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perfil.com · hace 2 horas · Raúl Gustavo Ferreyra *

Milei le pone prólogo a Alberdi: el Gobierno reedita las ‘Bases y puntos de partida’

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La Todos tienen derecho a leer las “Bases”. Eso también vale para el presidente, quien acaba de prologar una nueva reedición. El asunto es confrontar esa lectura con el texto que él dice reivindicar. ¿Qué ocurre cuando las palabras con las que el presidente elogia a Alberdi se enfrentan con los postulados de las “Bases” y con las decisiones de su gobierno?

El texto de Alberdi sirve de guía. No cabe adherir a él sin beneficio de inventario.Casi el noventa por ciento del texto propuesto por Alberdi en 1852 tiene semejanza con las reglas escritas en la Constitución de 1853. Alberdi fue el arquitecto de un plan global y las “Bases” fueron la fuente de la Ley fundamental que, con sus reformas, constituye la plataforma jurídica de la Argentina.

Entiendo que la lectura que el presidente hace de Alberdi en su prólogo puede resumirse en tres de sus propias expresiones: “gobierno limitado”, “apertura al mundo” y “respeto por los derechos individuales”. Tomo esas afirmaciones como punto de partida para contrastarlas con las ‘Bases’ y con el ejercicio actual del Poder Ejecutivo federal.

El presidente reivindica el principio alberdiano de un “gobierno limitado”. Cabe confrontar esa afirmación con el ejercicio concreto del poder: el recurso reiterado y abusivo a los Decretos de Necesidad y Urgencia, incluso en materias que suscitan objeciones capitales sobre las competencias del Congreso o las materias abordadas; y la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia “en comisión”, mecanismo inconstitucional, a título de ejemplo. Debe agregarse una conducta política alejada de la moderación y la tolerancia propias de un gobierno limitado y controlado, marcada por la descalificación y la confrontación con sus adversarios. No hay diálogo institucional, sino un modelo de gestión con rasgos autocráticos.

No alcanza con reivindicar a Alberdi y declarar que el modelo exige un gobierno limitado: hay que examinar cómo se ejerce el poder y qué límites acepta el Poder Ejecutivo frente a los demás poderes del Estado. Su ideario propiciaba la división de poderes, no la suma del poder público.

La “apertura al mundo” no se agota en el comercio ni en la elección de aliados, ni consiste en convertir diferencias ideológicas en enemistades diplomáticas. Exige relacionarse con los países de interés permanente para la Argentina desde una política exterior responsable, y ejercer la jefatura del Estado conforme a la Constitución. El vínculo con Brasil es el caso más evidente: los reiterados ataques y descalificaciones a sus autoridades e instituciones difícilmente pueden conciliarse con el principio que el presidente reivindica.

El presidente sostiene que la salida es la libertad. Sí, la libertad es un principio fundamental de una sociedad democrática y el fundamento de todos los demás derechos fundamentales. No alcanza con invocarla. Hay que preguntarse cómo se realiza en la vida concreta y qué hace el gobierno para que pueda ser efectivamente ejercida.

El “respeto por los derechos individuales” no puede medirse por las declaraciones de principios. Una sociedad abierta y libre requiere que derechos esenciales como el derecho a la educación, a las jubilaciones y a la salud puedan ser efectivamente ejercidos y disfrutados. El estado de devastación en que se encuentran hoy amplios sectores de la educación pública, el sistema previsional y la salud pública plantea una pregunta difícil de eludir: ¿cómo puede hablarse de libertad cuando las condiciones materiales para ejercer derechos tan elementales se deterioran hasta comprometer su acceso efectivo? La libertad no consiste solamente en que el Estado se abstenga de intervenir; también exige que los derechos reconocidos y jerarquizados por la Constitución federal no se conviertan, para una parte de la sociedad, en meras declaraciones que corren riesgo de ser desnaturalizadas.

Alberdi no necesita ser convertido en un santo laico ni en propiedad intelectual de ningún gobierno. Sus ideas pueden y deben ser discutidas. Pero si el presidente decide presentarlo como fundamento de su proyecto, debe aceptar que sus palabras sean confrontadas con sus actos. Y esa confrontación deja una pregunta incómoda: ¿qué queda de las ‘Bases’ cuando el gobierno limita menos el poder de lo que proclama, convierte las diferencias internacionales en agravios y deja que los derechos fundamentales se deterioren hasta volverse inaccesibles?

¿Qué ocurre si nos atamos a 1852, como si el mundo no hubiera cambiado? Un modelo pensado para los albores del constitucionalismo, ya ensayado y fracasado, difícilmente puede presentarse hoy como novedad y, menos aún, como solución. Al fin y al cabo la primitiva idea del ilustre pensador era el progreso continuado.

Invocar a Alberdi no convierte en alberdiana una política. Las “Bases” no son un salvoconducto para el poder: son, también, un límite y un control frente a él.

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