas. Lo que antes podía ser visto como una inversión comercial puede adquirir una lectura estratégica.
Una infraestructura portuaria puede ser, simultáneamente, una pieza de una cadena logística. Una red de telecomunicaciones puede convertirse en una cuestión de seguridad. Una mina puede ser parte de una disputa tecnológica mucho más amplia.
La competencia con China transforma, de este modo, el significado de la presencia estadounidense en la región.
Las elecciones de medio término de noviembre pueden modificar la capacidad de Trump para avanzar con su agenda durante los dos últimos años de su mandato. Una alteración de las mayorías en el Congreso podría imponer límites, obligar a negociar algunas iniciativas o cambiar prioridades. Pero hay algo que probablemente trascienda el resultado electoral: la decisión estadounidense de reducir vulnerabilidades frente a China difícilmente desaparecerá con una elección.
Eso obliga a América Latina a mirar más allá de los ciclos políticos de Washington. La cuestión no será solamente cuánto ofrece Estados Unidos ni cuánto ofrece China. Será qué capacidad tienen los países latinoamericanos para utilizar esa competencia en su propio beneficio sin terminar atrapados en ella. Porque la competencia entre grandes potencias puede ampliar el margen de maniobra de los países medianos. Pero solo si esos países tienen algo que negociar. Aquí aparece el riesgo más profundo.
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América Latina puede recuperar centralidad internacional sin recuperar necesariamente capacidad de decisión. La región vuelve a ser observada porque posee aquello que la economía global necesita para atravesar la transición energética y tecnológica: minerales críticos, energía, alimentos, agua y territorios capaces de producirlos.
Pero poseer un recurso no significa controlar el poder que se construye alrededor de él. La diferencia entre exportar litio y participar de la industria que utiliza ese litio, entre extraer cobre y dominar las tecnologías que dependen de él, entre producir energía y controlar las redes y conocimientos que permiten transformarla en desarrollo, es precisamente la diferencia entre tener valor estratégico y tener poder estratégico.
La región tiene algo que las grandes potencias necesitan. Esa es una ventaja que no debería desperdiciar. Pero tampoco debería confundirla con poder"
Ese será uno de los grandes dilemas de los próximos años. Estados Unidos y China competirán por asegurar recursos, mercados, tecnología y posiciones estratégicas; los gobiernos latinoamericanos tendrán incentivos para aprovechar esa competencia y obtener inversiones, acceso a mercados y financiamiento. Pero si cada país entiende esa disputa únicamente como una oportunidad para conseguir mejores condiciones comerciales en el corto plazo, la región puede terminar reproduciendo una vieja relación de dependencia bajo una nueva geografía del poder.
Cambiarán los socios, cambiarán las tecnologías y cambiarán los productos demandados, pero permanecerá la misma estructura: América Latina provee los recursos y otros actores controlan buena parte de las decisiones, del conocimiento y del valor agregado. Por eso la discusión no debería plantearse en términos de alineamiento. La vieja pregunta acerca de si América Latina debe acercarse a Washington o a Beijing resulta insuficiente para explicar el mundo que viene.
La verdadera autonomía no consistirá en mantener una equidistancia diplomática entre las dos potencias, sino en disponer de suficientes alternativas para que ninguna pueda imponer unilateralmente sus condiciones. Eso exige algo bastante más difícil que una declaración de política exterior: desarrollar capacidades productivas, tecnológicas, financieras e institucionales que permitan negociar desde una posición menos vulnerable. Y exige, además, superar una fragmentación regional que reduce el poder de negociación justamente cuando los activos latinoamericanos comienzan a adquirir mayor valor.
La cuestión alcanza directamente a países como Argentina y Chile. La expansión de la minería del litio y del cobre puede generar inversiones, divisas y empleo, pero también puede consolidar un patrón en el que la región exporta recursos y otros países concentran la transformación tecnológica.
La oportunidad está en avanzar hacia cadenas de mayor complejidad: no solamente extraer, sino procesar; no solamente exportar, sino desarrollar conocimiento; no solamente atraer capital, sino utilizarlo para construir capacidades que permanezcan cuando ese capital cambie de destino.
Esa discusión no puede quedar limitada a la minería. También involucra energía, alimentos, infraestructura, inteligencia artificial, servicios basados en conocimiento y conectividad. La disputa global está redefiniendo el valor de esos activos y obliga a pensar la inserción internacional latinoamericana de una manera menos defensiva y más estratégica.
Las elecciones que vienen mostrarán hacia dónde se mueven algunas de las piezas principales del tablero. Pero no decidirán por sí mismas qué lugar ocupará América Latina. Brasil podrá profundizar una política de autonomía o modificarla. Washington podrá contar con mayor o menor margen para desarrollar su estrategia frente a China. Israel puede introducir nuevas tensiones en la política exterior estadounidense. Todo eso importa.
Pero hay una transformación más profunda que seguirá avanzando independientemente de quién gane cada elección: la competencia por los recursos, la tecnología y las cadenas de producción que definirán el poder económico de las próximas décadas.
América Latina vuelve a estar en el centro de esa disputa. La cuestión es qué hará con esa centralidad. Durante demasiado tiempo, la región estuvo acostumbrada a pensar su lugar en el mundo a partir de una alternativa ajena: con Estados Unidos o contra Estados Unidos; más cerca de Occidente o más cerca del Sur Global; ahora, con Washington o con Beijing. El nuevo escenario ofrece una posibilidad diferente. No la de elegir quién manda, sino la de construir las condiciones para que nadie pueda decidir unilateralmente por ella. La región tiene algo que las grandes potencias necesitan. Esa es una ventaja que no debería desperdiciar. Pero tampoco debería confundirla con poder.
El verdadero desafío será transformar la demanda externa en capacidad propia. Porque si América Latina vuelve a ser importante solamente porque otros necesitan sus recursos, habrá cambiado el mapa del poder sin haber cambiado su lugar en él.