"La calidad de la Justicia de un país es el reflejo de la calidad de la democracia de la que goza ese país”
-Si derrotar a la corrupción implica “corrupción cero”, pienso que no es realista lograrlo. La corrupción es inherente a la ambición y deseos de autosatisfacción propias del ser humano. Sin embargo, lo que sí es posible, es controlar la corrupción, y mantenerla en un nivel que no haga inviable a un país, impidiendo que atente contra el Estado de Derecho y que se convierta en un factor generador de inequidad, pobreza, violencia, anarquía, etc. Es verdad que la gran corrupción, en tanto crimen de poder, en un escenario donde interactúan partes megapoderosas como las grandes corporaciones, regímenes cleptocráticos, y organizaciones criminales trasnacionales, constituye un desafío para los Estados y el actual orden mundial. Sin embargo, existen esfuerzos globales, que movilizan a Estados, instituciones y sectores importantes de ciudadanía en distintas partes del mundo, que han logrado contener el embate de la corrupción.
-De acuerdo al Índice de Transparencia Internacional la gran corrupción está presente en dos terceras partes de la humanidad...
Sin embargo, existen logros innegables en territorios en los que es posible vivir regidos por reglas sociales previsibles y justas, en un entorno en el que la población se desarrolla con estándares básicos alrededor del bien común, el respeto a sus derechos fundamentales, y la satisfacción pacífica de sus necesidades materiales y espirituales.
-Hace un tiempo usted se refirió al ejemplo de la justicia brasileña en el caso Lavo Jato ¿siente que la justicia brasileña está sola en esta cruzada?
-Lamentablemente, la Justicia brasileña ha sucumbido ante el control de la política, y en los últimos meses hemos asistido a un vergonzoso desmontaje de los importantes logros que obtuvo en los procesos del caso Lava Jato, varios de los cuales fueron compartidos mediante asistencia judicial con otros países de la región. En el 2009 el presidente Lula da Silva nombró como magistrado del Supremo Tribunal Federal a un juez de su confianza, Dias Toffoli, quien luego tiraría abajo todo lo avanzado en las investigaciones y procesos que estuvieron a cargo de la fuerza de tarea del entramado Lava Jato, una estructura de corrupción que impactó en 10 países de Latinoamérica y 2 de Africa. Las anulaciones de pruebas (en su mayoría admitidas por los corruptos en confesiones realizadas en presencia de sus abogados y corroboradas por abundante evidencia documental), realizadas por Días Toffoli no sólo han generado el archivo de casos y sentencias contra los principales actores brasileros de Lava Jato, sino que incluso están siendo utilizadas en otros países que obtuvieron pruebas de Brasil, para intentar exportar la impunidad a sus territorios.
-La calidad de la justicia de un país usualmente es un reflejo de la calidad de la democracia de la que goza esa nación. Las dictaduras y cleptocracias siempre han tenido claro que para lograr sus objetivos deben ejercer un control ajustado de los sistemas de impartición de justicia. Basta ver las pantomimas judiciales que se han montado en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador y Guatemala, entre muchos otros. En los últimos tiempos hemos visto muchos casos en los que la justicia es utilizada como una herramienta de persecución política. El “espectáculo judicial” ha tomado los escenarios y la judicialización de la política, así como la politización de la justicia, actúan como reflejos pendulares en los que los sistemas judiciales se manipulan al antojo de los poderes fácticos. Sin embargo, no todo está perdido. En muchos países existen los héroes de la justicia, grupos de resistencia democrática que desde los sistemas judiciales no claudican y se niegan a ser cómplices de la arbitrariedad.
Las investigaciones que siguieron a la caída del régimen Fujimori - Montesinos, demostraron sin duda alguna que ambos fueron funcionales a determinados intereses de los EEUU. No hay que olvidar que Montesinos, un ex capitán del ejército peruano fue dado de baja, enjuiciado y condenado por traición a la patria al ser sorprendido en el año 1976 entregando información militar secreta de las fuerzas armadas del Perú a un agente de la CIA en el Pentágono, cuando todo el equipamiento militar peruano se compraba en la Unión Soviética. Posteriormente, debido a la ubicación geopolítica del Perú, a la presencia de grupos terroristas de extrema izquierda promoviendo violencia en el país, y a su ubicación en la cadena de producción de cocaína, los EEUU consideraron al régimen como un aliado estratégico, al igual que a Colombia. Paradójicamente, mientras Montesinos era reconocido y monitoreado por la DEA como un agente del narcotráfico, era protegido por la CIA. Este blindaje culminó cuando el gobierno de Colombia denunció al gobierno de Fujimori ante el gobierno de los EE.UU por haberle facilitado armas a las FARC a cambio de cocaína, y se hizo público el video en el que Montesinos sobornaba a un congresista de la oposición. A partir de ese momento el gobierno norteamericano cortó línea con ambos y decidió apoyar abiertamente las investigaciones en su contra.
- ¿Cómo jugaron los medios de comunicación mientras investigaban al régimen de Fujimori y Montesinos?
El régimen de Fujimori y Montesinos montó un aparato mediático muy consistente para atacar y desprestigiar a sus opositores. Compraron literalmente con millones de dólares en efectivo entregados en bolsas de papel, las líneas editoriales de canales de televisión, radio y prensa escrita, y montaron escenarios mediáticos que luego complementaban con persecuciones judiciales a través de un sistema de justicia cooptado. Salvo un canal de cable y dos diarios (y algunos otros medios menores), el coro monocorde de ataques y vejaciones a los opositores al gobierno fue implacable. Sin embargo, la sociedad civil no aflojó. Hubo un grupo de periodistas de investigación y otros comunicadores que no se alinearon ni amedrentaron, la comunidad internacional apoyó a la resistencia democrática, que dio una batalla digna documentando las violaciones, las corruptelas, los abusos, exigiendo acceso a la información, demandando explicaciones, hasta que se hizo público el primer video en el que se ve a Montesinos sobornando a un congresista…fue suficiente. La verdad se impuso y todo el montaje se desmoronó, con una ciudadanía que no se resignó a la anomia social frente al descaro y la prepotencia.
José Ugaz es abogado, profesor de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio fundador de la firma Benites, Vargas & Ugaz. Fue presidente global de Transparency International y de Proética, su capítulo local l en Perú. Se desempeñó como procurador ad hoc en el histórico caso que investigó penalmente por diversos delitos económicos y de corrupción al expresidente peruano Alberto Fujimori . Integró la misión de la Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz y de la Misión de Observación Electoral de las Naciones Unidas en El Salvador. Sirvió en la Oficina de Integridad Institucional del Banco Mundial.
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