La mayor empresa de servicios petroleros, con fuerte presencia en Vaca Muerta, anunció que no hará negocios en Malvinas

Las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo, todas ellas grandes jugadores de Vaca Muerta, anunciaron que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Son SLB, Baker Hughes y Halliburton, y su decisión llegó después de que el Gobierno endureciera las sanciones para las compañías que operen en las islas sin autorización argentina.

En las primeras horas del sábado, SLB se adelantó y señaló que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes", dijo en un comunicado. Así, descartó participar en el proyecto Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte.

Anteriormente conocida como Schlumberger, la compañía agregó que hizo el anuncio "en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional".

Esa norma, que fue publicada el viernes en el Boletín Oficial, tras su anuncio en cadena nacional por parte de Javier Milei, endurece los controles y las sanciones para las empresas y personas que realicen actividades de petróleo y gas sin permiso argentino en la plataforma continental y en los espacios marítimos de las Islas Malvinas.

"En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes", afirmó la compañía que en el país opera como Schlumberger Argentina S.A, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene presencia en más de 100 países.

Otra compañía que se desmarcó fue Baker Hughes, con sede central en Houston, Estados Unidos, que también informó que "no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes".

Baker Hughes ratificó su compromiso con la normativa argentina, donde está hace más de 70 años.

Y posteriormente Halliburton destacó que "respeta la soberanía argentina y reafirma su compromiso con su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país".

"Halliburton Argentina S.A. no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas. Halliburton Argentina S.A. desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina", completó.

SLB, Baker Hughes y Halliburton, los tres gigantes de los servicios petroleros en el mundo, se dedican a dar soporte a las empresas del sector, que son las concesionarias de los yacimientos.

Justamente esta semana, el número uno de SLB en la Argentina, Patricio Whitney, habló en un encuentro en Houston sobre el fuerte incremento en la cantidad de pozos que se espera para Vaca Muerta, a raíz de las inversiones atadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

SLB tiene operaciones tecnológicas y de servicios con varios de los principales productores de la formación, como YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras.

Así, con la aclaración de que no participará en Malvinas (aunque no estaba involucrada en el proyecto Sea Lion), la empresa deja claro que no se expondrá a quedar alcanzada por el nuevo régimen de sanciones y preservará sus contratos millonarios en Vaca Muerta.

De esta forma, ambas empresas reafirman su compromiso con Argentina para no poner en riesgo sus operaciones en el país, más rentables, grandes y seguras que una apuesta en las Malvinas, territorio de soberanía disputada con Gran Bretaña.

El Gobierno ya comenzó con las acciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas: el viernes confirmó que buscará sancionar a 45 empresas y personas.

Milei tiene en la mira principalmente el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte y encabezado por las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La nómina alcanza también a accionistas, directivos, fondos de inversión, asesores y proveedores de infraestructura y servicios relacionados con esos emprendimientos.

El decreto publicado el viernes también introduce modificaciones para evitar que empresas que operan en la zona austral accedan a beneficios estatales. Se incorporó como requisito obligatorio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) la presentación de una declaración jurada garantizando que no harán negocios en Malvinas, lo que también debe ser certificado por la autoridad de aplicación. Lo mismo sucede con cualquiera que quiera acceder a concesiones petroleras en el país.

Además de endurecer las sanciones contra las petroleras, Milei anunció que se acelerará la construcción de la proyectada base integrada naval en Tierra del Fuego.

La decisión del Gobierno de avanzar con medidas ligadas a las islas se produjo luego del fervor social que despertó la bandera en reclamo de la soberanía que desplegaron los jugadores de la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos tras el partido frente a Inglaterra. A esto se sumaron los dichos del presidente Donald Trump sobre un eventual apoyo a la histórica demanda argentina.

El yacimiento mar adentro Sea Lion, liderado por la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration ya tiene tomada la decisión final de inversión por US$ 1.800 millones.

Tras los anuncios de Milei, ambas compañías sostuvieron que operan con licencias otorgadas por el gobierno de las islas y con respaldo del Reino Unido y señalaron que las últimas medidas argentinas no deberían tener un efecto material sobre el desarrollo de Sea Lion ni alterar su cronograma.

El proyecto comenzará en 2028 y prevé que la producción inicial arranque con unos 55.000 barriles por día, un valor que solo cinco yacimientos superan en la Argentina. En total, posee reservas por unos 408 millones de barriles de petróleo, de los cuales casi 232 millones de barriles son reservas probadas y no desarrolladas (las más factibles de extraer técnica y comercialmente).

Según las cuentas de las empresas, Sea Lion le dejaría al gobierno de las Islas Malvinas entre 2.850 millones de dólares y US$ 8.800 millones a lo largo de su vida útil, unos 40 años.

Las cifras son por concepto de regalías a una tasa del 9% y un 25% de impuesto a las ganancias. Y surgen de un documento público presentado por Rockhopper, analizado por la consultora Netherland, Sewell & Associates.

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