Fuertes contrastes en la mayor provincia del país

Por superficie y población, la provincia de Buenos Aires es la más importante de la Argentina. Pero sus indicadores socioeconómicos marcan un fuerte contraste entre el interior bonaerense y los partidos más poblados del conurbano, donde se extiende la pobreza.

En sus 305.907 kilómetros cuadrados viven 17,45 millones de personas -más de un tercio de la población del país-, aunque la tasa de natalidad creció apenas 0,25% desde el último censo nacional de 2022. De ese total, poco más de tres cuartas partes corresponden al conurbano (13,30 millones) y 4,15 millones al interior provincial. Esta disparidad explica el elevado peso relativo en el padrón electoral nacional de los partidos del Gran Buenos Aires (GBA), donde en las últimas cuatro décadas coexisten sectores de clase alta y media alta en countries o barrios privados y de clase baja en viviendas precarias o villas de emergencia.

Según el Indec, a fin de 2025 (último dato disponible) 4,58 millones de habitantes del GBA se encontraban en situación de pobreza y 1,13 millón estaban en la indigencia.

A su vez, datos oficiales procesados por Empiria Consultores, (dirigida por Hernán Lacunza, exministro de Economía provincial entre 2015 y 2019; de Hacienda nacional a fines de ese año y ahora aspirante a candidato presidencial por el Pro), indican que el número de asalariados privados registrados se redujo de 2 millones en abril de 2023 a 1,94 millones en el mismo mes de este año. En ese lapso, la informalidad laboral en el GBA subió de 39,6% a 40,5%, pero bajó de 36,4% a 33,7% en el interior de la PBA.

En este contexto, algo más de 1,54 millones de personas reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), con un monto mensual de $150.000 por cada menor de 18 años. La proporción es de 88,6 por cada 1000 habitantes, tras la eliminación de intermediaciones dispuesta a nivel nacional en 2024.

Un correlato de este cuadro socioeconómico fue el descenso del consumo masivo en los últimos doce meses. Las ventas en supermercados cayeron en promedio 20% anual con respecto a noviembre de 2023 en el conurbano y 10% en el resto de la provincia. A su vez, la industria retrocedió 7% real en el mismo lapso, tanto en la PBA como a nivel nacional, mientras el índice de construcción mostró en los últimos meses una leve mejora, atribuible a obras públicas provinciales y municipales en comparación con el freno registrado a nivel nacional.

Como contracara, el mayor potencial del territorio bonaerense proviene de su capacidad exportadora. Según el último informe del Indec, en el primer semestre de este año Buenos Aires encabezó el ranking provincial de exportaciones con US$15.965 millones (+10,1% interanual), casi la mitad de toda la región pampeana. De ese total, US$5666 millones correspondieron a manufacturas de origen industrial (principalmente material de transporte terrestre); US$4193 millones a productos primarios (trigo y maíz); US$3824 millones a manufacturas de origen agropecuario (alimentos), y US$2282 millones a combustibles y lubricantes (que incluyen el aprovisionamiento a buques y aviones).

Entre los problemas crónicos de arrastre desde hace décadas, la inseguridad ocupa un lugar preponderante, especialmente en los partidos más pobres y populosos del GBA, como La Matanza, Moreno y José C. Paz.

Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Seguridad nacional revelan que en 2025 (último dato) en la PBA se registraron 6439 robos con lesiones o muertes (77,6% del total nacional), 775 homicidios (46,2%), 2475 violaciones (38,6%) y 75.431 hurtos (24,4%); en todos los casos sin precisar las zonas de estos delitos.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal provincial informa en su sitio web que en 2025 se iniciaron 1.012.857 investigaciones penales preparatorias (IPP), en su mayoría con autor ignorado, principalmente en los partidos de Lomas de Zamora (12,4%), San Martín (11,3%), Quilmes (9,1%), La Plata (8,9%) y La Matanza (8,3%).

De todos modos, las estadísticas tampoco detallan que en el conurbano la venta minorista de drogas pasó a ser una salida laboral para no pocos jóvenes –con o sin estudios– en desigual competencia con trabajos precarios y mal remunerados, al amparo de una presumible tolerancia policial y/o política no desinteresada. De hecho, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) reveló tiempo atrás que 3 de cada 10 hogares identificaban la venta y/o tráfico de drogas en su cuadra, manzana o barrio. Esta situación se registró en el 35,6% de los hogares del conurbano.

