Después de años de debate, el Senado avanza con suba del corte de biocombustibles

El corte de biocombustible es la proporción mínima obligatoria de combustible de origen vegetal que debe mezclarse con los combustibles fósiles convencionales antes de llegar a los surtidores. En la Argentina, la legislación vigente —la Ley 26.093, sancionada en 2006, y su sucesora, la Ley 27.640 de 2021— establece que la nafta debe contener al menos un 12% de bioetanol (producido a partir de caña de azúcar o maíz) y que el gasoil debe incorporar un 7,5% de biodiésel (derivado principalmente de la soja). Esta mezcla es obligatoria para todas las petroleras y distribuidoras que operan en el mercado interno, y su porcentaje lo fija el Estado nacional con el objetivo de reducir las importaciones de combustibles fósiles, disminuir emisiones de dióxido de carbono y fomentar la producción agroindustrial nacional.

El oficialismo logró avanzar y consensuar en el Senado de la Nación un nuevo marco regulatorio para el biocombustible.

Luego de varios años y muchos intentos fallidos, un plenario de las comisiones de Presupuesto, Minería, Energía y Combustible logró un dictamen de consenso para un nuevo porcentaje de corte para el combustible de origen vegetal.

El plenario venía de un cuarto intermedio de la semana pasada —26 de agosto— en donde se había comenzado a analizar diferentes proyectos presentados por varios bloques. Entre ellos estaban los de Beatriz Ávila (Independencia); José María Carambia y Natalia Gadano (Movere Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Patricia Bullrich (LLA); Flavia Royón (Primero los Salteños); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones), y Jorge Capitanich (PJ). En todos el debate giraba en torno al porcentaje de corte con el fin de modificar la legislación vigente.

Según establece el dictamen que se pasó a la firma y que estará listo para llevar al recinto no antes de siete días, el acuerdo alcanzado tiene como eje principal la modificación del porcentaje de corte de los combustibles.

Según explicó la senadora Ávila, “después de muchos años logramos avanzar en un nuevo marco regulatorio que establece elevar el corte de bioetanol de 12% al 15%”. La senadora tucumana había propuesto elevar el corte al 18%, pero señaló que, aunque el acuerdo sea menor al que aspiraba, lo importante era que finalmente “se pudo avanzar”.

En este incremento de corte para el bioetanol, el 15% se divide en 6% para la caña de azúcar, 6% para el maíz y 3% queda para la libre competencia.

En lo que se refiere al biodiésel, los senadores también propusieron cambios y se elevaría el porcentaje de corte del 7,5% actual al 10%, si el texto se aprueba sin modificaciones.

Sin embargo, como se trata de un proyecto impulsado por las provincias productoras de biocombustibles que aspiraban a un porcentaje mayor —el problema es el traslado a precio en los surtidores—, en el dictamen que circuló entre los legisladores hay un artículo que habilita a las provincias a aumentar ese cupo si lo deciden, con la condición de que presenten una justificación al respecto.

En la Argentina hay alrededor de 50 plantas industriales de biocombustibles en funcionamiento, divididas entre biodiésel y bioetanol.

De ese total, 32 plantas producen biodiésel tanto para el consumo interno como para el mercado de exportación. Están radicadas principalmente en Buenos Aires y en Santa Fe —la gran mayoría ubicadas en la zona del Gran Rosario, donde se concentra el complejo portuario privado más grande del país— y algunas otras de menor porte en Córdoba.

En cuanto al bioetanol, hay 18 plantas productoras distribuidas en el país: las que obtienen el insumo de la caña de azúcar, ubicadas en Tucumán, Jujuy y Salta; y las que trabajan con maíz, concentradas en Córdoba, San Luis y Santa Fe.

“Represento a una provincia petrolera, pero esta es una ley que va a beneficiar a otras provincias y, además, abrirá la puerta a varias inversiones que desde hace años esperan este cambio”, dijo el senador neuquino Pablo Cervi, exradical ahora libertario.

Entre las modificaciones que también establece el dictamen figura un plazo de un año para que el sector suba del 12% al 15% en bioetanol y del 7,5% al 10% en biodiésel, con el fin de que quienes deban readecuar sus plantas puedan hacerlo.

Además, se fija un piso mínimo de 3% para las sociedades no integradas —pymes independientes que participan de un solo eslabón de la cadena productiva—. El nuevo marco regulatorio tendrá validez hasta 2037, con el objetivo de generar previsibilidad para las inversiones productivas.