Otro problema de larga data en la PBA se evidencia en el terreno educativo. Sobre una población estimada en 14,94 millones de personas, 1,77 millones (11,9%) terminaron el nivel primario y poco más de 3 millones (20,75%) el secundario. Quienes no los completaron totalizan 3,34 y 3,41 millones respectivamente (22,6% promedio en cada caso), lo cual revela la necesidad de aumentar la oferta y calidad de enseñanza para niños y adolescentes. Sólo en el nivel superior la relación es inversa: el número de graduados (1,67 millones) apenas supera al de estudios incompletos (1,63 millones). Quienes no completaron sus estudios en los tres niveles suman 8,4 millones de personas, más de 56% de la población considerada.

Si bien en el sector público de la PBA revistan 37 empleados cada 1000 habitantes (muy por debajo de las provincias norteñas y patagónicas, con más de 100), el dato induce a confusión al tratarse de la provincia de mayor población. Según cifras oficiales, la planta provincial incluye a 550.158 agentes (382.376 permanentes y 167.482 temporarios), a los que deben sumarse 118.150 docentes que en el presupuesto aparecen como “horas cátedra” y completan un total de 668.308 empleados.

A esta dotación se suma el personal de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, donde el clientelismo político es moneda corriente. En conjunto suman 3111 empleados permanentes y temporarios. Con 92 diputados, la Cámara baja cuenta con 1733 agentes (1154 en planta permanente) y la Cámara alta, de 46 senadores, con 1378 (1062 permanentes) y un promedio de 30 empleados por senador, sin incluir asistentes contratados por bloques políticos. No es extraño que el Senado provincial haya dado media sanción a la ley para aprobar la reelección indefinida de legisladores provinciales y municipales. En cambio, no existen datos oficiales consolidados sobre concejos deliberantes municipales. Sobre todo, cuando también está en danza un proyecto similar para que los intendentes puedan ser reelectos en 2027 por un tercer período consecutivo.

Según Empiria, la PBA cerró 2025 con un déficit primario de 0,3% del PBI y financiero de 0,8%. La coparticipación federal representó el 40% de los ingresos provinciales y el endeudamiento interno y externo equivale al 52% de sus ingresos totales.

Bautista Santamarina y Lucas Tettamanti, economistas de la consultora, sostienen la necesidad de bajar el gasto público. “Si hay ajuste fiscal, habrá margen de maniobra para luego reducir cargas tributarias distorsivas como Ingresos Brutos y que los municipios hagan lo propio con las tasas municipales. En este sentido, siempre es conveniente priorizar el gasto en obras reduciendo el gasto corriente. El gobierno de la provincia –agregan- debe equilibrar sus cuentas, para lo cual debe repensar si el sector público pueda quizá funcionar con menos personal. Eso ayudaría a tener menos gasto y ordenarse fiscalmente”.

De ahí que los partidos opositores cuestionen el lema Derecho al Futuro, adoptado por el gobernador Axel Kicillof para lanzarse como precandidato presidencial en 2027 sin apoyo explícito del kirchnerismo. Con el statu quo de sus dos mandatos consecutivos, no hay indicios de reformas estructurales.

En este marco, últimamente volvió a cobrar relevancia la propuesta del libro “Una nueva Buenos Aires”, escrito por el ex senador Esteban Bullrich en coautoría con Enrique Morad (abogado y profesor de Ciencias Políticas) y Jorge Colina (economista de Idesa), publicado en 2021.

A través de sus 165 páginas, fundamenta como reforma institucional la conveniencia de dividir el interior bonaerense en tres provincias: Buenos Aires del Norte, con capital en San Nicolás; Buenos Aires del Sur, con capital en Bahía Blanca, y Buenos Aires Atlántica, con capital en Mar del Plata. Además, el conurbano sería subdividido en otras dos, vecinas a la CABA: la provincia de Luján, con capital en esa ciudad y la provincia del Río de la Plata, con capital en La Plata.

Colina explica que la propuesta apunta a resolver el tamaño y heterogeneidad de la PBA, con su gran riqueza en el interior y un conurbano colapsado con municipios más grandes que varias provincias argentinas, intendentes con poder político propio y alto clientelismo.

También destaca que las tres provincias del interior contarían con estructura productiva y PBI per cápita similares a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que pasarían a tener “tres hermanas nuevas”. Pero además evitarían el problema de la sobre-representación política del conurbano en la Legislatura bonaerense y la Cámara de Diputados de la Nación.

El economista admite que llevar adelante la reforma –prevista en la Constitución Nacional- requerirá de un amplio respaldo y consenso político. “Por ahora son ideas en discusión, pero sería factible si las fuerzas vivas del interior provincial las impulsaran junto con las provincias del Centro”, concluye.

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